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El PSOE pide defensa gratuita a presos españoles en el extranjero

Soledad Alcaide

El derecho a la defensa gratuita que establece la Constitución para todos los españoles no funciona cuando se cruzan las fronteras. Esta situación, que afecta a unos 1.300 españoles presos en todo el mundo, es una de las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista presentará en el Congreso dos proposiciones de ley, aún en fase de borrador, y otras iniciativas parlamentarias "tendentes a mejorar la situación de los ciudadanos españoles en prisión fuera de España".Uno de los dramas que sufren las familias de los presos en el extranjero es la urgencia de buscar un abogado, a menudo en países en los que desconocen la lengua y en los que no tienen ningún contacto. "Cuando uno tiene un familiar preso en otro país, la primera idea que pasa por la cabeza es la de traérselo cuanto antes. No importa el precio a pagar", explica el senador socialista Ignacio Díez, uno de los impulsores de la iniciativa del PSOE.

"Lo que se pretende es garantizar a todos los presos la mínima asistencia técnica jurídica", explica el diputado socialista Jordi Pedret, "haciéndolo vigente en los países donde no haya un sistema propio de asistencia gratuita".

La propuesta del PSOE es que sean los consulados los encargados de contratar abogados para aquellos presos que no tengan dinero para pagarse uno. "Eso sí, para que el consulado se haga cargo, el ciudadano debe poder demostrar que no tiene dinero para hacer frente a su defensa", matiza Pedret.

Otro de los puntos en los que se centra la propuesta socialista es en la necesidad de unificar las políticas en materia de traslado de los presos. "La idea es ofrecer un borrador al Gobierno para negociar más o menos lo mismo en todos los convenios con otros países", apunta Claudia Jiménez, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, y miembro del equipo que ha elaborado la propuesta.

Actualmente, están en vigor unos 20 convenios con otros países, pero son muy diferentes, lo que impide que haya una misma actitud entre las oficinas diplomáticas ante el traslado de presos y la petición de medidas de gracia.

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Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

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