El Tribunal de Justicia vasco pide que se actúe contra los letrados que "marcan" a los jueces
La sala de gobierno del Tribunal Superior Justicia del País Vasco ha pedido a los colegios de abogados que exijan responsabilidades a los letrados euskaldunes que han amenazado con "marcar" a los jueces que expedienten a los letrados que se nieguen a utilizar traductores en los juicios. Las amenazas proceden del Sindicato de Abogados Vascos, que reivindica una justicia en euskera. El Departamento de Justicia y los estamentos judiciales vascos se han solidarizado de inmediato con seis magistrados, entre ellos los presidentes de las Audiencias de Bilbao y San Sebastián.
La respuesta ante las amenazas el Sindicato de Abogados fue ayer unánime. Los colegios de letrados, la Junta de Magistrados de la Audiencia de Bilbao, la fiscalía de¡ alto tribunal vasco, el propio Tribunal Superior y demás estamentos judiciales y políticos rechazaron el contenido intimidatorio del escrito de los abogados euskaldunes difundido el martes pasado. El sindicato precisó ayer que el término "marcar" no supone "amenazar o intimidar", aunque advirtió que la lista de seis miembros crecerá a medida que se expediente a los abogados.La polémica por la utilización del euskera en los tribunales vascos ha terminado por estallar esta semana. Aunque el conflicto cumple un año, el hecho de que este sindicato haya dado una vuelta de tuerca en su estrategia de presión, deslizándose hacia una "serie, de veladas amenazas y coacciones", según denunció el Departamento vasco de Justicia, ha roto las reglas de juego. Este grupo citó en un comunicado con nombres y apellidos a seis magistrados y amenazó con "marcarles" ante la sociedad. Los seis jueces son Joaquín Giménez, José Luis Barragán, Belén Pérez Flecha, Yolanda Domeño, María del Carmen Margalejo y Marcelino Sesmero.
La estrategia del sindicato es que sus abogados se nieguen a utilizar los servicios de traducción simultánea porque, en su opinión, suponen la vulneración de los derechos fundamentales de sus defendidos, que no pueden expresarse directamente en euskera ante unos jueces que no dominan este idioma. Esta actitud ha motivado ya la suspensión de numerosos juicios, el no señalamiento de otros -la Audiencia de San Sebastián tiene paralizadas media docena de causas- y la apertura de expedientes. Una juez de San Sebastián expedientó al letrado Iñigo Iruin por seguir el mandato de su cliente: no celebrar el juicio si la juez utilizaba el sistema de traducción simultánea, ya que se "vería afectado su derecho constitucional a la defensa y a la tutela efectiva".
Querella criminal
La campaña en favor de una justicia en euskera comenzó antes incluso de que se constituyera este sindicato. En febrero de 1997 varios abogados presentaron una querella criminal, que no prosperó, contra "los jueces españoles" Joaquín Giménez, Miguel Escanilla y Ana Isabel Rodrigo por juzgar y condenar a un insumiso vascohablante in saber euskera. Al calor de esa querella y de las primeras suspensiones de juicios, se constituyó el sindicato.Algunos magistrados que han rechazado tajantemente las amenazas consideran que "este conflicto se ha dejado crecer por no actuar a tiempo". La sala de gobierno del Tribunal Superior pidió por unanimidad, en marzo de 1997, la intervención del Colegio de Abogados de Vizcaya.
Posteriormente, hubo dos recordatorios, pero la institución profesional no respondió. En su reunión de ayer, la misma sala de gobierno, activada por la constancia de los magistrados de la Audiencia bilbaína y por otro grupo de jueces de lo Contencioso, pidió a todos los colegios de abogados que "en su caso" exijan "aquellas responsabilidades que pudieran proceder". Esta parte contó con el voto particular de uno de los magistrados. Asimismo, advirtió a los letrados euskaldunes, sin nombrarles, que lo correcto es "utilizar los recursos de la ley" y no "Ias amenazas a los magistrados".
En un auto de 1997, el Tribunal Constitucional negó cualquier vulneración de derechos por la utilización de traductores y rechazó que "Ios componentes de los órganos judiciales tengan la obligación de conocer debidamente el idioma cooficial". Además, sentenció que no se puede calificar de "superfluas, inútiles, prescindibles o desproporcionadas" las medidas de traducción.
El Consejo General del Poder Judicial calificó ayer de "inadmisibles" las amenazas y advirtió que llevará a cabo "cuantas acciones sean necesarias para evitar nuevas calificaciones de esta índole".
