De La Habana ha venido un barco cargado de...

Así empezaban los juegos de palabras infantiles muchos años después de que dejaran de llegar aquellos barcos. Ahora de España llegan a Cuba algunas inversiones y en la Isla Grande, como en el México del chotis, se piensa mucho en Madrid. En ese ambiente, el II Seminario Internacional Cuba y la Unión Europea, celebrado estos días pasados en La Habana, ha permitido comprobar cómo desde Cuba, igual que desde China o desde Palestina, se reclama con firmeza a la Unión Europea que llegue a configurarse como un actor con plena autonomía en la escena internacional. A la UE, ese gigante económico que ya es la primera potencia comercial y el primer donante de ayuda humanitaria, se le exige proporcionalidad en sus comportamientos. Lejos del euroescepticismo que caracteriza los campamentos de Bruselas, en capitales como Pekín, La Habana o Jerusalén crece la esperanza en la UE, bajo cuyo pabellón quisieran acogerse cuantos estiman todo perdido en un mundo unipolar.Por eso, durante las jornadas del citado seminario de La Habana, el acuerdo hecho público el 18 de mayo entre la presidencia de la UE, la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos ha sido analizado con particular interés. En medio de tantos desacuerdos se impone reconocer la razón que asiste a los afectados cubanos, bajo cuya especial sensibilidad se estima que el acuerdo, de adoptarse, equivaldría a incorporar la ley Helms-Burton al ordenamiento jurídico europeo. El acuerdo impulsado por el malhadado Leo Brittan implicaría, además, una grave merma de la soberanía nacional de todos y de cada uno de los Estados miembros de la UE a cambio de una supuesta protección a corto plazo de intereses europeos en el sector de hidrocarburos ofrecida por Washington.

Como tantas otras veces, para los españoles el intento del 18 de mayo que venimos analizando se traduce, además de en esas erosiones de valores soberanos intangibles, más o menos soportables en el terreno de los principios abstractos, en la asunción de muy graves perjuicios materiales. Todo ello, cuando está fuera de discusión que la ley Helms-Burton, con sus pretensiones de conferir validez extraterritorial a las normas norteamericanas, vulnera los principios del derecho internacional. De la UE o, mejor, de algunos de los Quince se espera que hagan honor a los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones en Cuba y que se atengan a su propia doctrina en cuanto a las nacionalizaciones cubanas de hace 40 años.

En el centenario del 98 nadie pretende que España tenga exclusiva alguna sobre Cuba ni sobre ningún otro país de los que integran la comunidad de su estirpe. Desde cualquiera de las capitales de Iberoamérica se puede volar a cualquiera de las capitales de los Quince, pero a España le corresponde el papel de activador de la conciencia iberoamericana de la UE. Por eso tiene algo que decir sobre Cuba en Bruselas y, en particular, sobre el pretendido acuerdo del 18 de mayo. Al hacerlo, ayudaría a rebajar el ambiente de numantismo, la bunkerización del régimen cubano. Un sistema que ha perdido la convicción que le llevó a ser un foco radiante de revolución y que ahora, huérfano de referentes internacionales, se enfrenta con la necesidad de salir del laberinto.

Cuarenta años de permanencia en el poder bajo la invocación de la ortodoxia y la legitimidad que proporciona la agresión norteamericana han ido haciendo necesaria la incorporación, atendiendo a necesidades perentorias, de toda clase de pragmatismos y degeneraciones. Eso sí, siempre filtradas por la voluntad omnímoda de Fidel Castro. Pero son las propias e irrepetibles capacidades del personaje las que ponen fecha de caducidad a un régimen en todo caso muy personal. La UE y España tienen responsabilidades para que Cuba y los cubanos encuentren la salida de la concordia. Una salida tantas veces bloqueada cuando los inmovilistas argumentan que se traiciona la identidad nacional cubana, acosada desde Washington.