Juicio por el robo de dos millones de litros de aceite del Senpa
La Audiencia de Madrid reinicia hoy el juicio por la apropiación indebida y venta de casi dos millones de litros de aceite que el Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa) almacenó en enero de 1983 en una nave de la empresa Skill enclavada en la localidad madrileña de Fuenlabrada. El fiscal solicita un total de 23 años de cárcel por delitos de robo, falsedad y estafa para las tres personas procesadas en relación con este expolio y exige que restituyan al erario público los 205 millones que presuntamente se embolsaron por la ¡lícita venta del aceite a terceros.Los acusados son José D. S., el dueño de la nave al que el Senpa confió la custodia del aceite; Juan José M. L., un alto cargo de la policía que intervino en la investigación de las empresas de Rumasa, y Rafael 0. C., intermediario y comisionista en la compra de algunas empresa del holding de la abeja, según el escrito del fiscal.
En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado diciembre, los acusados negaron con vehemencia los delitos que les atribuye la acusación pública, según fuentes juridicas. Desde hoy comenzarán a desfilar ante el tribunal parte de los 23 testigos citados por el fiscal, entre ellos, el ex presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y parte de la cúpula policial de entonces, encabezada por el ex director general Rafael del Río.
Conexión con Rumasa
El relato del fiscal revela que todo comenzó en enero de 1983, cuando el Senpa alquiló dos depósitos a Skill para almacener un excedente próximo a los dos millones de litros de aceite. El acusado José D. S. levantó el precinto de los depósitos y comenzó a vender el aceite. En junio de 1983 percibió 136 millones de un empresario por un millón y medio de litros. Y, además, redujo sustancialmente una deuda de 25 millones que mantenía con la empresa Alcoholera del Puerto tras entregarle otros 300.000 litros. Esta empresa, según la versión del fiscal, era investigada entonces por la policía por su vinculación a Rumasa.Fue entonces cuando apareció en escena el también acusado Juan José M. L., jefe de la brigada policial que investigaba las empresas del holding. El inspector policial no sólo ocultó a sus superiores la ¡lícita venta del aceite, sino que propuso a José D. S., dueño de la nave, que vendiese su empresa Skill a Rumasa. Ambos, señala el fiscal, convinieron en seguir vendiendo el aceite que aún quedaba en Fuenlabrada y, paralelamente contactaron en Sevilla con Rafae 0. C., presunto intermediario de Rumasa y tercer procesado en esta causa. Éste viajó a Londres, donde en ese momento estaba huido Ruiz Mateos, y consiguió arrancarle la firma en el acepto de tres pagarés en blanco por importe de 21 millones como pago de unas comisiones que supuestamente le adeudaba el empresario jerezano. Los pagarés fueron luego manipulados y se hizo constar en ellos, aprovechando el desconcierto posterior a la expropiación, que habían sido librados con anterioridad a la intervención de Rumasa por el Estado.
