Polémica de agosto sobre unos restos que se perdieron en sólo 48 horas

La destrucción, los días 12 y 13 de agosto de 1996, de unos restos arqueológicos ocultos bajo el pavimento de la calle de Bailén provocó una dura polémica política y cultural. El Ayuntamiento decidió acabar con todo para construir el túnel, a pesar de que los dos directores de las excavaciones mantenían criterios dispares sobre el valor de lo encontrado.Sin informes periciales que determinasen el verdadero valor de lo desenterrado, el Ayuntamiento dio orden de no dejar piedra sobre piedra. Sólo se rescataron de la quema algunas jambas y dinteles. Unos 10.000 objetos de uso diario, de entre los siglos IX y XIX, también fueron rescatados.

Ante este panorama, los políticos se dividieron. De uno lado se situaron quienes defendían el túnel, y del otro, quienes preferían los vestigios. El PP del Ayuntamiento apoyó en bloque el túnel. Ni siquiera el concejal de Cultura, Juan Antonio Gómez-Angulo, se opuso. Dijo que las obras no eran de su competencia. PSOE e IU, en cambio, se indignaron. Por su parte, el PP de la Comunidad nunca se definió. Mientras los responsables de la Consejería de Cultura se echaban las manos a la cabeza, los parlamentarios populares defendían al alcalde.

¿Y qué había en el subsuelo? Ségún el Ayuntamiento, nada. Para los arqueólogos, "un conjunto único". La Fiscalía intervino. Reclamó dos informes a cuatro prestigiosos historiadores. Sus conclusiones fueron demoledoras: "Han amputado un fragmento vital de la memoria histórica de Madrid". Entre lo destruido se encontraban Ios cimientos de la muralla árabe, la Casa del Tesoro (dependencias reales), la exedra de Sabatini (siglo XVII), viajes de agua, manzanas de casas, plazas y calles, el convento de San Gil, una zona artesanal, departamentos del Estado, la residencia de embajadores, la biblioteca real y los servicios de la Corte". La Fiscalía se querelló contra el Ayuntamiento

.Gran beneficio a Madrid

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, afirmó entonces: "He hecho un gran beneficio al patrimonio cultural e histórico, porque se ha demostrado que no había nada". Poco después, la Audiencia Provincial archivó la querella y falló que todo era una controversia científica".

Un año después, cuando ya no quedaba nada bajo el pavimento, la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras emitió un comunicado. Acusó de la destrucción a la Comunidad, al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento, a la directora de las excavaciones, a los medios de comunicación y a los políticos. Sólo ellos se salvaron.

EL PAÍS publicó el 15 de agosto de 1996 un editorial sobre la polémica. Su última frase decía: "Por lo que unos han permitido y lo que otros no impidieron, nadie jamás sabrá lo que ha perdido el patrimonio histórico de este país en dos días de agosto".