El Gobierno renuncia ante Bruselas a imponer trabas a los descodificadores

El Ministerio de Fomento ha aceptado introducir cambios sustanciales en la ley de televisión digital para evitar que ésta sea denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo. Fomento renuncia a un sistema único de descodificación y también a imponer un adaptador obligatorio en los descodificadores que no se ajusten a aquél, pero se propone también dotar de poder a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT) para velar por la aplicación de la ley. Entre estos poderes figura el arbitraje entre operadores si no se ponen de acuerdo para compartir los descodificadores y la posibilidad de imponer cambios técnicos en estos.

El cambio de postura del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, es consecuencia de la hostilidad manifestada por la Comisión Europea a la propuesta española de introducir en la ley digital la obligatoriedad de suministrar un adaptador con los descodificadores que el ministerio considera cerrados. Este es el caso del tipo simulcrypt utilizado por todos los operadores digitales en activo en la Unión Europea, entre ellos el español Canal Satélite.La Comisión Europea no se quiso pronunciar ayer sobre la nueva propuesta de Fomento "porque aún no la hemos recibido", según afirmó la portavoz del comisario Mario Monti, principal promotor del rechazo de Bruselas a la mencionada ley española. "Somos más optimistas que antes porque ahora hay constantes contactos técnicos", agregó la portavoz. "Eso es un cambio positivo porque hasta hace poco el Gobierno español no quería modificar la ley, pero los contactos son sólo técnicos y no a nivel político. Al gabinete del comisario aún no ha llegado ningún nuevo texto", afirmó.

Tampoco Canal Satélite Digital quiso hacer comentarios. "Resulta inexplicable que, al día de hoy, Fomento aún no haya respondido al dictamen motivado que le remitió la Comisión Europea hace más de un mes y se desconozcan todavía las modificaciones que el Gobierno está dispuesto a introducir en la ley digital", señaló un portavoz de dicha empresa. "Mucho me temo que el Gobierno pretende ganar tiempo o, lo que es peor, burlarse de la Comisión", concluyó.

La propuesta que diseña el Ministerio de Fomento significa un cambio sustancial en la ley vigente en España. Su aprobación supondría la legalización del sistema simulcrypt y la renuncia a la idea de que eso se haga a costa de imponer un adaptador cuando así lo requiera un abonado.

Fomento mantiene, sin embargo, de forma indirecta la posibilidad de llegar a imponer trabas técnicas -precisamente las que desaparecerían del texto legislativo- atribuyendo poderes para ello a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT).Se da la circunstancia de que los miembros de ese organismo han sido nombrados por el Gobierno actual [el mismo que promovió la ley ahora en trance de rectificación] y que esa Comisión ya denegó la inscripción de Canal Satélite como operador de servicios codificados, lo cual ha motivado una querella de esta empresa contra el presidente de la CNMT, José María Vázquez Quintana, y otros tres vocales de la Comisión. Todos ellos denegaron la compatibilidad del descodificador simulcrypt con la normativa europea, cambiando, en el último momento, la propuesta favorable a su aprobación que figuraba en el expediente. Por lo demás, la nueva propuesta del Ministerio de Fomento contempla también la posibilidad de que un operador que utiliza un descodificador cerrado suministre uno abierto al abonado que lo demande, aunque deberá ser éste el que corra con los gastos.Otra de las propuestas polémicas de la nueva oferta de Fomento será la posibilidad de que la CNMT pueda obligar a los operadores a que en su publicidad especifiquen qué plataformas se pueden captar con su descodificador.El cambio que más se acerca a las posturas defendidas tradicionamente por la Comisión Europea es precisamente el mecanismo de negociación entre todas las partes. La nueva ley deja de poner trabas técnicas -salvo las que pudiera añadir la CNMT si Bruselas aceptara esa posibilidad- y deja en manos de este organismo el arbitraje en caso de desacuerdo. Bruselas siempre ha defendido que lo importante en la ley digital es que desaparezcan las trabas técnicas, incluso a costa de que la ley exija un acuerdo entre los operadores.Ese acuerdo, según el texto de la directiva que dio origen a la ley digital, debe ser "no discriminatorio, razonable y equitativo". El operador que se sintiera perjudicado por el dictamen arbitral siempre podría recurrir a los tribunales para exigir su modificación, según la doctrina tradicional de Bruselas.