El Gobierno congela los salarios de funcionarios, altos cargos y todas las empresas públicas

El Gobierno congelará los sueldos de toda la función pública en 1997 para ahorrar 200.000 millones de pesetas en unos presupuestos que hace ya días avisó que serían duros. Esa decisión se aplicará a los empleados de todas las administraciones (central, autonómica y local), a los altos cargos, trabajadores de los entes públicos, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado y las empresas en las que el Estado tenga una participación superior al 50% tanto si están en pérdidas como en beneficios. La decisión, que el Gobierno venía manejando desde hace un mes (ver EL PAÍS del 27 de junio), fue anunciada ayer en una rueda de prensa por sorpresa. Los secretarios de Estado de la Administración Pública, Francisco Villar, y de Presupuestos y Gasto, José Folgado, pusieron cara de circunstancias y reconocieron, desde su inicio, que la medida "no es fácil ni agradable". No sucedía desde enero de 1994 y existía un compromiso con los sindicatos, pactado a finales de ese año con el anterior Gobierno socialista, de que no volvería a repetirse.Fue una comparecencia breve. Villar manifestó que la congelación salarial afectará a todos los altos cargos y empleados públicos sin excepción, incluidos los de las empresas estatales, y expresó su confianza en que la medida sea también un referente para la negociación colectiva en la empresa privada.

Esta decisión del Gobierno del Partido Popular afectará a más de dos millones de empleados públicos, y Villar calcula que la medida supondrá un ahorro de gasto público de unos 200.000 millones de pesetas.

Cumplir Maastricht

Folgado se extendió en las justificaciones de la decisión del Gobierno. Aseguró que esta medida de austeridad y reducción del gasto público es absolutamente necesaria si España pretende estar en la Unión Monetaria en 1997. La reducción del déficit de las Administraciones Públicas del 4,4% en 1996 al 3% en 1997, necesario para cumplir los objetivos de convergencia, pasa por esta decisión, aseguró el secretario de Estado, quien reiteró que el Gobierno mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones y de los perceptores de las prestaciones de desempleo.

"Tenemos sólo año y medio para realizar más del 70% del ajuste necesario para entrar en Europa", añadió José Folgado. A renglón seguido, el secretario de Estado manifestó que el incumplimiento de estos requisitos y el desenganche de España de la Unión Monetaria supondría mayores tipos de interés, una caída de las inversiones y, en consecuencia, un bajón del empleo.

El Ejecutivo notificó la medida a los sindicatos y expresó su voluntad de que esta decisión no signifique una ruptura de la negociación y el diálogo social para temas como la formación, la oferta de empleo público y el Estatuto de la Función Pública.

La reacción de la oposición fue dura. El portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó al Gobierno de incumplir el compromiso con los sindicatos, de 1994, de evitar congelaciones salariales. Villar y Folgado lo cuestionaron al señalar que estaba condicionado al crecimiento económico. El portavoz adjunto del PSOE, Jesús Caldera, aseguró que la medida es "injusta" porque "supone el sacrificio de quienes tienen sueldos bajos para compensar el regalo que el Gobierno ha ofrecido a los empresarios con las medidas fiscales". Convergència i Unió ha mostrado su desacuerdo con la congelación salarial decidida por su socio parlamentario.