Lenguas en libertad
LOS COMERCIANTES no tendrán obligación de atender en catalán a sus clientes, en contra de lo que habían propugnado los redactores del, primer borrador del proyecto de ley sobre el uso de las lenguas en Cataluña, suscitando numerosas críticas, incluso de Unió Democrática de Catalunya, el socio democristiano de CiU. Era absurdo e incluso dudosamente constitucional que se convirtiera en una obligación de cualquier empresa con atención al público, e incluso de los profesionales con despacho abierto, el hablar al cliente en catalán o en castellano si éste lo exigía. Sólo por la desaparición de esta regulación conminatoria, el proyecto de ley que saldrá la próxima semana de la ponencia en el Parlamento catalán puede acogerse con alivio.El nuevo texto incluye a cambio la obligación legal, redundante e innecesaria, de que cualquier empresa o profesional atienda a los clientes con independencia de la lengua en que soliciten sus servicios. Es decir, que deberá hacerse lo que ya se está haciendo. El dominio pasivo del catalán es habitual entre la mayoría de la población castellanohablante y es bastante insólito el caso de que alguien no quiera atender a un cliente por el hecho de que no le hable en la lengua de su preferencia.
La convivencia lingüística de la que puede hacer gala Cataluña no conducía obligatoriamente a la necesidad de legislar todavía más sobre el uso de las lenguas. La ley de normalización de 1983, el decreto del Gobierno catalán sobre inmersión lingüística en la escuela y los correspondientes avales del Tribunal Constitucional constituyen un marco legal más que suficiente para permitir un desarrollo de la lengua catalana que la aleje de forma definitiva de la anormalidad que ha venido sufriendo históricamente. Los progresos realizados en los últimos 20 años, desde que empezó la actividad legislativa. sobre la lengua con un decreto que introdujo por primera vez la enseñanza del catalán en la escuela, son bien claros y no permiten deducir, antes al contrario, que se haya agotado o paralizado el marco legal.
El nuevo texto consolida lo que ya existe. Avanza en la imposición de cuotas lingüísticas para las concesiones radiofónicas y televisivas autonómicas, en la obligatoriedad de utilizar el catalán para rotulación, folletos y etiquetaje de información general, y en el mandato de un sistema sancionador indirecto, a través de la legislación sobre consumo, disciplina de mercados o función pública. Estos aspectos sancionadores han suscitado una muy lógica preocupación en una parte de las fuerzas parlamentarias y de la propia opinión pública. Cuando queda tanto por hacer en la aplicación de la legislación ya vigente -por ejemplo, en la consecución de un bilingüismo efectivo en toda la Administración periférica o en la misma asignación de más recursos para la enseñanza-, sería absurdo concentrar toda la tensión normalizadora en la aprobación de una legislación conminatoria que pudiera atizar un conflicto social un retroceso legal en el Tribunal Constitucional.
En realidad, la aprobación de una nueva ley sobre el uso de las lenguas se ha revelado como una necesidad más política que social. En algún momento pareció que el ruido producido por las ansias legisladoras del Gobierno catalán conseguían despertar algún león dormido, y que todo tendía a lograr una distancia escenográfica entre CiU y el PP que compensara la imagen de intimidad producida por el apoyo a la investidura de José María Aznar, la aprobación de los Presupuestos de 1997 y la previsible aprobación de los de 1998.
Mantener la cohesión social, evitar la división de los ciudadanos en razón de su origen y de su lengua y alcanzar una sociedad bilingüe -es decir, formada por ciudadanos capaces de utilizar ambas lenguas- han sido hasta ahora los objetivos conductores de una política lingüística que ha funcionado razonablemente bien y ha proporcionado excelentes frutos de convivencia. Bueno sería que, al terminar la tarea legislativa, todos tuvieran en cuenta la preservación de estos valores.
