La cuestión electrica

Se prodiga por segunda vez Piqué en torno al sector eléctrico. Lo hace en esta última ocasión en mejor tono que en la anterior, en la que me contestó a mí mismo sobre idéntica cuestión en un estilo impropio de un ministro del Gobierno de España (qué le vamos a hacer, pelillos a la mar). Ahora el destino de sus argumentos no es en absoluto personal, sino que va dirigido a demostrar que lo que él hace va a misa desde el punto de vista de la competencia. Y bueno sería que él se creyera lo que escribe y dice ahora, porque hace unas semanas creía otras cosas bien distintas, como queda patente en la tribuna de este mismo diario de fecha no lejana.Dos cosas le interesa dejar sentadas a la autoridad eléctrica. La primera es que se debe cambiar una ley, que tiene una cortísima historia, para corregir imperfecciones inadvertidas en el momento de su tramitación parlamentaria. Pero esos errores no son otros que los que mi grupo parlamentario le puso de manifiesto en repetidas ocasiones, como reflejan los diarios de sesiones de las Cortes Generales. La segunda es la bondad de la denominada titulización de la parte más importante de los Costes de Transición a la Competencia. Por razones de oportunidad, me interesa más centrarme en esta segunda cuestión.

Para nosotros -escribo en representación del Grupo Parlamentario Socialista- los CTC reflejan los errores en las decisiones de inversión en generación que las empresas eléctricas adoptaron en los años setenta. Aquellos activos corren ahora el riesgo de volverse ineficaces en un mercado competitivo. Bueno será afirmar, para despejar equívocos, que aquellas instalaciones no fueron el resultado de la planificación impuesta a horca y cuchillo por un Gobierno centrista de UCD. Más bien al contrario, fue entonces la presión de las empresas la que condujo al Gobierno de entonces a tomar decisiones administrativas. ¿Acaso se ha olvidado la polémica en torno al exceso de capacidad nuclear en trance de instalación en aquellos momentos? ¿Nos quiere convencer Piqué de que fue el Gobierno de entonces el que obligó a las compañías a construir, entre otras, Lemóniz, TrilloII y ValdecaballerosI y II? Curioso argumento. ¿No sería a la inversa?

No se trata de nada de eso. La sustancia de la cuestión estriba en que estamos ante una pérdida monetaria que se atisba en el futuro. Y en respuesta a esa previsión, las eléctricas están pidiendo al responsable de la política energética que les garantice que serán otros ciudadanos distintos de sus accionistas quienes asumirán esas pérdidas. Dicho de otro modo: exigen que se le preste al sector, por imperativo legal, una ayuda financiera. Una ayuda, por cierto, que no recibieron las empresas españolas por pasar de un mercado nacional protegido a un entorno europeo de competencia a partir de 1986. Unos apoyos públicos que en el proceso de transición a la competencia tampoco recibieron sectores inscritos en el concepto de servicio público como las telecomunicaciones o el sector aéreo. ¿No es oportuno preguntarse por qué el sector eléctrico tiene un trato tan diferenciado y ventajoso?

En la Ley del Sector Eléctrico esas ayudas se consideran como una cantidad máxima a obtener durante 10 años. Aunque de esa cifra se recuperará la parte que corresponda en función del modo en que se concrete el tránsito a la competencia. Sin embargo, eso no bastó a las compañías. Propusieron y obtuvieron del Gobierno la exteriorización de esos costes por medio de la titulización de un billón de pesetas.

Titulización es una palabreja que apareció en nuestra lengua procedente de la jerga financiera anglosajona. Lo que el término significa en este caso está al alcance de cualquiera. El sector eléctrico ha estimado que en el futuro tendrá unas pérdidas; las cifra en cantidad superior al billón de pesetas; y a continuación ofertan en el mercado bienes financieros por esa cuantía que ingresan inmediatamente si la operación tiene éxito. Pero, ¿quién garantiza a los que compren esos títulos que recibirán a lo largo de 10 años un interés remunerador y el valor de los títulos cuando pasen los 10 años? Pues muy sencillo, los consumidores. Para ello, el Gobierno se compromete con las eléctricas a afectar la tarifa en un 4,5% durante 15 o 20 años.

