La batalla europea del aceite
La economía del olivo es hoy uno de los sectores agrícolas europeos menos problemáticos que, con más del 80% de la producción y consumo del aceite mundial, ha hecho de Europa el área hegemónica por excelencia. A partir de su incorporación a la UE, España ha contribuido de forma notable a estos logros, realizando un importante esfuerzo de adaptación, como lo prueban la abundancia de nuevas plantaciones y el incremento de los rendimientos medios, con una producción total de 600.000 toneladas anuales. Pero, sobre todo, con la sensible mejora de la calidad del aceite y el considerable aumento de las plantas de embotellado y etiquetaje que se traduce en una relativa satisfacción de nuestros olivareros.Esta propicia situación tropieza con dos escollos, los posibles excedentes y el fraude en la aplicación del sistema de ayudas en la Unión Europea. Por lo que se refiere a los primeros, las previsiones más fiables estiman esos excedentes en 65.000 toneladas para el año 2000. A los que una esforzada política de promoción de ventas podría dar cabal salida. En cuanto al fraude, el porcentaje medio del sector se situa en 2,08%, es decir, el 0,68% por encima del fraude medio comunitario, que es del 1,4% de su presupuesto global. Pero todo el mundo sabe en qué país se sitúa, que no es precisamente España, y como podría acabarse con él.
Franz Fischlker, comisario responsable de la agricultura, acaba de publicar un documento dirigido al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo en el que plantea la necesidad de una reforma del sector olivarero y propone soluciones. Apoyándose en afirmaciones muy discutibles sobre la, producción comunitaria de aceite que, según él, aumenta de año en año (el potencial productivo español sería ya, en su opinión, de un millón de toneladas) a la par que decrece el consumo en los países del sur de Europa, su propósito es estabilizar la producción al nivel actual. Para ello y para acabar con el fraude, cuyo volumen hipervalora, presenta dos opciones: mantener el sistema actual de ayuda a la producción introduciendo algunas modificaciones menores lo sustituirlo por una subvención unitaria por árbol. Su preferida es la segunda pues, como ha dicho en una conferencia de prensa, "es más fácil contar olivos que olivas". Lo que a nada conduce y ni conviene a los intereses españoles ni al sector europeo del aceite en su conjunto.
Privilegiar el árbol en detrimento de su cosecha es desinteresar al olivarero del cultivo y convertirlo en cultivador de primas. Pues una vez cobrada la subvención no compensa trabajar el olivar porque los gastos de cultivo y sobre todo de recolección son superiores al previo de venta. Además, la rusticidad del olivo, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de árboles, el naranjo por ejemplo, permite su subsistencia durante años con gastos de mantenimiento mínimos. Ahora bien, dado que la recogida representa él 80% de la mano de obra, su supresión o cuanto menos su drástica reducción quiere decir agravar el paro en zonas ya fuertemente afectadas por él. Sin olvidar que la falta de atención al olivar conlleva el aumento de las plagas y se traduce en pérdida de calidad del aceite, base de su competitividad con otros oleaginosos.
Frente a esta falsa buena solución, España, en vez derefugiarse en la coartada de la eurocracia, ha de movilizar se, dentro y fuera de la comisión, para lograr que se siga favoreciendo la producción cualitativa, pero asegurándose de que la ayuda se vincule a su comercialización efectiva. Con lo que pasaremos de los dos millones de unidades pro ductivas m posibles de controlar, al control posible de las mil plantas embotelladoras de aceite que existen hoy en el espacio comunitario y que servirán así de garantía de su calidad. Esa es la apuesta en la que, sin agresiones y sin debilidades, han de seguir empeñados el Gobierno y los oleicultores españoles.
