Formación, empleo y bienestar social

En estos momentos no suele recordarse que en 1992 los sindicatos y las organizaciones empresariales alcanzaron un acuerdo de trascendencia para la formación de los trabajadores ocupados: el Acuerdo Nacional de Formación Continua, que supuso el primer acuerdo interprofesional suscrito entre las partes desde 1986 y que abría un espacio para el entendimiento sobre asuntos de interés compartido: formación continua, salud laboral, solución extrajudicial de conflictos.El acuerdo entre los agentes sociales pretendía contribuir a que la formación profesional experimentara un importante proceso de reforma que en lo esencial comportara una reordenación de las cualificaciones profesionales ofertadas y una revalorización de sus funciones económica y social; así lo habíamos requerido del Programa Nacional de Formación Profesional, que juzgamos un gran avance en la planificación de la formación profesional en nuestro país.

Sin embargo, desde una perspectiva sindical, hemos sido y debemos seguir siendo críticos con el desarrollo del programa: por el incumplimiento de sus aspectos financieros, por la inexistente coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, por la insuficiente oferta de plazas previstas en los programas de Garantía Social, por la configuración de los contratos de aprendizaje, por el retraso con el que se han puesto en marcha las con las comisiones provinciales conjuntas de formación profesional o la Unidad Interministerial para las Cualificaciones, y, en definitiva, por la falta de discusión y valoración en los órganos de seguimiento de la aplicación y desarrollo del programa.

Actualmente, dentro del proceso de diálogo social recientemente iniciado, se ha constituido una mesa de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales que pretende actualizar e impulsar el Programa Nacional de Formación Profesional y renovar el Acuerdo Nacional de Formación Continua. Y con la mesa ya puesta, desde posiciones ultraliberales se cuestiona la responsabilidad de los agentes sociales en la gestión de la formación de los trabajadores, se pretende desacreditar la actuación de las organizaciones sindicales y se duda la conveniencia de alcanzar acuerdos autónomos sin un compromiso mas amplio pretendiéndose, en fin, abonar el terreno del desencuentro para cosechar mayores desequilibrios, menores derechos laborales y debilitar, en definitiva, el sistema de protección social.

En su momento las organizaciones empresariales y sindicales ya coincidimos en el reconocimiento del valor estratégico de la formación como instrumento para mejorar la posición competitiva de las empresas, en la necesidad de contar con una adecuada oferta de mano de obra con la cualificación necesaria para lograr mayores niveles de desarrollo económico y en su papel de garantía de la promoción social de los trabajadores y de estabilidad en el empleo.

El acuerdo alcanzado supuso la culminación de un proceso que perseguía poner a disposición de las empresas y de los trabajadores españoles un nuevo sistema de formación profesional sustentado sobre el diálogo social, que reconociese y se articulase sobre la responsabilidad directa de, los propios protagonistas de la actividad económica en la gestión de la formación continua.

Este modelo, inédito hasta entonces y que por primera vez reconoce el papel central de los agentes sociales en las decisiones acerca de qué y cómo aprender dentro de la empresa, está posibilitando una mayor eficacia y rentabilidad de las inversiones en formación continua y una mejor adaptación de las mismas, a las nuevas necesidades reales que va mostrando el conjunto del sistema productivo.

Los efectos del acuerdo sobre el mercado de trabajo son crecientes en relación con la población asalariada; el modelo de gestión paritaria de la formación continua se ha consolidado en el sistema de relaciones láborales; el acuerdo ha estimulado la incorporación de la formación continua a las pequeñas y medianas empresas.

Desde Comisiones Obreras valoramos positiva y críticamente los cuatro años de acuerdo y estamos interesados en su renovación, considerando que la vinculación de la formación a la negociación colectiva es fundamental para el desarrollo de un marco de relaciones laborales estable que propicie una mayor autonomía de las partes y una mayor implicación de los agentes sociales en la gestión y resolución de los problemas que les son propios, de tal manera que se profundice en la precaria democracia industrial y en las relaciones laborales de nuestro país. No obstante, cuestionamos la realidad de la que formamos parte y a la que hemos contribuido para seguir avanzando hacia un futuro que queremos mejor.

En Comisiones Obreras la lucha y las propuestas por el empleo es una de sus tareas permanentes. La posibilidad de reconstruir el Estado de bienestar con una dimensión europea debe comenzar, necesariamente, por el pleno empleo: porque queremos formar parte del proyecto europeo es por lo que debemos crear más y mejor empleo. Por ello defendemos radicalmente el modelo de protección social basado en el reparto.

Los mismos que cuestionan el papel de los sindicatos, los avanzados de la desregulación, no quieren admitir que muchas de as deficiencias de la situación de nuestro mercado de trabajo vienen dadas por una cultura del trabajo que no reconoce que las consecuencias económicas, sociales y políticas de la exclusión de millones de ciudadanos del sistema productivo son soportadas por toda la sociedad. Se les ilumina el verbo cuando hablan de costes laborales, de "programas de modernización del sector público empresarial", de criterios de convergencia, de "canonjías sindicales"...; pero callan cuando de lo que se trata es de referir el nivel de inversión de las empresas europeas en formación o en investigación y desarrollo, la implantación de tecnologías innovadoras a sus procesos productivos, sus condiciones de trabajo y de protección social o el grado de participación de los trabajadores y de sus representantes en asuntos de interés compartido; seamos honestos.

Hemos mantenido, y seguiremos haciéndolo, que la formación debe intervenir en la creación y mantenimiento del empleo, repercutir directamente en la mejora de las condiciones de trabajo y debe y debe ser un mecanismo superador de las desigualdades sociales. El dinamismo del mercado y la rápida hablan de stres laborales, de "programas e modernización del sector público empresarial", de criterios de convergencia, de "canonjias sindicales"...; pero callan cuando de que se trata es de referir el nivel e inversión de las empresas europeas en formación o en investigación y desarrollo, la implantaón de tecnologías innovadoras sus procesos productivos, sus condiciones de trabajo y de proón social o el grado de partipación de los trabajadores y de sus representantes en asuntos de interés compartido; seamos honestos. Hemos mantenido, y seguiremos haciéndolo, que la formación debe intervenir en la creación y mantenimiento del empleo, repercutir directamente en la mejora de las condiciones de trabajo y debe ser un mecanismo superador de las desigualdades sociales. El dinamismo del mercado evolución tecnológica y organizativa requieren de mayor flexibilidad funcional. Para ello, dada la insuficiencia de la formación inicial, la formación continua se convierte en un instrumento decisivo.

CC OO va a defender un acuerdo para los trabajadores que permita avanzar hacia un sistema homogéneo de formación continua, que garantice el acceso de todos los trabajadores a la formación, que asegure una redistribución de los recursos disponibles y que consolide el desarrollo de participación en la formación en la empresa. En una sociedad en la que el conocimiento se está convirtiendo en uno de los mayores generadores de riqueza, la mejor inversión es formar ciudadanos responsables, autónomos y con capacidad de aprender.

El modelo de gestión paritaria de la formacion continua se ha consolidado