Las "togas de oro" o el precio de contratar a un abogado famoso

Son abogados muy distintos y distantes, en lo profesional y en lo personal, pero suelen estar en todos los procesos penales de trascendencia pública que se siguen en Barcelona. Dentro de la profesión y en los ámbitos judiciales, pocos dudan que si se quiere contar con los dedos de una mano a los mejores abogados penalistas de Barcelona es obligado citar los nombres de Francesc Jufresa, Emilio Zegrí, Juan Córdoba y Joan Piqué. Los cuatro forman parte del grupo de las llamadas togas de oro, pero recuerdan que han defendido y defienden a muchas personas sin cobrar. Sin embargo, la evidencia de que el tiempo es oro está en las minutas que cobran a algunos clientes. Francesc Jufresa tiene 45 años y lleva 20 ejerciendo. Su mayor reto profesional le llegó hace ahora dos años, cuando asumió la defensa del financiero Javier de la Rosa, hasta aquel momento defendido por Piqué. Hasta entonces, o quizá antes, tenía fama de ser un abogado progresista. Él asegura que nada ha cambiado y que sigue, como siempre, en la órbita socialista. Por eso cree que es perfectamente compatible defender a ese peculiar cliente y firmar un manifiesto de apoyo a Pasqual Maragall. Defiende su actuación reiterando el derecho a la presunción de inocencia y rechaza la condena social previa a la condena judicial. Otros clientes que ahora lleva el despacho son, por ejemplo, el alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, investigado por tráfico de influencias, y el actual presidente de Canarias, Manuel Hermoso, acusado de malversación. Antes que ellos pasaron por el bufete destacados políticos, como Mercè Sala, cuando era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, y algunos empresarios, por causas muy diversas. Uno de ellos, por ejemplo, estuvo inculpado en el caso Filesa, un juicio en el que Jufresa compartió los bancos de la defensa con Zegrí y Córdoba, que llevaban a otros clientes. En el despacho de Jufresa trabajan ocho letrados. Su brazo izquierdo es Olga Tubau, que ejerció la defensa de Segundo Marey y que en ocasiones disiente de alguna decisión. El brazo derecho es Cristóbal Martell, un canario de 36 años que lleva 12 ejerciendo y que en tercero de carrera iba al despacho del jefe. Ambos suelen ir juntos a los juzgados, especialmente cuando se trata del caso De la Rosa. "Antes de asumir esa defensa lo estuvimos estudiando cuatro meses", explica Martell, en otro tiempo militante del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El ángel caído Juan Piqué Vidal -lo habitual es que se le cite también con el segundo apellido-, por el contrario, admite sin reparos que tiene grandes simpatías por Convergència i Unió (CiU). Son conocidas sus estrechas relaciones con el Gobierno de la Generalitat. Últimamente se ha visto afectado por su inculpación en el caso Estevill, que en febrero de 1997 le obligó a pagar una fianza de 30 millones de pesetas para eludir la cárcel. En el despacho de Piqué Vidal, que durante muchos años ha sido profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, trabajan 60 personas y él afirma que fue el primer bufete multidisciplinario que se abrió en Barcelona: en él se tocan todas las ramas del derecho. El despacho se fundó en 1961, cuando Piqué Vidal tenía 28 años y todavía no compatibilizaba la abogacía con el accionariado de sociedades diversas, cargos de dirección y otras labores variopintas. "Ahora no lo volvería a hacer", afirma. Dice que no se siente un ángel caído porque confía en la justicia, pero admite que es muy duro haber defendido en su día al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por el caso Banca Catalana y verse ahora en libertad bajo fianza. "Duro no: durísimo; pero sigo pensando que el proceso penal es para algo", asegura, convencido de su inocencia y de que quedará absuelto. ¿Y si lo condenan y ha de ir a la cárcel?, se le pregunta. "La justicia se equivoca muy pocas veces y no creo que me pase a mí", responde. Uno de los más estrechos colaboradores de Piqué en la rama del derecho penal es Miguel Capuz, que defendió al empresario Josep Puigneró, entre otros muchos, y que en los últimos años se ha especializado en derecho del medio ambiente. A la hora de explicar su fidelidad a Piqué, difícil de entender para algunos, Capuz recuerda que tiene 39 años y que desde los 21 trabaja en ese despacho. "Este hombre me ha parido profesionalmente". Por eso asegura que no ha pensado en independizarse, y menos después de la inculpación judicial del jefe Piqué. "Las cosas son como son", dice. ¿Y los abogados? "Como los entrenadores, somos los más fáciles de cambiar". El despacho de Emilio Zegrí, de 46 años y 21 de ejercicio, está formado por cinco letrados. Él, su esposa (María Eugenia de Olivar) y Javier Selva crearon el bufete hace más de diez años, y en eso siguen. "Los tres tenemos la misma autoridad desde cualquier punto de vista", asegura Zegrí. Eso hace su caso distinto de los otros tres relatados; además, no aceptan nada que no sea derecho penal. "En principio lo tenemos prohibido", sentencia Zegrí, entre cuyos clientes actuales figuran el ex consejero de la Generalitat Juan José Folchi, por el caso De la Rosa y el caso KIO, y la empresa Erkimia, acusada de delito ecológico. Mucho antes defendió al también ex consejero Josep Maria Cullell por el caso de las grabaciones telefónicas, que quedó sobreseído, y luego al cuñado del político convergente, que acabó condenado por la Audiencia de Barcelona por tráfico de influencias. Así como algunos compañeros manifiestan que tienen reparos en defender a presuntos traficantes de droga o violadores, en el despacho de Zegrí se sigue otro criterio. "Los parámetros de la defensa son cuestiones profesionales", dice Javier Selva. Para él, los únicos límites son verse capacitado para asumir el caso y, sobre todo, que el cliente no sea un amigo. "Nunca le podría defender porque pondría más corazón que cerebro y confundiría el deseo con la realidad". En cuanto a Juan Córdoba, de 62 años, su caso también es singular porque empezó a ejercer a los 47. Uno de sus primeros trabajos fue precisamente la defensa de los implicados en el caso Banca Catalana. Luego vinieron toda clase de clientes conocidos, como el ex consejero Jordi Planasdemunt, por el fraude de los pagarés falsos, y el socialista Juan Ignacio Pujana, ex alcalde de L"Hospitalet. Antes de vestir la toga, fue catedrático de Derecho Penal en varias universidades españolas, hasta que en 1965 ganó la cátedra de esta disciplina en la Universidad de Barcelona. Sigue en el mismo edificio donde empezó, no tiene socios y con él trabajan cuatro colaboradores. Para él, el derecho penal "es una labor muy artesanal". De ahí su brevedad en los interrogatorios, a diferencia de la mayoría de los penalistas. Córdoba considera que "sólo hay que preguntar lo preciso y no otras cosas porque, si no, se pierde intensidad".