La devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos

Dicen que el Gobierno va a devolver a los partidos políticos el patrimonio del que fueron privados con ocasión de la guerra civil, por fortuna ya, tan lejana. Santo y bueno, pues así se consumará una reparación histórica inexplicablemente dilatada durante tantos años. Jurídicamente, la cuestión no puede ser más clara: la ley de 9 de febrero de 1939 -confirmando y ampliando decretos anteriores declaró "fuera de la ley" a una larga serie de partidos, agrupaciones y organizaciones, ordenando "la pérdida total de sus bienes (que) pasarán íntegramente a ser de propiedad del Estado"; mientras que la orden de 9 de junio de 1943 estableció su venta por subasta. Por lo mismo, una vez vueltos a la legalidad con la recuperación de la democracia, era lógico, al parecer, que se les devolviese lo incautado o, en el supuesto de enajenaciones irreversibles, se les indemnizara con su valor.No es la primera vez, que el Estado español comete semejantes tropelías que hoy prohibe solemnemente el artículo 33 de la Constitución. Pensemos, por ejemplo, en las famosas desamortizaciones decimonónicas, de las que pueden obtenerse lecciones de indudable actualidad. Pensemos, en concreto, en la desamortización eclesiástica. Un día, como se recordará, decidió el Estado apoderarse de los bienes de las órdenes religiosas regulares ordenando su venta y una noche (en Madrid, de enero y bien fría, por más señas) se puso -en la calle a todos los frailes, al menos a los que habían sobrevivido a las matanzas anteriores y no habían podido escapar y esconderse a tiempo. Las similitudes entre ambos acontecimientos -el de 1835 y el de 1939- saltan a la vista en su aspecto patrimonial, ya que los asesinatos de frailes del siglo pasado fueron mucho menos frecuentes que los de los miembros de los partidos políticos justo cien años después. Los parentescos no acaban, sin embargo, aquí.

Mendizábal y los desamortizadores fueron conscientes de que no se podía dejar morir de hambre, faltos de recursos, a los frailes exclaustrados, por lo que se les concedió una modesta pensión de supervivencia de unos pocos reales diarios. Nuestros gobiernos democráticos han concedido ahora igualmente a los partidos unas subvenciones que, sin llegar a la abundancia, les permiten sobrevivir honestamente. En uno y otro caso se mantiene, pues, cierto equilibrio que hoy, sin embargo, está a punto de romperse con el anuncio de la devolución de las incautaciones.

El Estado, con Constitución o sin ella, expolia cuando se le antoja los bienes de los ciudadanos; pero a veces siente escrúpulos y ayuda a los despojados con un subsidio para que vayan tirando. La actual ley de financiación de los partidos políticos es coherente, por tanto, con las pensiones frailunas del pasado. En cambio, las anunciadas intenciones del Gobierno Aznar (que aquí se denuncian) son inéditas y rompen con todas las tradiciones conocidas. Porque, si ntes era: o el patrimonio o la pensión, ahora es la ayuda y además el patrimonio. El equilibrio se ha roto, en consecuencia, dado que los partidos políticos recuperan su patrimonio, pero no renuncian (no les hacen renunciar) a las subvenciones y terminan cobrando con las dos manos.

El negocio, como se ve, es redondo; más el precedente puede ser terrible porque, por la misma regla, si esto sigue pronto tendremos a los frailes, curas, ayuntamientos y logias masónicas llamando a las puertas de la Administración para pedir lo mismo y con idéntico derecho. Puestos a devolver, ¿por qué a unos sí y a otros no? Puestos a indemnizar por el valor de los bienes que no se pueden devolver, ¿por qué no por las vidas de los fusilados y desaparecidós y por los padecimientos de los encarcelados y emigrados? Puestos a hacer justicia, hágase con todos y, si hoy se paga a los partidos que perdieron sus bienes, ¿por qué no a los militantes que perdieron su vida, así como a los que perdieron la libertad o el trabajo?

Hay que ser, en verdad, temerarios, provocadores o muy inconscientes para al cabo de sesenta años atreverse a destapar una fosa tan siniestra. Porque de ella pueden salir demasiados espectros. Y hay que tener demasiada desfachatez para sólo permitir la salida de unos cuantos amigos a través de una rendija arbitraria. A los viejos militantes de los viejos partidoso les duelen tanto los inmuebles incautados como las idas sacrificadas los años de cárceles, emigración y discriminación laboral. Justicia será posiblemente de los partidos; pero harto sospechosa. Ya es casualidad, en efecto, que en los mismos meses -y al filo de sentencias que los enlodan- se pongan en marcha proyectos de refinanciación estatal y de indemnizaciones traídas por los pelos. Si se pretende que noscoloquemos otra vez en 1939 yque hagamos cuentas, podemosintentarlo, pero sabiendo que tendremos que remover muchos asuntos olvidados, reabrir anchas heridas, quizás dividir de nuevo al país y, en todo caso, sobrecoger al contribuyente.

Con todas estas noticias y anuncios, el contribuyente está aterrado al comprobar que de sus bolsillos tienen que salir todas estas turbias partidas de extorsiones, subvenciones e indemnizaciones. Y eso que ignora lo que viene, puesto que todavía falta lo peor: un descarado tributo especial para la financiación complementaria de los partidos. Lo que no ha de tardar mucho si Dios y la conciencia ciudadana no lo remedian y llegan a tiempo de frustrar lo que se está cociendo y ya huele. De momento, adelanto que el primer paso va a ser una nueva casilla en los impresos de la declaración anual de la renta en la que se dará al contribuyente la oportunidad de escoger entre partidos políticos, iglesias y otras organizaciones. Un primer paso -aplaudirán algunos- para resolver de una vez la financiación legal de los partidos políticos. Pero ¿y después? Porque no es difícil contentar a los insaciables y a quienes pueden autodeterminar desde el Poder sus propios ingresos a costa de los demás.

Confío, por otra parte, que nadie intentará justificar la maniobra con la invocación del artículo sexto de la Constitución, donde se reconoce -como es sabido y nadie discute- que los partidos políticos "son instrumentos fundamentales para la participación política". Esto es cierto, pero no menos cierto es que la devolución proyectada no se basa en tan excelsa función democrática, sino en algo tan modesto como un derecho pretérito de propiedad. Porque es el caso que todos los partidos representan el mismo papel constitucional y, sin embargo, sólo unos pocos van a beneficiarse de las devoluciones, y no precisamente los más democráticos o los más participativos, sino los que en 1936 tenían unos bienes que les fueron incautados. En consecuencia, inevitablemente se abre un nuevo frente de desigualdades, ya que, siendo todos igualmente necesarios y útiles para el proceso electoral, unos van a cobrar y otros no.

Enhorabuena, en definitiva, si se les quiere subir la pensión, eximirles del IVA y hasta perdonarles los ingresos percibidos a través de Filesa y similares; pero nada más peligroso, más provocador ni más hipócrita que la medida que se está fraguando.