Políticos y juristas argentinos vaticinan el fracaso de Garzón
En declaraciones "no oficiales", y sin que permitiesen ser grabados, representantes políticos y juristas, argentinos aseguraron ayer que es "impensable" imaginar una presentación masiva de militares argentinos, ante los tribunales españoles. Según ellos, la petición del magistrado español Baltasar Garzón para investigar lo ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983 se atascará en alguna instancia política. Analistas expertos en cuestiones jurídicas consideran también que la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazará la petición porque el indulto decretado por el presidente Carlos Menem para los condenados impide un nuevo proceso por las mismas causas.
El resto de los militares a su vez fue protegido por las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que aprobó el Parlamento argentino. En, definitiva, todos los casos pendientes se han solucionado con decisiones políticas que se imponen por sobre cualquier otra petición jurídica.La petición del magistrado Garzón llega cuando el Gobierno argentino atraviesa días políticos y económicos muy difíciles. La noticia de que más de cien militares argentinos serían citados a declarar en España, donde se sigue un proceso contra los responsables por la desaparición de ciudadanos españoles residentes en Argentina durante la dictadura militar que padeció el país entre 1976 y 1983, provocó mal humor entre muchos funcionarios, no expresado en declaraciones públicas, salvo por el diputado Miguel Angel Toma, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja en el Parlamento.
Una cuestión política
Toma, candidato a ministro por sus buenas relaciones con los militares, admitió que no se trata sólo de una cuestión jurídica: "Éste es un asunto político que deberá ser analizado y resuelto también en ese ámbito". Según Toma, "la sociedad argentina ha hecho ya una revisión del pasado", y un esfuerzo enorme para alcanzar la pacificación y para superar aquella dramática historia. El diputado no cree posible ahora que, por una decisión "que viene de afuera", los argentinos se vean obligados a echar la vista atrás.Ningún oficial, en activo o retirado, opinó ayer sobre la cuestión. El general Martín Balza, comandante en jefe del Ejército de Tierra, había zanjado la cuestión negándose a opinar.
El abogado Juan Aberg Cobo, defensor del temible capitán de navío Alfredo Astiz, procesado -en rebeldía- y condenado en Francia por el secuestro, tortura, y la desaparición de dos monjas francesas, admitió que la justicia española podría actuar como la francesa. La orden de detención dictada por Francia contra Astiz, a través de Interpol, permanece vigente y el oficial, que acaba de pasar al retiro, sería detenido si intenta salir de Argentina.
En Madrid, las Abuelas de la Plaza de Mayo expresaron su satisfacción y alegría por la actuación de Garzón. También manifestó su apoyo a la actuación del magistrado la Comisión de Familiares de Desaparecidos Españoles. En un comunicado, la comisión expone su "inmensa satisfacción" por la decisión de Garzón, que "renueva la esperanza ayuda a mantener la memoria colectiva, enfrenta la incalificable impunidad y reaviva la decisión de seguir buscando la verdad y el castigo".
La asociación progresista Jueces para la Democracia contempla "con simpatía y agrado" la inciativa del magistrado, pero el portavoz de la asociación, José Antonio Alonso aseguró que no servirá para casi nada y que "un brindis al sol puede ser contraproducente porque los encausados no serán enjuiciados nunca y, además, lo usarán como propaganda".
