Un juicio político
EL PRESIDENTE de este periódico vio ayer restringida su libertad personal, mancillada su honorabilidad y denigrada su trayectoria profesional en un auto judicial que quedará en la historia del derecho como ejemplo memorable de ignorancia técnica. Tampoco debería extrañarnos demasiado. El banquillo de los acusados ha sido dignificado en muchas ocasiones por quienes se han atrevido a disentir: a decirle no al poder y a no humillas su independencia de criterio frente al capricho del que manda.El llamado caso Sogecable no es sino una manipulación, no por burda menos condenable, que se inscribe en las prácticas de acoso del Gobierno de Aznar contra los medios de comunicación que no le halagan. No es por eso el único, aunque resulta el más evidente y simbólico. Las protestas del portavoz Rodríguez en el sentido de que el Gobierno no tiene nada que ver con el procedimiento judicial están fuera de lugar. Fue a partir de un informe solicitado por el Gobierno a personas que trabajan para los promotores de la querella como ésta se inició. Fue el director de una revista de la derecha silvestre, colaborador y socio de la nonata plataforma digital del Gobierno, quien presentó la denuncia. La televisión del Gobierno, la radio de los obispos, los periódicos que jalean al Gobierno, los columnistas que se embelesan con el Gobierno, funcionan como soporte mediático de esta maniobra de linchamiento moral. Es el Gobierno, y el Ministerio de Fomento, el que, a pesar de no haber hecho nunca ninguna objeción a las cuentas de Canal +, depositadas reglamentariamente en su ventanilla cada año, guarda silencio respecto a la claridad de las mismas. La Moncloa, tiene en su poder desde el mes de marzo un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en el que se pone de manifiesto que no existe delito en la contabilidad de Sogecable. De modo que en todo eso tiene que ver el Gobierno con el caso, al tiempo que contempla impávido cómo el fiscal encargado del mismo se permite desobedecer órdenes y cómo el fiscal jefe de la Audiencia ampara el despropósito.
La transparencia y normalidad de las operaciones de Sogecable han sido puestas de relieve por numerosos peritos independientes e incluso por los que han trabajado para el propio juez instructor. Convertir una discusión técnica sobre prácticas contables en una acusación penal -cuando los balances y memorias de la sociedad han sido auditados, con todos los pronunciamientos favorables, por una empresa de la solvencia de Arthur Andersen- sería un hecho ridículo si no hubiera devenido en cosas tan graves como las que comentamos. Pero si es lícito pensar que los auditores saben más de estas materias que el resto de los mortales -y por eso ejercen las funciones que la ley les tiene encomendadas al respecto-, la lectura del auto pone de relieve lo poquísimo que sabe y todo lo que ignora, el juez Gómez de Liaño. Es más que preocupante el hecho de que un juzgado de la Audiencia Nacional que tiene que entender de delitos económicos esté en manos de quien afirma cosas como que la rebaja del IVA determina "una disminución considerable de los ingresos" de la compañía, que decidió "compensar las pérdidas a base de incrementar las cuotas de abono". Hasta el propietario de un pequeño comercio sabe que el IVA no es un ingreso de su empresa y que ésta no pierde ni gana más o menos en función de la cuantía de ese impuesto.
Inexistencia de delito
No vamos a insistir en las irregularidades cometidas por el juez instructor, amigo del denunciante, con el que no tiene empacho en comer, cenar o desayunar, al que le ligan lazos familiares, y que admitió la denuncia en 24 horas y convocó a los denunciados en tres días, para luego tardar más de cuatro meses en tomarles declaración -y no a todos todavía- Su intento de acusar de prevaricación a los magistrados de la sala que ha revocado ya cinco de sus decisiones contrasta con la suntuosa adulación que les dedica en el auto cuando reconoce que se ha equivocado, pero ya ha sido "enmendado el desatino" por quienes tienen "preeminencia de número y criterio". No hay que olvidar, por otra parte, que su actuación también está sometida a investigación por el Consejo General del Poder Judicial. Fervientes defensores del Estado de derecho, acatamos todas las decisiones judiciales, incluso las arbitrarias, infundadas y fuera de lugar. Pero estas últimas deben ser corregidas con urgencia y sancionados sus responsables.Por lo demás, es tan palmaria la inexistencia de delitos en lo que se refiere al fondo de la cuestión que sonroja tener que volver a repetir los argumentos. De 1,4 millones de abonados a Canal +, sólo ocho parecen sentirse concernidos por los supuestos perjuicios causados por la compañía, mientras ésta ha devuelto ya más de 400.000 fianzas, por valor de 7.000 millones de pesetas a aquellos que han decidido borrarse del servicio. Ni e fisco ni los particulares han sido dañados en forma alguna. Y el uso de las fianzas -como el de los descodificadores digitales que el Gobierno trata de prohibir- es el mismo que se practica en Francia, en Italia y en el resto de los países europeos. Resulta completamente absurda la suposición de que Canal +, que es la primera televisión de pago en Europa, con más de ocho millones de abonados en cinco países diferentes, se dedica a apropiarse del dinero de sus suscriptores en España. Y es bochornoso que el juez haga suya la acusación de que los depósitos de garantía han sido repartidos como dividendos.
Claro que, en realidad, nada de esto es fundamental en este juicio. Lo verdaderamente importante es comprender que nos encontramos ante un proceso político, arropado por el silencio del Gobierno, instigado por sus corifeos mediáticos y cocido a la lumbre de lo que se conoce como el "entorno de Mario Conde".
No es necesario imaginar una improbable operación combinada entre el "entorno de Conde" y el "entorno de Aznar" para comprender la convergencia objetiva de sus intereses en esta maniobra de acoso al Grupo PRISA. Ahora habrá que esperar a ver dónde nos conduce la historia. Lo sucedido ayer en Bruselas puede intentar ser minimizado, hasta obligarle a mentir al portavoz del Gobierno, pero nos tememos que tendremos que asistir al triste espectáculo de ver cómo una ley aprobada por el Parlamento -gracias a la alianza entre la derecha y los comunistas- tiene que ser revocada y reemplazada por otra acorde con las normas europeas.
La situación política se viene caldeando hasta extremos insoportables, a pesar de la buena marcha de la economía. No es para menos. Todavía hay unos cuantos millones de ciudadanos de este país que conceden a las reglas del juego y al disfrute de la libertad más valor que al índice de inflación. Las medidas contra el presidente de Sogecable y de PRISA son medidas contra todos nosotros: contra cuantos hacemos este periódico, pero también, conviene saberlo, contra los ciudadanos que nos leen, estén de acuerdo o no con nuestras opiniones. Como lo son contra quienes se expresan a diario en la SER -y no importa que su ideología sea de derechas o de izquierdas- y contra los que libremente se abonan a los servicios de televisión de pago que PRISA gestiona. Son medidas contra la ciudadanía, las leyes del mercado, la dignidad de la prensa independiente y la honorabilidad de quienes demuestran que se pueden hacer negocios sin apearse de la ética, enriquecerse sin robar, criticar sin difamar e informar sin manipular ni mentir.
Son miles los jueces y fiscales de este país que cumplen a diario, calladamente y con honor, su función. No son los errores judiciales -inevitables a veces- ni las conductas individuales lo que nos preocupa. Nos preocupa ver el espíritu de diálogo triturado en manos del poder, dispuesto a todo con tal de asegurar su permanencia, en la convicción palpable de que el fin justifica los medios. EL PAÍS se fundó precisamente para defender todo lo contrario.
