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Estafados después de muertos

Una funeraria de Málaga se dedicaba a almacenar cadáveres y cobrar por incineraciones no realizadas

La cita era donde siempre, cinco años después de la muerte y dos horas más tarde del anochecer. Un coche fúnebre con un hombre llamado Emilio al volante rodeaba el cementerio de Málaga hasta alcanzar una puerta trasera, una de esas salidas de emergencia que tienen los locales públicos y que sólo se pueden abrir desde dentro. Al cabo de unos segundos, cuando el motor ya había dejado de importunar a los cipreses, la puerta se abría y aparecía Francisco. Entre los dos descargaban unas cajas cuadradas, amarillentas, de unos 70 centímetros. Las dejaban al otro lado de la puerta, a unos metros del horno crematorio. Mascullaban un "hasta luego" y el coche fúnebre, con Emilio, se alejaba. A la mañana siguiente, se volvían a ver. Francisco devolvía la visita a Emilio y junto a los "buenos días" le dejaba unas urnas con ceniza.El viernes pasado, la policía desbarató de un tajo la relación nocturna de Emilio y Francisco. Desde hace más de dos años, y con la colaboración esporádica dé más personas, ambos Emilio Paloma, dueño de Pompas Fúnebres La Popular, y Francisco Yepes, empleado del cementerio de Málaga -trataron ilícitamente los restos humanos procedentes de exhumáciones y destinados a ser incinerados. La policía sostiene, según sus declaraciones, que La Popular y otras cuatro funerarias -Funema, Funesur, La Soledad y La Nueva contrataron los servicios de Francisco, para utilizar ilegalmente el horno crematorio.

El negocio era sencillo y mi uy boyante. Las funerarias, de acuerdo con los familiares de los difuntos y con la preceptiva autorización sanitaria, exhumaban los cadáveres a los, cinco años de su entierro para incinerarlos y desalojar el nicho. Dados los altos precios del proceso de cremación en Málaga -unas 1.00.000 pesetas-, las funerarias ofertaban a sus clientes trasladar los restos a los cementerios de Marbella, Granada y Sevilla. Y ahí llegaba el fraude. En vez de trasladarlos a ellos, eran enviados a Francisco, quien, aprovechando el turno di noche y la puerta trasera del cementerio, ponía en marcha el horno y cobraba 10.000 pesetas por servicio.

Un dia, a principios de año, el encargado de una funeraria le dijo al dueño de La Popular: Emilio, yo que tú me andaría con cuidado; creo que alguien se ha enterado de tus' tejemanejes". Pero no hizo caso. Muy al contrario. "A mí me da igual, como yo no soy el único...", respondió al confidente. La segunda advertencia llegó días después. Y fue por boca del propio Francisco. Los responsables de Parcemasa, el Parque Cementerio de Málaga, habían notado una sucesión de hechos extraños: el número de cremaciones descendía sin remedio desde hacía dos años y el consumo de combustible seguía siendo el mismo; alguien había visto algún movimiento extraño en el cementerio por las noches... La primera medida consistió en instalar un sistema de seguridad en el horno para evitar que funcionara desde la medianoche hasta las nueve de la mañana.

Francisco le dijo a Emilio que, en tanto amainara el temporal, dejara de traerle restos. Y Emilio así lo hijo.

El viernes pasado, funcionarios de policía descubrieron que el dueño de La Popular dejó, efectivamente, de incinerar restos ilegalmente. Pero hizo algo peor. En el garaje de su casa, junto a dos coches fúnebres, desvencijados y unos sacos de comida para caballos, , Emilio tenía, apiladas, amarillentas, unas cajas de madera de unos 70 centímetros de lado y un ataúd. Un agente, bajo la atenta mirada de otros compañeros, un secretario judicial, un forense y un abogado de oficio, fue abriéndolas. Se encontraron restos de más de 50 personas y un cadáver momificado. Junto a cada una, una etiqueta con un nombre.

A la misma hora, dos policías de paisano detenían a Emilio en Fuengirola, a donde había acudido con un vehículo de su empresa para trasladar el cadáver de un extranjero. Uno dé los agentes debió regresar a Málaga a bordo del coche fúnebre.

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