Cajas destempladas
En la terminología de otro tiempo recibía el nombre de "gallo tapado" aquel candidato, ignorado durante mucho tiempo, que al final obtenía éxito sin ningún problema por los apoyos inesperados y abrumadores que había logrado. Cuando, por vez primera, durante el gobierno de UCD, fueron elegidos los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, quiso reaparecer esta figura pero sin conseguirlo. En ambos casos, el peso específico del restringido cuerpo electoral se impuso sobre las componendas de los partidos de modo que no salió elegido quien éstos habían previsto.Ahora, años después, pasado tanto tiempo y tan tristes avatares del Consejo del Poder Judicial, parece que, sin embargo, el deseo de regeneración no ha llegado a tanto como para que se llegara a una votación espontánea de los miembros del recién nombrado Consejo. El esfuerzo, sin embargo, debe ser agradecido por cuanto las principales fuerzas políticas han conseguido coincidir en el licenciamiento del prototipo de los anteriores consejeros, a menudo más partidistas que quienes les nombraron, y en la promoción de otros nuevos que, al menos, tienen el mérito de tener tras de sí una trayectoria profesional y un bajo perfil partidista. A diferencia de lo que ha sucedido en el Consejo de Radiotelevisión, al menos cada nombre y apellido no viene acompañado de una sigla política. La realidad es, sin embargo, que han perdurado las cuotas con la única novedad de que en la del PSOE ha sido desplazado un determinado clan. Los méritos del nuevo presidente podrán ser grandes, pero la coincidencia de los partidos en su persona no es quien lo garantiza. El Consejo deberá ser juzgado por sus frutos y no cabe la menor duda que ésta ha de ser la última ocasión en que pueda ser tomada en consideración esta forma de nombramiento por el Parlamento.
En realidad existen serias dudas acerca de si no sería mejor la vuelta a un procedimiento de nombramiento parcial por la propia judicatura, dado que el rejuvenecimiento de la profesión quita argumentos a la acusación de franquismo y corporativismo. Ahora, en cambio, son patentes los desafueros practicados por los partidos que, representando poco a la sociedad, no sólo desbordan su actividad hacia el terreno judicial sino a muchos otros. Un caso bien patente es el de Cajamadrid que vive esa situación de "gran aspereza y enojo" que reserva el diccionario para la expresión "con cajas destempladas". Ni siquiera merece la pena recordar nombres, por otro lado muy respetables. El hecho es que, por razones que nada tienen que ver con la vida económica de una entidad que debiera quedar circunscrita a este terreno, se pretende la sustitución de unos gestores por otros. Lo más peregrino del caso es que en el transcurso del debate se descubre que el sujeto paciente de la conspiración se queja de que los confabulados no respetan un pacto previo que les hubiera obligado a la pasividad a cambio del usufructo de la fundación cultural de la entidad. Se bordea el esperpento cuando la información queda completada con la oferta al candidato a defenestrar de que traslade su desvelo por los ahorros de los madrileños a los aviones de los españoles.
En España los partidos son muy poca cosa, pero el partidismo es endémico y lleva su insatisfacción permanente a una grave tendencia a implantarse donde no debiera. Nuestra Constitución dice de los partidos que son un medio -pero no el único- de participación política. Es muy improbable que quien vota a un alcalde de su pueblo lo haga pensando en la forma en que ha de administrarse la justicia o ser gestionados sus ahorros.
Si los partidos -todos y siempre- no moderan su afición a meterse en camisas de once varas, lucrándose de paso con ello, y no se autocontrolan llegará el momento de la insurrección de los ciudadanos. No sería la primera vez. En Italia también el Consejo del Poder Judicial estuvo controlado por los partidos hasta que los jueces decidieron librarse de la tutela. Y uno de los indicios inmediatos del derrumbamiento de la primera república italiana fue precisamente un referéndum contra la presencia de los partidos en las Cajas de Ahorro.
