El Pacto de Ajuria Enea

1. El Estado democrático de derecho tiene su pilar básico en la soberanía de la voluntad popular, expresado mediante el sistema de sufragio libre. Este Parlamento rechaza, en consecuencia, la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose, en Euskadi por entender que, además de constituir una práctica éticamente execrable y de acarrear desastrosas consecuencias de todo orden para nuestro pueblo, representa la expresión más dramáticade la intolerancia, del máximo desprecio de la voluntad popular y un importante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos vascos.En tal sentido, nos reafirmamos íntegramente en la resolución unánime sobre la violencia, aprobada por este Parlamento el 14 de marzo de 1985, insistiendo una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que sólo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular.

a) El Estatuto de Gernika representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco y constituye, en consecuencia, la norma institucional básica de que se ha dotado para acceder a su autogobierno, por lo que su asunción o acatamiento es una condición necesaria para alcanzar su definitiva normalización y pacificación.

b) El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca y contribuirá de manera decisiva al reforzamiento de la democracia y de la convivencia pacífica, por lo que todos los firmantes del presente acuerdo nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad. A tal efecto, a través de una comisión institucional del Parlamento vasco, se procederá, en un clima de entendimiento básico, a fijar, con el mayor consenso posible, los criterios del Parlamento sobre el alcance del pleno desarrollo del estatuto.

c) Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del estatuto como instrumento de autogobierno y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las disposiciones adicional primera de la Constitución y única del estatuto, le hubiera podido corresponder.

d) Frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y sus instituciones, proclamamos que sólo a los ciudadanos navarros corresponde decidir sobre su propio futuro.

Las diferentes opciones políticas planteadas en torno a la relación de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca tienen su cauce de realización democrática en el marco de la Constitución, del Estatuto de Gernika y la ley de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que contemplan la posibilidad de su incorporación aI régimen autonómico vasco si así lo deciden los ciudadanos navarros, la celebración de convenios para la gestión y prestación de servicios propios, así como de acuerdos de cooperación.

Habida cuenta de que la relación con el territorio foral de Navarra es una aspiración sentida por amplios sectores de la sociedad vasca, los partidos firmantes del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, propiciaremos, de acuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esa relación a la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes.

ACUERDO ESTABLE

3. El Gobierno de la comunidad autónoma, contando con el apoyo activo de los representantes del pueblo vasco, está llamado a encabezar toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz.Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la comunidad autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo, en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en la materia por parte del Gobierno vasco en consonancia con el acuerdo unánime del Parlamento vasco del 16 de octubre de 1987, y en desarrollo del artículo 17 del estatuto de autonomía.

4. Ante la violencia sistemática de los principios que conforman la convivencia democrática y especialmente el derecho a la vida, abogado por una solución democrática y respetuosa de los derechos humanos frente al problema de la violencia compartimos la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de dichos principios y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores.

5. Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional entre los Gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad, de quienes los han cometido o los pudieran todavía cometer, colaboración que debe producirse acorde con los principios que rigen las relaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos.

6. Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar, con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.

7. Dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia sólo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que, atendiendo a la voluntad mayoritaria de su pueblo, renuncie a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de buscar, por los cauces mayoritariamente aceptados, los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca.

FINAL DIALOGADO

8. Hacemos, igualmente, un llamamiento a quienes, aun ostentando representación parlamentaria, no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa, y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación.9. En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la- decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.

10. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones Políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. 11. La defensa de nuestro sistema democrático contra la violencia no requiere en la actualidad de una ley de carácter especial, por lo que apoyamos la derogación de la legislación especial contra el terrorismo y los principios de independencia, intervención e intermediación judicial.

12. Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987.

13. La gravedad de situación de crisis que atraviesa la economía, con sus secuelas de paro, especialmente entre los jóvenes, y de marginación de los sectores menos favorecidos de la sociedad, que adquiere en nuestro caso un carácter diferencial derivado de la especial naturaleza del tejido industrial vasco y de la perpetuación de un clima de violencia, que dificulta la recuperación de nuestra economía a través de la inversión, refuerza nuestro empeño por lograr una situación normalizada.

Urgimos a las instituciones públicas a intensificar las medidaspara superar las graves consecuencias sociales de la crisis económicay para impulsar desde el sector pública la creación de las condiciones precisas para la recuperacion, de la economía de Euskadi, al tiempo que nos comprometemos acrear el clima propicio de pacificación y normalización que anime la confianza inversora imprescindible para la economía vasca.

14. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que, individualmente y a través de las asociaciones ciudadanas, sindicales, empresariales y profesionales en que se integran, trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respeto recíproco y de la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la sociedad. Dirigimos muy especialmente este. llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.

15. Invitamos a todas las instituciones vascas -juntas generales, diputaciones forales, ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, asumiendo el sentir de este Parlamento, se sumen a este acuerdo para la normalización y la pacificación y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr la plena instauración de la convivencia democrática en Euskadi. Por ello, y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en la próxima reunión de las respectivas instituciones.

16. El contenido de este acuerdo se trasladará al Gobierno del Estado y a los partidos firmantes del acuerdo de Madrid, de 5 de noviembre de 1987.

17. Al objeto de propiciar el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas, profundizar en las vías que posibiliten la incorporación de quienes no aceptan la voluntad mayoritaria del pueblo vasco y garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, solicitamos al lehendakari continúe liderando el proceso en aras de la total normalización del país".