O todos o ninguno

La Escuela de Verano del PSOE sirvió el pasado fin de semana de caja de resonancia a varios dirigentes socialistas para expresar de forma irritada y agresiva su solidaridad con el ex ministro Barrionuevo y el ex secretario de Estado Vera, condenados a diez años de prisión por el Supremo en el caso Marey. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) disculpaba -en una conciliadora nota difundida a media tarde del domingo- las "reacciones airadas" de los socialistas contra la sentencia por sus "vínculos de afecto o de tipo político" con los condenados; al tiempo, Javier Delgado declaraba que esos comentarios críticos "de base emocional o de orientación política" no menoscaban la credibilidad de la resolución del Supremo aunque sean formulados "por personas de indudable relieve público". Las desabridas contestaciones de Almunia y de Felipe González a Javier Delgado, supuesto recadero del presidente Aznar para presionar a los jueces, no hacen sino confirmar el crispado clima pasional que tortura a los socialistas desde finales de julio; la Comisión Permanente del CGPJ pacificó ayer los ánimos con un comunicado en defensa de la independencia de la Sala Segunda del Supremo.Resulta comprensible que Barrionuevo y Vera, cuya línea de defensa legal ha descansado sobre la negación de los hechos, se aferren a una obstinada estrategia de resistencia con la esperanza de que el Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo aprecien la violación de sus derechos fundamentales como acusados; sin embargo, la decisión adoptada ayer por el Supremo para ejecutar la sentencia, es decir, para que los condenados ingresen de inmediato en prisión, implica un serio revés a sus pretensiones. Suele decirse -no siempre con razón- que todos los medios de defensa son legítimos; cabe temer, como parece indicar esta resolución del Supremo, que los procedimientos empleados en este caso por los condenados y por sus compañeros de partido están resultando contraproducentes: además de las devastadoras consecuencias que puedan tener para el Estado de Derecho, la velada acusación de prevaricación lanzada contra algunos magistrados de la Sala Segunda, la zafia descalificación de la sentencia del caso Marey como injusta e inicua, los ataques personales al presidente del CGPJ y la amenaza de movilizar a los militantes del PSOE para impedir el ingreso en prisión de los condenados no son argumentos propios de una defensa jurídica sino armas provocadoras para una pelea callejera.

El núcleo de las exculpaciones legales de Barrionuevo y Vera descansa sobre la hipotética ausencia de pruebas, la eventual prescripción de los delitos y las supuestas irregularidades sumariales cometidas por el juez Garzón. Bajo esa delgada capa jurídica se esconde un iceberg de naturaleza política: la plausible conjetura de que la guerra sucia contra ETA -financiada y organizada por los servicios secretos españoles- nació durante los últimos años del franquismo, prosiguió con UCD y fue heredada por los socialistas. Ciertamente, sólo el cinismo, la mala fe o el candor pueden llevar a afirmar que el Batallón Vasco Español y las demás siglas acuñadas durante la transición no pertenecen a la misma familia de los GAL o que los Gobiernos democráticos de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania nunca autorizaron acciones de guerra sucia en sus países. Y, sin embargo, esa supuesta exculpación histórica no puede ser trasladada al ámbito jurídico.

Porque la aplicación de la consigna o todos, o ninguno (lanzada hace un siglo por el PSOE contra la discriminación clasista en la guerra de Cuba) al caso Marey es un despropósito. ¿Se quiere acaso decir que ningún delincuente común debería ser condenado a menos de que fuesen castigados a la vez todos los culpables de conductas criminales idénticas que continúan en libertad por falta de pruebas? La conclusión es absurda: ni la impunidad del Batallón Vasco-Español absuelve las fechorías de los GAL, ni la sentencia dictada contra Barrionuevo y Vera en el caso Marey implica que sus predecesores en el Ministerio del Interior deban ingresar con ellos en la cárcel. Los tribunales rechazan el tosco dilema de todos o ninguno: absuelven o condenan a los acusados de acuerdo con las leyes, las pruebas disponibles y los plazos de prescripción.