Sancristóbal declara en Suiza ante el juez que investiga el 'caso Roldán'
El ex director general para la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, prestó ayer declaración en calidad de testigo en Ginebra ante el juez Paul Perraudin, según manifestó su abogado, Bruno de Preux, que se negó a desvelar el asunto por el que el juez citó a su cliente."Se trata, a mi juicio, de algo sin importancia, que ya se ha solucionado y que no necesariamente tiene que ver con el asunto Roldán", manifestó el abogado de Sancristóbal, quien confirmó que el interrogatorio se desarrolló en el despacho del juez ginebrino, en el Palacio de Justicia, y se prolongó "varias horas".
Según una comisión rogatoria del juez Perraudin, cuyo contenido figura en el sumario del caso Roldán, se menciona una cuenta en la que aparece "don Julián Sancristóbal" como la persona con derechos económicos sobre la cuenta. Según las investigaciones del juez suizo, a través de esa cuenta y de otra, propiedad del antiguo director de la Guardia Civil, Luis Roldán, éste malversó unos 60 millones de pesetas de los fondos reservados que estaban destinados, en principio, a realizar una investigación al financiero Jacques Hachuel, investigación que nunca se llevó a cabo. Este hecho fue negado en febrero de 1996 por el ex director de la Seguridad del Estado ante la juez Ana Ferrer, que se ocupa del sumario.
De los movimientos de ambas cuentas se desprende que en noviembre de 1993 se produjo una transferencia de 640.000 francos suizos (unos 62 millones de pesetas) desde la cuenta de Sancristóbal a la de Roldán, por lo que el primero recibió a cambio 60 millones de pesetas en efectivo procedentes de los fondos reservados. La irregularidad se produjo cuando los 60 millones de pesetas, en vez de regresar a las arcas del Estado a través de Roldán, fueron a engrosar una cuenta que su esposa tenía en Suiza.
De Preux señaló que era más fácil que Sancristóbal declarara en Suiza a que lo hiciera en Madrid aprovechando la reciente visita del juez Perraudin para interrogar a Roldán, pues hubiera tenido que solicitar una comisión rogatoria y el permiso de los jueces españoles.
