La estela del ex consejero Pérez Villar

El ex consejero de Economía y vicepresidente del Gobierno de Castilla y León con José María Aznar, Miguel Pérez Villar, condenado por prevaricación continuada junto al que fuera su director general de Industria, Javier Valenzuela, dejó tras su paso como alto cargo del Gobierno de esta comunidad una profunda estela de su peculiar gestión.Tras ser sentenciado por el escándalo de las subvenciones ilegales a empresas asesoradas por su esposa, Rosa Carvallo, Pérez Villar manifestó tener la conciencia tranquila. "No me he llevado ni una sola peseta", afirmó en declaraciones a la Cadena SER. "Volvería a actuar como lo hice", señaló a otros medios de comunicación.

Algunos representantes políticos de la comunidad castellano-leonesa han coincidido en afirmar que Pérez Villar es un ejemplo más del sistema que utiliza el actual presidente del Gobierno para quitarse de encima a los elementos que una vez le han servido no le son aprovechables.

Ayudas ilegales

El caso de la Minería -subvenciones ilegales por valor de 151 millones de pesetas que concedió la Junta de Castilla y León durante el mandato de Pérez Villar como consejero de Economía a empresas que asesoraba su mujer y anteriormente él- apartó del panorama político al ex consejero, pero antes de ser condenado y con el proceso judicial en marcha fue nombrado senador por la comunidad autónoma y separado de cualquier responsabilidad relacionada con su anterior ocupación. El quedar apartado de la vida política regional no sentó nada bien al ex consejero de Economía, que protagonizó un enfrentamiento público con su sucesor en el cargo, el actual presidente del Instituto de Crédito Oficial, Fernando Becquer.De los 151 millones de las subvenciones ilegales, la actual consejera de Economía, Isabel Carrasco, señaló ayer que "ya se ha recuperado una parte". Los dos expedientes relativos a este caso se encuentran en su departamento, afirmó Carrasco, tras asegurar que "un expediente de compensación hace unos meses que está finalizado mientras que el otro se encuentra en vía de apremio".

Con Pérez Villar como consejero de Economía se pusieron en marcha algunos proyectos industriales en Castilla y León que años después han resultado un fiasco para el ejecutivo regional. Impulsor del parque tecnológico de Boecillo en Valladolid, facilitó la llegada de la empresa Cristaloir, ahora Dycril, una industria de carácter público en la que la junta ha invertido más de 6.000 millones de pesetas y que el actual Gobierno ha puesto a la venta por 100 millones. La empresa fue puesta en marcha, entre otros, por el empresario Efrén Beltrán, que se vio vinculado a escándalos de financiación del PP en Valencia y otros puntos de España. Miguel Pérez Villar era presuntamente el personaje citado en las cintas del caso Naseiro, sobre presunta financiación irregular del Partido Popular, como "el de Economía, ese de Castilla y León".

Otro caso que suscitó una fuerte polémica en el Parlamento regional con Pérez Villar como principal protagonista fue la relación como apoderado del ex consejero con el Banco Cantábrico. Según denunció la oposición socialista en marzo de 1990, la Junta tenía paralizados 1.000 millones de pesetas desde noviembre de 1988 en la citada entidad bancaria.

La respuesta oficial de la Junta de Castilla y León confirmó que la Consejería de Economía había habilitado una línea de crédito en ese banco, que con anterioridad había apoderado Pérez Villar, para promocionar el parque tecnológico de Boecillo. Tiempo después de la apertura de la cuenta no se había movido una sola peseta ni se había concedido un solo crédito. Lo llamativo del caso es también que el interés con que se abrió era más bajo que el tipo medio abonado por otras entidades financieras.

El generoso reparto de los dineros públicos llevó asimismo a Pérez Villar a utilizar fondos de los presupuestos destinados a inversiones para subvencionar cursos de formación programados por las patronales del carbón de León y Palencia. Así, se concedieron 50 millones de pesetas para impartir siete cursos de formación de 200 vigilantes mineros. Cada curso se subvencionó con un millón de pesetas la dirección y con 25.000 la hora de clase.

Las empresas subvencionadas facturaban la hora de clase en sus cursos en torno a las 4.000 pesetas. La curiosidad del caso es que esos mismos cursos de vigilantes eran ya realizados directamente por las empresas dentro de unos planes integrales de seguridad, que la junta promocionaba con dos millones de pesetas y que cada plan incluía la realización de varios cursos como los citados.