Impugnado un concurso de Defensa para comprar petates por 29.166 millones

La Asociación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas Suministradoras y Contratistas de las Administraciones Públicas (Aespyme), que agrupa a unas 40 firmas, sobre todo textiles, presentó el viernes un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el concurso convocado por el Ministerio de Defensa para adquirir unos 230.000 equipos básicos del soldado, destinados a equipar al Ejército durante el periodo 1999-2000, por 29.166 millones de pesetas como máximo. No hay precedentes de un concurso de este volumen impugnado ante los tribunales.Una delegación de Aespyme se entrevistó el pasado martes con el secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, a quien pidió la revocación del concurso. Alegan una serie de irregularidades que lo hacen nulo de pleno derecho.

Este concurso se caracteriza por el hecho de que las 37 prendas y artículos que componen el equipo básico del soldado (desde la ropa interior a la cantimplora, pasando por el chaquetón de campaña o el mono de trabajo) se adquieren en conjunto, por lo que quienes se presenten deben ofrecer el petate completo, lo que les obliga a agruparse en Uniones Temporales de Empresas (UTE).

El informe entregado a Defensa por la asociación que impugna el concurso señala que el pliego de cláusulas administrativas lo firma el jefe accidental de la Sección Económica y Financiera del Ejército quien, a su juicio, carece de competencia para ello, según la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas.

Marcas concretas

El escrito subraya que algunas especificaciones técnicas citan marcas concretas, algo prohibido por ley, y que con carácter general se excluye la posibilidad de presentar alternativas, admitiéndolas, sin embargo, en algún caso concreto. También critica como criterio de selección la "ejecutoria de la empresa en sus relaciones con la DIAM" (Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del Ejército), lo que supone privilegiar a firmas que han contratado antes, "convirtiendo la contratación administrativa en una especie de coto cerrado que vulneraría la igualdad y libre concurrencia".Aunque Aespyme cree que estas irregularidades son suficientes para la revocación, plantea objeciones más de fondo. La primera alude a la obligación de los adjudicatarios de incluir en los petates las prendas que el Ejército tiene en sus almacenes, distribuyéndolas con las que suministre. El hecho de que no se indique la composición y volumen de dicho stock genera una incertidumbre que impide calcular los costes y presentar una oferta rigurosa.

El concurso es abierto: se indica qué artículos forman el petate, su precio máximo, así como el del conjunto, pero, salvo el primer año, no se sabe cuántos equipos se adquirirán, ni su composición (hay prendas masculinas y femeninas), ni las tallas o volumen a entregar. Esta indefinición se justifica por la profesionalización del Ejército, que impediría conocer necesidades futuras. El informe rezuma la sospecha de que algunas empresas podrían jugar con ventaja si tienen datos que las demás ignoran. Así se sugiere en el último motivo de impugnación: que el plazo para la presentación de las muestras es insuficiente.

Tras indicar que los requerimientos son tan rigurosos como para excluir que algún licitador pueda tener en existencia el producto solicitado, Aespyme aporta un estudio de la empresa Tecnoprofit Joint-Venture que demuestra que el plazo para fabricar las muestras es imposible de cumplir, "salvo que exista información previa a la publicación oficial". Los recelos se basan en la existencia de comisiones formadas por representantes de Defensa y de la patronal mayoritaria del sector, Aesmide (Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio de Defensa), que agrupa a 50 firmas.