En suma, la titulización proporciona de modo preventivo, y de una sola vez, a las empresas la total recuperación de los activos poco rentables cuyo retorno instantáneo reclaman. Esa compensación se hará, además, antes de que los responsables políticos y los órganos reguladores del sector tengan la oportunidad de comprobar si efectivamente se producen esas pérdidas, y si se llega realmente a una situación de competencia (Toma el billón y corre tituló, que no titulizó, con fortuna un juicioso analista financiero que se aproximó al asunto en este diario). Pero se entenderá sin esfuerzo que para una operación de esa naturaleza es necesario que, con carácter previo, se les reconozca a las empresas una especie de derecho indemnizatorio por la desaparición de la legislación anterior, como si aquélla se tratara de una póliza de seguro cuya alteración hubiera generado el derecho. Bien, pues pese a lo que Piqué escribió y dijo no hace mucho tiempo, ese derecho no era contemplado por la versión vigente de la Ley del Sector Eléctrico. Las compañías no tienen ese derecho pero "se sienten con derecho". Tanto es así que para hacerlo realidad con plenas garantías se cambia la susodicha ley.

Y es tanto el derecho que creen poseer que llevan al Gobierno a hacerlo sin que ni siquiera el Congreso de los Diputados pueda discutírselo. Así, los que allí nos dedicamos al trabajo legislativo no tendremos otra oportunidad que aprobar o rechazar la enmienda que el Gobierno, a través del Grupo Popular, ha presentado en el Senado a la Ley de Acompañamiento y que con toda probabilidad se aprobará. Además, hay cuestiones conexas que llaman la atención. Tal es el poder del duopolio eléctrico sobre el Gobierno (dos empresas suponen el 80% del sector), que el ministro va a Bruselas a tener entrevista con el comisario de la Competencia, más preocupado por los reparos que Van Miert ha mostrado en relación con esta operación que por sacar adelante una solución a la comprometida situación de los astilleros españoles, que no tendrán ayudas en 1999. Resulta entonces sumamente arriesgado que la titulización se lleve a cabo antes de que haya un pronunciamiento de Bruselas sobre la concesión de ayudas al sector eléctrico. Y, más aún, que ese desafío, tan inoportuno, se produzca cuando se aborda un asunto tan espinoso como el futuro de la construcción naval en nuestro país. La asimetría en las preocupaciones del Gobierno en lo eléctrico y en lo naval es patente.

¿Qué apoyos tiene el ministro para embarcarse en esta aventura? Tiene el suyo y, claro está, el del sector eléctrico. Y nadie más. Todo lo que se ha escrito y dicho sobre la operación es negativo para las pretensiones de nuestra autoridad energética. Los pequeños consumidores, los grandes consumidores (El Corte Inglés, Renfe, Telefónica, etcétera) y todos cuantos se han acercado al análisis del problema opinan cosas similares. Está, por otra parte, lo más escandaloso. El órgano regulador independiente, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, integrada por técnicos, ha afirmado que de sus análisis se deduce que no se debería hablar de Costes de Transición a la Competencia, sino de Beneficios de Transición a la Competencia (BTC en lugar de CTC). Hacía falta, también, que el mercado se pronunciara y eso es lo que ha hecho en el caso de la toma de una participación de National Power en Unión Fenosa. Del precio ofertado por ella no se deduce precisamente la existencia de coste alguno, sino lo contrario. ¿Qué ha respondido Piqué a tanta opinión adversa a sus pretensiones? Pues muy sencillo y muy breve: la Comisión está politizada y la oposición política no entiende el funcionamiento del sistema eléctrico. ¿Y los consumidores? ¿Están también politizados? ¿Tampoco entienden este embrollo eléctrico? Ellos opinan que la titulización no sólo afecta durante muchos años a la tarifa eléctrica, sino que constituye una barrera de entrada para nuevos competidores. Para defender sus posiciones, los beneficiarios y los responsables de esta medida han recordado insistentemente el precedente de la moratoria nuclear. Un asunto bien distinto del que nos ocupa, entre otras cosas porque aquella decisión se tomó previa auditoría al céntimo de los activos abandonados. No obstante, si esa insistencia en lo nuclear tuviera otra finalidad que la meramente defensiva, nosotros queremos dejar sentado que estaríamos de acuerdo en una titulización (ésta verdadera y justificada) de las consecuencias económicas para las compañías de un cierre ordenado y adelantado de las centrales nucleares en operación. En este caso que sugiero, sí que tendría sentido una contraprestación a las empresas por el beneficio que se prestaría a la sociedad.

Sé bien que Piqué dirá que los socialistas somos unos conversos. Que planificamos en el pasado y ahora somos unos liberales disfrazados. Pero, ¿y él?, ¿nació liberal Piqué? No obstante, eso son cuestiones doctrinales que no vienen al caso. Nosotros lo que rechazamos tajantemente es que se dé gato por liebre en esta supuesta liberalización del sector eléctrico. Porque de lo que se hizo, y de lo que queda por hacer, nos tememos que no surja otra cosa que la perpetuación de una estructura de mercado duopolístico que impedirá la competencia efectiva y el beneficio de los consumidores pequeños y grandes.

Luis Martínez Noval es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.