Cofradía suprema
UNA PARTE de los magistrados del Supremo se ha reunido en asamblea para plantear directamente a los poderes públicos, al margen de conductos reglamentarios o asociativos, sus reivindicaciones salariales y profesionales. En la lista de cosas imposibles que sin embargo suceden habrá que inscribir ésta: la de ver al Tribunal Supremo convertido momentáneamente en un sindicato asambleario. Puede discutirse (aunque choque) si es razonable reclamar una subida salarial para 1999 del 3,2% en lugar del 1,8%, tras el aumento del 58% conseguido en 1998 para lograr la equiparación con los magistrados del Tribunal Constitucional. Puede discutirse incluso si tiene fundamento su empeño en ostentar en exclusiva la condición de magistrado del Supremo, identificando impropiamente destino con categoría judicial. Pero lo que no tiene discusión es lo impropio del procedimiento elegido para plantearlas.Personas cuyo oficio consiste precisamente en garantizar la pureza del procedimiento no dudan en pasar por encima de los órganos de gobierno del poder judicial para solventar directamente sus agravios comparativos con los magistrados del Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el único órgano legitimado para cuestionar, en el momento y por el procedimiento oportunos, las iniciativas del Parlamento relativas al estatuto de los jueces, en general, y al del Tribunal Supremo, en particular. Aunque acaben canalizando sus quejas a través de ese órgano, no es normal someterlo a la presión de una resolución asamblearia.
Si además de perseverar en el agravio comparativo, los altos magistrados mantienen actitudes de reticencia frente al CGPJ, veremos cosas aún más increíbles. A no ser que se imponga el sentido común.
