Amedo, Domínguez y Damborenea no han indemnizado aún a Marey
Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez y el ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea son los únicos que no han pagado su parte de los 30 millones de pesetas de la indemnización establecida para Segundo Marey por su secuestro. Damborenea y Domínguez han respondido al requerimiento del Tribunal Supremo que ellos no tienen medios para hacer frente al pago, en tanto que Amedo ni siquiera ha contestado al oficio del alto tribunal.
Michel Domínguez ha contestado que es insolvente para hacer frente a la indemnización de medio millón de pesetas que le corresponde pagar de acuerdo con la sentencia del caso Marey. Amedo, por su parte, ni siquiera ha respondido al requerimiento del Supremo para que deposite los 3,6 millones de pesetas que le corresponde abonar a Marey por su secuestro. Sin embargo, la situación penitenciaria de ambos podría dilucidarse en la reunión que celebrará mañana la Junta de Tratamiento del centro Victoria Kent, en el que se encuentran a la espera de su reclasificación de grado penitenciario.A su vez, García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos y hoy próximo al Partido Popular, ha respondido que no tiene medios para hacer frente a los 3,6 millones que le corresponden por su participación en el secuestro.
Estas respuestas han sido remitidas por la secretaría de Causas Especiales al magistrado de la Sala Segunda Adolfo Prego, que sustituye al instructor delegado por la Sala, Eduardo Móner, quien pasó a la situación de jubilado.
Según fuentes del Supremo, lo habitual sería que Prego oficiase a la Agencia Tributaria, al Registro de la Propiedad y a Tráfico para verificar si tienen bienes muebles o inmuebles y en su caso, decretar su embargo.
Las indemnizaciones de los dos expolicías serán de difícil cobro, ya que fueron declarados insolventes en el caso Amedo, y el Estado tuvo que hacer frente al pago de 6,5 millones de pesetas a cinco heridos en los atentados a los bares franceses Batzoki y La Consolation, incluyendo los intereses de demora.
El Estado retuvo otros 6,9 millones de pesetas de indemnización a los etarras Juan Luis Zabaleta Elósegui y Fréderic Haramboure, heridos en el atentado al Batzoki, pero que tenían responsabilidades pendientes de determinar en España. En concreto, la indemnización a Haramboure se atribuyó a la fianza de 800 millones pendiente de depositar por el asesinato de cinco niñas y seis adultos en el atentado al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.
En el caso de que se confirme la insolvencia de los ex policías, la sentencia establece la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, que debería hacerse cargo del pago de esa parte de la indemnización.
Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el dinero también podría ser detraído de un aval de 80 millones que el PSOE depositó en su día para hacer frente a la fianza impuesta al ex ministro José Barrionuevo, aval que sigue obrando en la causa, dado que la sentencia condena a los doce procesados al pago solidario de la indemnización del secuestrado.
