Desalojo con trampa

Antonia López lleva todos los días la misma ropa, rebeca y falda negra de franela, desde hace más de dos meses. Exactamente desde que las palas municipales arrasaran su casa, por peligro de ruina inminente, y sus enseres y vestidos fueron embutidos en varias bolsas de plástico y depositados en un polvoriento almacén del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). "Les dije a los asistentes sociales que no salía de mi casa si no me daban otra. Ellos me mostraron una llave y me dijeron que era de la nueva vivienda que me iban a dar", explica la mujer, de 60 años, viuda y madre de un hijo heroinómano.Pero aquella llave no le abrió ninguna casa. "Los empleados municipales me dieron vueltas y vueltas en un coche por medio pueblo, se paraban para hacer tiempo y después de un rato me llevaron a su oficina, de donde me escapé". Cuando Antonia volvió a su domicilio de la calle del Mar, número 7, el inmueble había sido derruido, y sus pertenencias, trasladadas en un camión.

El concejal de Sanidad, Lorenzo Guerra, esgrime la legalidad en el desalojo y el derribo de la vivienda amparado en un expediente municipal de ruina inminente y en la autorización del juez para llevar a cabo la demolición. El Ayuntamiento asegura que no le ha podido conseguir ninguna vivienda a Antonia porque "nadie la quiere alquilar". El gobierno local alojó provisionalmente a la mujer en un hostal de la localidad. Ya le han advertido que tendrá que abandonar la habitación en los próximos días, ante la previsible avalancha de turistas en Semana Santa.

Mientras, Antonia vaga por las calles del pueblo durante todo el día. Ha intentado encontrar algunas de sus ropas entre las numerosas bolsas de plástico que se amontonan en la nave municipal, pero ha desistido "porque los policías municipales me regañan". Lo mismo, le pasó cuando se dirigió al Ayuntamiento para decirle al alcalde, Jesús Gil Marín: "Soy la mujer a la que le echó la casa abajo", mientras él, cuenta, se metía "para adentro".

El concejal Guerra, sin embargo, mantiene que todas las pertenencias de la mujer "están a su disposición", y que el Ayuntamiento está empeñado en buscarle una vivienda. Pero por ahora no la ha encontrado. Antonia sólo percibe una pensión de 36.000 pesetas mensuales, de las que 2.665 destinaba al pago del alquiler de la casa de renta antigua donde su marido pasó toda su vida, y ella, los últimos 30 años.

En la denuncia que Antonia presentó en el juzgado contra Gil Marín -hijo del alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil- por incumplir la promesa de entregarle otra vivienda y por la forma en que el Ayuntamiento realizó el desalojo, la desahuciada asegura que tras el derribo la primera intención del Ayuntamiento era alojarla "en una cochinera del matadero". Ella se opuso. El ministerio fiscal aún no se ha pronunciado sobre la denuncia, tramitada por un abogado de oficio, en la que Antonia indica que a su hijo lo sacaron "a golpes y porrazos" de la casa, así como que fue retenido para mantenerlo durante dos horas en la jefatura de la Policía Local mientras la humilde casa era demolida.

El portavoz del PP en Estepona, Manuel Sánchez Bracho, afirma que "el caso es gravísimo si ocurrió como se denuncia: engañaron a la mujer enseñándole las llaves de una casa que no existía y es miserable que sacaran a su hijo a porrazos". Este edil entiende que "lo mínimo que pueden hacer quienes la echaron es buscarle otra casa".

Para el representante del PSOE, Antonio Caba, la actuación del gobierno municipal es "irracional, y los métodos que utilizan no guardan las formas de un Estado de derecho".

En su comparecencia ante el juzgado, Antonia ha declarado que nada más abandonar mediante engaño su vivienda, los operarios enviados por el consistorio "se pusieron con un hacha a romper la puerta de la casa", de la que luego sacaron por la fuerza a su hijo. La mujer reclama que el Ayuntamiento le prometió "una casa y trabajo, cosa que hasta el momento no ha cumplido".

Desde hace días, Antonia no sabe nada de su hijo, Blas, de 25 años, enganchado a la heroína. La madre recuerda que la última vez que lo vio tuvo que conseguirle 5.000 pesetas "porque estaba con el mono y en el centro de salud no le querían dar metadona".