El curso del cambio

TODO NUEVO curso es por definición un cambio. El que ahora empieza lo es por partida doble, y no sólo para los más de siete millones de estudiantes y casi medio millón de profesores que ya están volviendo a las aulas. La educación general básica (EGB), el viejo sistema en el que estudiaron 15 millones de españoles, desaparece del mapa, enterrada por una reforma educativa que pusieron en marcha los socialistas y administran ahora los populares con resignación poco disimulada. Los ocho cursos de EGB han sido sustituidos por seis de primaria y dos del primer ciclo de enseñanza secundaria obligatoria (ESO).La segunda transformación es todavía más trascendental. El Ministerio de Educación y Cultura está a punto de perder la primera parte de su nombre. Si no hay tropiezos o demoras negociadoras, la gestión de los centros educativos no será su responsabilidad desde el 1 de enero. Ya hay siete comunidades con competencias educativas plenas y, las otras 10 están al caer. También en educación el país va hacia el modelo federal. El ministerio coordinará becas y programas, y supervisará el cumplimiento de las leyes, pero lo demás, es decir, casi todo, lo controlarán los gobiernos autónomos.

El Gobierno parece haber decidido que la educación se beneficie de un aumento presupuestario del 6% en 1998. Si se confirmarse este porcentaje, el PP habría mostrado, en esta ocasión, una cierta lucidez política. Porque la ministra, Esperanza Aguirre, pudo comprobar el curso pasado cómo sus constantes críticas al sistema y su acreditada parsimonia para mejorarlo, su falta de sensibilidad presupuestaria y sus frecuentes gestos privatizadores la dejaban boquiabierta ante los ataques políticos, la protesta social y el malestar de la comunidad educativa. La oposición anuncia que la defensa de la educación se convertirá en una de las banderas políticas del futuro inmediato. Aunque Aguirre y buena parte de su equipo no hayan renunciado ni poco ni mucho a sus esencias liberales, se han dado cuenta que aplicando en crudo las leyes de mercado a la educación, ni el Gobierno ni el resto del país van por buen camino.

El 6% de aumento presupuestario le vendrá que ni pintado al Ejecutivo para transferir la educación a las comunidades, porque implica una garantía de que podrá financiarse la reforma -el nuevo sistema exige más centros, más equipamientos, más servicios complementarios y, lo tanto, más profesionales-, y las autonomías empiezan a sacudirse el temor a un agujero educativo. Sería bueno que, al margen de las consideraciones tácticas, el Gobierno asuma que la educación es una cuestión estratégica, con enormes carencias tradicionales, sólo en parte corregidas en los últimos 20 años. La educación debe ser siempre una de las prioridades del Estado, y así lo perciben los ciudadanos.

La educación ha sido uno de los asuntos básicos, si no el central, en el debate político y económico en todo el mundo desarrollado, como demuestran las campañas electorales de Francia, el Reino Unido y antes las norteamericanas. Por un lado, no cabe duda de que el bien primordial en la sociedad es el conocimiento, y, por otro, la escasa autonomía de las políticas macroeconómicas en un mundo globalizado hace que las distintas concepciones se expresen en temas como la educativa. Los debates sobre el paró o la competitividad acaban conduciendo a la calidad del sistema educativo.