Roldán no explica los millonarios pagos recibidos de seis constructoras

Luis Roldán no consiguió explicar ayer ante el tribunal que le juzga por qué se ingresaron en sus cuentas corrientes del BBV centenares de millones de pesetas en decenas de talones emitidos por seis constructoras que habían conseguido en esas fechas suculentos contratos en adjudicaciones de obras de la Guardia Civil. Según su versión, su única relación con las comisiones fue recoger paquetes de dinero que le entregaba Eduardo Gómez Basterra, coordinador de la secretaría de Ramón Rubial, presidente del PSOE, para que los ingresara en sus cuentas suizas. La instrucción judicial demuestra, en cambio, que el auténtico cobrador de las mordidas de obras era su testaferro y amigo Jorge Esparza, también procesado.

Luis Roldán se vio ayer acorralado ante la avalancha de cheques de constructoras como Huarte, Cubiertas MZOV, Obrascón, Lain, Sierra Comendador y Aspica que aparecen ingresados en sus cuentas de una sucursal madrileña del BBV. Una sucursal dirigida por Jorge Prieto Pardina, procesado por falsedad, y en la que tenían también sus cuentas Esparza y los ex dirigentes socialistas navarros Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, procesados por un delito de cohecho continuado en un juzgado de Pamplona.Al fiscal Luzón no le faltó artillería pesada para poner al procesado entre la espada y la pared cuando le preguntaba una y otra vez: "¿Pero si usted no tenía nada que ver con las adjudicaciones de obras, tal como dice, me puede explicar por qué se ingresaron en sus cuentas todos estos talones emitidos por las constructoras que trabajaban precisamente para la Guardia Civil?". El procesado respondía con prolongados silencios o contestaba: "No tengo constancia de eso".

Finalmente y ante la presión del fiscal, el procesado dijo: "No he cobrado de ninguna constructora ni he exigido comisiones a nadie". "¿Entonces, cómo explica usted los ingresos de las constructoras en sus cuentas personales y en las que compartía con su novia Elisa Rodríguez?", insistía de nuevo Luzón.

Los datos que obran en el sumario contradicen la negativa del procesado. Huarte, la empresa de la que Esparza era director comercial obtuvo durante la etapa Roldán 17.000 millones de pesetas en contratos de la Guardia Civil. Y a cambio pagó, al menos, más de 600 millones de pesetas al ex director general del instituto armado.

Esas comisiones fueron camufladas con facturas de las empresas fantasmas J. M. Estudios y Proyectos, Gextex Estudios y Fox Estudios. Los directivos de Mario Caprile, entonces presidente de la compañía, cometieron un grave error al abonar estas comisiones en cheques que fueron a parar a las cuentas del ex director de la Guardia Civil y de sus socios. Ayer, Roldán negó conocer la actividad de esas empresas fantasmas.

De Cubiertas MZOV se ha acreditado que Roldán recibió, al menos, 104 millones de pesetas por adjudiciones de obras de la Guardia Civil. Los hermanos Manuel y Antonio Messa Bussareu, consejeros de la empresa, utilizaron facturas emitidas por AEM Inversiones, una de las sociedades de Esparza.

El presidente de la constructora Sierra Comendador, Carlos Zuazo, ha reconocido que pagó 106 millones en comisiones a una empresa fantasma llamada Banto S.A. En todos los casos el intermediario en el cobro de estas mordidas fue Esparza.

La caja fuerte que Roldán y su esposa Blanca Rodríguez Porto tenían en la sede del banco sulzo CBI-TDB, en la lujosa y céntrica calle ginebrina de Rhone, contenía todas las claves del cobro de comisiones de todos los miembros del clan Roldán, incluidos el entonces presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu, y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón.

Las fichas de Esparza

Seis fichas manuscritas por Esparza recogen todos los cuarteles de la Guardia Civil por los que cobraron comisiones, la correspondiente mordida y hasta la contabilidad personal de cada uno en el reparto de estas y otras dádivas. El procesado eludió con su silencio cualquier pregunta sobre estas fichas.El fiscal destacó ayer cómo Roldán modificó el sistema de adjudicaciones de obras nada más llegar a la Guardia Civil al objeto de controlarlas personalmente. En este sentido, Luzón relató cómo el procesado dictó una orden interna en 1988 para retirar las atribuciones sobre las obras a un general del Servicio de Apoyo y darsélas al entonces coronel Manuel Llaneras, nombrado por él para ese puesto, y en la actualidad procesado por tráfico de influencias. Llaneras favoreció a Construcciones Salido y a Brues, dos empresas con cuyos dueños tenía otros negocios.