Los alcaldes de Treviño critican el "total desamparo" en que vive el enclave
Los alcaldes de La Puebla de Arganzón y del Condado de Treviño, Alfredo Oraa y Javier Villarreal, respectivamente, junto a miembros de asociaciones partidarias de la integración del enclave en Álava, criticaron ayer "la indefensión y desamparo total y absoluto" en el que están sumidos. Junto a la negativa de los defensores del pueblo vasco, el estatal y el de Castilla y León a intervenir en el conflicto, los alcaldes sostuvieron que la Junta de Castilla y León está obstaculizando el funcionamiento del enclave de forma premeditada.
El alcalde del Condado de Treviño en funciones, Javier Villarreal, aseguró ayer en una rueda de prensa que la Junta de Castilla y León "está actuando de forma obstinada para que las cosas no funcionen". Para el alcalde, además del frenazo que han dado al proceso de desagregación del enclave, "lo que es más grave es que están intentando paralizar la actividad del Ayuntamiento". Los ediles deploraron el silencio de la Administración castellano leonesa para mejorar el firme de la N-122, a la altura del puerto de Vitoria, en el que se producen numerosos accidentes. "Pese a la disposición de la Diputación Foral de Álava a mejorar el trazado, siempre que se haga a medias con la Junta", dijo Villarreal, "nos ha sido imposible hablar con la delegada territorial de la comunidad castellana". Por este motivo advirtió que, para ellos, "de ahora en adelante la delegada territorial será la responsable directa de los accidentes que ocurran en el Puerto de Vitoria". El diputado alavés de Obras Públicas, Juan José Otxoa de Eribe, se mostró dispuesto a adecentar el Puerto de Vitoria, parte del cual se encuentra dentro del enclave, si las obras se realizaban conjuntamente con la Junta. Mientras, el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, declaró ayer en Bilbao que el Gobierno vasco se encuentra a la espera de una respuesta de la Junta al trámite de audiencia iniciado hace más de un mes, antes de decidir si pide formalmente a Madrid la celebración de un referéndum. Ibarretxe no desveló si en la primera reunión del Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano, que se celebrará el próximo 31 de agosto en San Sebastián, se pedirá a la Administración central que autorice la consulta, y se limitó a comentar que todavía se está en el trámite de audiencia a la espera de una respuesta castellana. Sin embargo, fuentes de la Junta confirmaron ayer a Europa Press que el Gobierno vasco dispone desde el 30 de julio de un documento con su negativa a la reclamación de un referéndum. Dichas fuentes dijeron que el mismo 7 de julio, día en el que el Gobierno vasco acordó iniciar el trámite de audiencia, recibieron el documento procedente de las autoridades vascas, por lo que en esa fecha se empezó a cumplir el plazo de un mes para la respuesta. El 30 de julio, se remitió a Vitoria el informe que la Junta aprobó el 31 de marzo, en el que se desestimaba la realización de un referéndum.
