Chamizo pregunta por los retrasos de la depuradora de Cádiz
El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo ha pedido a la Consejería de Obras Públicas de la Junta y a los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando que emitan un informe sobre el retraso de cinco años que acumula la construcción de la depuradora que dará servicio conjunto a ambos municipios. Chamizo ha admitido a trámite una queja presentada por el colectivo ecologista Ortiga en la que lamentaban "el continuo incumplimiento de los plazos anunciados" para la puesta en marcha de esta infraestructura, que servirá para tratar las aguas residuales de una población cercana los 300.000 habitantes y que, en la actualidad, vierten sus aguas al mar sin depuración previa, con un consumo actual de 3.125 metros cúbicos cada hora. Los ecologistas confían en la utilidad de la acción de Chamizo, que continuará con su acciones una vez que reciba los informes de las administraciones afectadas, a las que la ley obliga a responder al defensor del pueblo andaluz. Para facilitar su trabajo, los denunciantes han remitido a Chamizo una amplia recopilación de informaciones publicadas en los medios de comunicación desde 1991. "Se puede contrastar fácilmente la sucesión de fechas prometidas para acabar con el foco de contaminación existente en el caño de Sancti Petri, en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, sin que hasta ahora se hayan contratado las obras" afirma el grupo ecologista en un comunicado público. 3.528 millones Las obras de construcción de la depuradora tienen un coste previsto de 3.528 millones de pesetas ya han sido adjudicas a un grupo de seis empresas, que disponen de una parcela de 45.000 metros cuadrados en una antigua explotación salinera situada entre ambos términos municipales. Ortiga recuerda que sólo restan cinco meses para que concluya el plazo establecido por la Unión Europea para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes que no tienen depuradora constituyan un ente gestor integrado, en este caso, por los dos ayuntamientos. De momento, no existe un responsable jurídico que se haga cargo de las obras y en el caso de que los trabajos no se hayan iniciado el 1 de enero del año 2.000 el proyecto perdería la subvención de la UE. Los mayores retrasos han venido provocados, en los últimos tiempos, por el Ayuntamiento isleño, que aprobó recientemente un canon de saneamiento -causa de una crisis entre el PA y el PSOE, formación esta última que apoyaba a los andalucistas hasta entonces- y que aún tiene pendiente la expropiación de los terrenos por donde discurrirán los colectores, según Ortiga. Los ecologistas avisan que tienen previsto seguir recurriendo a todas las instancias administrativas posibles "para acabar con la alarmante contaminación del caño" y no descartan recurrir también a la vía judicial a través de la figura de delito ecológico establecida en el código penal.
