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A UN PASO DE LA CIUDAD DEL FUTURO

El PP aprueba en solitario el ensanche de la capital para el siglo XXI

Un cuarto de hora de exposición, casi dos horas de discusión, y hasta octubre. El pleno del Ayuntamiento de Madrid dio ayer el segundo visto bueno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que los vecinos podrán consultar durante agosto y septiembre en el Museo de la Ciudad y en las juntas municipales de cada distrito.Tras ese periodo, en el que se podrán presentar más alegaciones, el Gobierno municipal aprobará definitivamente el nuevo diseño de la ciudad: será el próximo mes de octubre.

En 1997 llegará el preceptivo visto bueno del Gobierno regional. A partir de entonces, la masiva recalificación de suelo decidida (2.200 hectáreas como 22 parques del Retiro) permitirá construir 307.000 viviendas nuevas en una ciudad que cuenta ahora con 1.140.000.

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El de ayer fue un pleno pródigo en desencuentros corteses Con el timbrazo de numerosos teléfonos móviles como fondo, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, defendió las bondades del plan y los ediles de la oposición (PSOE e IU) pidieron la retirada del proyecto y votaron en contra.

De nada sirvieron los noes frente a la mayoría popular. El nuevo diseño urbanístico de Madrid, cuya redacción ha costado 5.000 millones de pesetas, prosigue su andadura y dejará como edificable prácticamente todo el suelo libre de la capital. Su vigencia será de 12 años.

El concejal de Urbanismo dio rápida cuenta de las modificaciones que ha sufrido el proyecto después de que se admitiera "el 75% de las alegaciones presentadas" durante la primera exposición pública. "Es un plan de amplia participación vecinal", se ufanó.

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Entre los cambios, el edil citó la corrección del trazado del tren al aeropuerto, la creación de la nueva autovía urbana M-45 según los criterios de la Comunidad, y la supresión de una vía rápida por la Dehesa de la Villa (muy contestada por los vecinos). También se echa al cesto la iniciativa de derribar la Casa de la Moneda y el Palacio de Deportes. En cuanto a la catalogación de edificios protegidos, se intenta aunar la conservación y "la flexibilidad, a fin de regenerar el centro".

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Los grupos de la oposición creen que el plan es "insolidario"

VIENE DE LA PÁGINA 1También se elimina del nuevo plan la figura de "uso coadyuvante", que permitió al Real Madrid hacer un centro comercial junto a su estadio.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, fue parco al citar las medidas liberalizadoras de suelo, decididas por el Gobierno central el pasado mes de junio, que se han incorporado al plan madrileño. Aunque el PP podía obviarlas por haber comenzado su redacción antes de los cambios, terminó incluyéndolas.

Así, la futura normativa ya no diferencia entre suelo urbanizable programado y no programado. Ello implica que todos los terrenos recalificados pueden construirse inmediatamente. No obstante, el Ayuntamiento intentará demorar la edificación en suelo urbanizable no programado. En este caso se encuentran la mayoría de los terrenos militares de Campamento, zona en la que se prevé un total de 17.000 viviendas.

Del Río también aludió a las rebajas de las cesiones al municipio por el aprovechamiento de los solares, que el Gobierno central disminuyó del 15% al 10%. Tiempo después, cuando el plan acababa de aprobarse, el alcalde, José María Alvarez del Manzano, aprovechó para desmentir que él hubiera evaluado en 200.000 millones de pesetas las perdidas municipales por esa modificación. "Hacer una cuenta estricta es un error", puntualizó.

"Especulación"

El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Herrera, fue el primero en disparar contra el plan. "Hay especulación del suelo, y el resto es una carta a los Reyes Magos".

Para IU, el nuevo diseño se ha hecho "de espaldas a los intereses generales de la ciudad" y tiene como único compromiso la edificabilidad. La "mayor recalificación de suelo de la historia de Madrid" favorece a los especuladores de terrenos y constituirá "una losa de cemento sobre el Gobierno del PP".

Por su parte, los socialistas no ahorraron críticas, pero tampoco agradecimientos por la participación vecinal en el diseño de la ciudad del futuro. Fueron ellos quienes pidieron que el plan pueda consultarse en las juntas de distrito. "Los dueños del suelo son los únicos beneficiados", mantuvo el edil del PSOE José María de la Riva. También auguró un crecimiento de los impuestos para financiar el plan, que prevé inversiones por valor de 1,3 billones de pesetas.

De la Riva criticó la falta de vivienda barata y el previsible déficit de dotaciones "que no son lucrativas" para una iniciativa privada que se erige en timón de la ciudad. "Desacertado, desproporcionado, desmedido, injusto e insolidario" son algunos de los calificativos que dirigió al plan.

El portavoz socialista, Juan Barranco, dijo: "Éste es un antiplán de ordenación urbana"

Añadió que se ha modificado el 90% del proyecto inicial y que el 90% de las alegaciones admitidas "generan plusvalías a particulares y empresas". A ese respecto, Del Río aseguró que de las 16.605 alegaciones presentadas, 15.011 eran de personas físicas.

El concejal de Urbanismo cree que el plan, que sustituirá al que diseñó el gobierno municipal encabezado por el PSOE en 1985, tiene ventajas evidentes para el futuro y el desarrollo de la ciudad. Evitará que "que un ciudadano tome la decisión de no vivir en Madrid porque no hay oferta de viviendas".

Del Río negó que el plan sea el resultado de las presiones inmobiliarias. Y defendió el talante industrial de Madrid: quedan 3,6 millones de metros cuadrados para ese uso, dijo.

En cuanto al parón de los nuevos barrios aprobados con antelación, el edil de Urbanismo aseguró que el Gobierno regional dará el visto bueno definitivo en septiembre. La aprobación, ayer, por segunda vez del nuevo planeamiento urbano de Madrid reduce las estaciones pendientes del vía crucis que debe seguir esta legislación, iniciado en 1992. En agosto y septiembre se podrán presentar nuevas alegaciones. Cuando el Ayuntamiento apruebe definitivamente el plan, el próximo octubre, habrá estado expuesto al público 14 meses. Entrará en vigor el año que viene, tras el visto bueno regional.

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