La juez Palacios investiga fondos de Conde para determinar si el ex banquero cometió delito fiscal

La juez Teresa Palacios, que tramita la pieza de responsabilidad civil de Mario Conde y los demás acusados en el caso Banesto, ha librado varios oficios para conocer la situación de las propiedades del ex banquero al tiempo que se ha interesado ante la Agencia Tributaria para aclarar ingresos de 1993 que el ex banquero no ha incluido en su declaración de la renta. Se trata de 125 millones de pesetas recibidos de Suiza por su hija Alejandra Conde.

El teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Luis López Sanz, a cargo del caso Banesto, solicitó el pasado 29 de diciembre una serie de diligencias en la llamada pieza separada de responsabilidad civil de Mario Conde. Aunque las diligencias previas han sido elevadas para el juicio oral que tiene lugar en la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 3 sigue tramitando la cobertura de las responsabilidades pecuniarias impuestas en el auto de apertura de juicio oral a todos los acusados. Se trataba de 16.280 millones de pesetas. En el caso de Conde, éste debía cubrir, individual y solidariamente, 10.125 millones. La fianza, lógicamente, no fue depositada. Hasta el momento no se ha practicado el embargo de propiedades del ex banquero, que, en virtud de una separación de bienes de 1990, ya no figuran a su nombre.La Fiscalía Anticorrupción, según fuentes solventes, estima que la acusación en el juicio oral contra Conde y sus colaboradores debe ser complementada con una acción que permita recuperar, en su momento, al menos una parte de las cantidades detraídas. Por ello, ha propuesto dos tipos de diligencias que la juez Palacios ha puesto en práctica la semana pasada.

Las ocho fincas

Una de esas diligencias se refiere a conocer la situación de ocho fincas. Siete de ellas están fuera de Madrid: dos están situadas en Sevilla (Dehesa Cuarto del Rincón y Cuarto de los Carrizos); otras dos, en Lora del Río (Dehesa del Viar o Lagunillas y Dehesa de las Anorias), y otras tres, en Ciudad Real (La Salceda, La Salceda Nueva y La Salceda Robledosa). La octava es la finca de la calle de Triana, número 63, de Madrid.Las fincas de Sevilla y de Ciudad Real ya han sido aportadas por Conde como fianza hipotecaria para asegurar su libertad en el caso Argentia Trust, en el que se le impuso una fianza de 2.000 millones de pesetas y que, al ser cubierta con bienes inmuebles y no con dinero o avales bancarios, debe alcanzar, según la ley, a 4.000 millones. Los bienes dados en garantía aún son objeto de estudio por la Sala de lo Penal, sección primera, de la Audiencia Nacional, que le impuso un auto de prisión con fianza en el mes de marzo del año pasado, cuya ejecución fue suspendida más tarde, en abril de 1997.

La segunda diligencia propuesta por el fiscal y librada por la juez Palacios se refiere a unos ingresos de 125 millones de pesetas. Según un informe de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que consta en las diligencias del caso Banesto, la hija de Conde -Alejandra Conde Arroyo, entonces menor de edad- efectuó en 1993 cuatro operaciones de tráfico de divisas (entrada de invisibles o cobros al exterior) por un importe de 299,5 millones de pesetas.

Tres de esas operaciones fueron registradas como préstamos concedidos por no residentes a residentes, depósitos constituidos por no residentes con plazo de amortización de un año o inferior y participaciones de residentes en la propiedad de empresas distintas de las materializadas en acciones. Sin embargo, hay una cuarta operación, con ingresos de 125 millones de pesetas, realizada el 9 de julio de 1993 a través del Banco Urquijo.

Los fondos procedieron de Suiza. Se trata de cobros por tres conceptos: "asesoría y representación jurídica, redacción y certificación de documentos o instrumentos legales; servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y declaración de impuestos, y asesoría administrativa relacionada con la planificación y la organización, mejoras y controles de costes, eficiencia y otros, así como la administración de recursos humanos, relaciones con los empleados y otros".

Posible delito

Según el fiscal, Conde incluyó en su declaración de la renta de 1993 a su hija en su unidad familiar. "Sin embargo, dice, "en la base imponible de su declaración, ese ingreso de 125 millones no aparece incluido".En dicha declaración, señala el fiscal, "se dan como ingresos un total de 533 millones de pesetas, y en el ejercicio 1993 el acusado Conde recibió rendimientos del trabajo por un total de 531 millones de Banesto, Corporación e Iberdrola. Con estos datos se deduce que en principio, y salvo aclaraciones posteriores por parte de la Agencia Tributaria, no se incluyeron como ingresos los ya citados 125 millones percibidos por Alejandra Conde, Arroyo procedentes de Suiza".

La juez, recogiendo la propuesta del fiscal, recaba de la Agencia Estatal de Administración Tributaria "que informe si ese ingreso de 125 millones pudo ser incluido en algún otro concepto de la declaración de Mario Conde o si por cualquier otra vía se ha procedido a tributar por esa cantidad". El fiscal señalaba en su escrito que, "caso de confirmarse [la no tributación], supondría la existencia de un delito contra la Hacienda pública".