El final de los monopolios eléctricos

La decisión de la reunión de ministros de Energía de la UE del 20 de junio pasado de dar libertad a los grandes consumidores para elegir la compañía eléctrica que quieran, va a significar el principio del fin de los monopolios eléctricos en muchos países europeos. Este proceso de liberalización, que se está extendiendo por el mundo desde hace siete años, arrancó en el Cono Sur americano -Chile, Argentina- y en Europa se ha implantado ya en el Reino Unido, Noruega, Suecia y Finlandia. Curiosamente, Estados Unidos se ha incorporado tardíamente a este proceso de liberalización, con la propuesta de desmonopolización del mercado eléctrico de California. Curiosamente también, España se situó en la avanzadilla de este proceso de liberalización con la aprobación de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional en 1994 si bien sus principales previsiones -por ejemplo, la de libertad de elección para grandes consumidores- están aún por desarrollar.Este movimiento de cambio regulatorio se puede identificar con dos palabras: competencia y transparencia. La competencia en la electricidad empezó cuando se puso en evidencia que no había un solo negocio eléctrico sino varios negocios dentro de él: generación, distribución, transporte, suministro, medición, etcétera, y que la generación y el suministro, por ejemplo, no tienen por qué estar monopolizados. No hay ninguna razón para que, si alguien genera electricidad más barata que las empresas eléctricas tradicionales, se le impida hacerlo. No hay ninguna razón para negar al consumidor la posibilidad de elegir el suministrador que quiera. Y esto es la competencia: rivalidad entre las empresas para conseguir atraer a un consumidor al que se le da la posibilidad de elegir.

La competencia en el sector eléctrico está teniendo, en los países donde se ha introducido, los mismos efectos que ha tenido en los demás sectores productivos. Así, en cuanto a su efecto sobre los consumidores, se observa que, cuando se les da la. posibilidad de elegir, eligen. Por ejemplo, en 1994, se les dio a 50.000 grandes consumidores británicos la posibilidad de elegir. Pues bien, más de la mitad de esos consumidores decidió abandonar la compañía de su zona y eligió otra distinta. En cuanto al efecto de la competencia sobre las empresas, el más importante es que les obliga a reducir costes, con lo que el consumidor acaba pagando más barata la electricidad. Las empresas se ven forzadas a mejorar sus servicios y se estimula la incorporación de las innovaciones tecnológicas.

Pero la competencia tiene efectos, también, sobre el conjunto de la economía. La competencia, al reducir el precio de un input tan trascendental para la economía como la electricidad, permite que los exportadores mejoren su competitividad y aumenta el empleo. También, al reducir los precios al consumo, los salarios reales aumentan y la gente tiene más dinero para gastarlo en otras cosas como educación, cultura, ocio, etétera. Con la competencia en el sector eléctrico no sucederá nada distinto de lo que a sucedido en los otros sectores: a más competencia, más bienestar.

Esta nueva ola regulatoria, además de traer al sector eléctrico la competencia, ha traído también la transparencia a un sector opaco cuyas regulaciones y características eran desconocidas, cuando no ocultadas, a la mayoría de la población en muchos países. De ahí que se estén creando, en los países que no las tenían, unas comisiones reguladoras encargadas de velar por la transparencia. Ello es lógico en un sector en el que subsisten muchos residuos monopólicos. Así, por ejemplo, las nuevas empresas que quieran ofrecer el suministro de energía eléctrica a cualquier consumidor, tendrán que saber qué es lo que cuesta transportar y distribuir la misma y ello debe ser transparente, sin que la empresa distribuidora local pueda abusar de su posición de dominio. Los, beneficios de las empresas deberán ser los que resulten de una buena gestión pero no podrán, surgir de una regulación opaca que ponga obstáculos a que entren a competir las empresas más eficientes.

A las dos palabras clave -competencia y transparencia- que caracterizan el proceso de la liberalización que está acabando con los monopolios eléctricos, los españoles, al aprobar la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, hemos añadido una tercera palabra: la gradualidad.

España no ha optado por un big-bang eléctrico, entre otras cosas porque nuestras empresas, al estar produciendo a precios superiores a los de libre competencia, tendrían graves problemas si la liberalización se hiciera de repente.

El Parlamento español no aprobó una liberalización radical y rápida, sino una liberalización moderada, cuyo ritmo de apertura está en manos del Gobierno, que cuenta con el asesoramiento y las propuestas de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

La ley española abre las posibilidades a un sistema libre (al, que denomina "independiente") en el que consumidores, generadores y suministradores podrán pactar las condiciones que quieran. Los reguladores están obligados a abrir estas posibilidades de liberalización pero la ley prevé también que, durante algún tiempo, algunos consumidores permanezcan en un sistema protegido, (al que la ley denomina "integrado"), en el que estarán obligados a pagar transitoriamente precios altos y, con ello, se protegerá a las empresas eléctricas tradicionales de la competencia de las nuevas empresas. No obstante, la ley, al exigir que el suministro se haga al menor coste posible, también obliga al regulador a ir reduciendo esos precios, con lo que los consumidores del sistema protegido también irán recogiendo beneficios del nuevo sistema de regulación. Éste es, pues, el paisaje en el que va a transcurrir el final de los monopolios eléctricos: cada día más competencia, cada día más posibilidad de elección del consumidor, cada día mayor rivalidad entre las empresas y, por tanto, cada día electricidad más barata para todos.

Cada día más transparencia, menos opacidad, más conocimiento por parte de los ciudadanos de las condiciones y precios a las que se le obliga a Consumir la electricidad. Y, en España, todo se hará a un ritmo moderado, con lo que, durante algún tiempo, los consumidores españoles tendrán que seguir pagando precios más altos que los que obtendrían en una situación de competencia total pero ello permitirá ayudar a las empresas eléctricas a liberalizarse, a desprotegerse.

Alguien puede preguntarse si esta vía moderada no supone otorgar un privilegio injustificado a las empresas eléctricas. Ciertamente proteger a las empresas eléctricas de la competencia durante algún tiempo puede ser visto como un privilegio que no tienen otras empresas españolas que están ya totalmente abiertas a la competencia.

Pero hay que darse cuenta que esta protección puede estar justificada si es transitoria porque permitirá a la empresa eléctrica ir adaptándose a una nueva situación de competencia. Y en este sentido las empresas del sector eléctrico no van a tener más privilegios que los que han tenido otros sectores en España porque también la liberalización de estos sectores se hizo lentamente. Nuestros sectores textil, siderúrgico o financiero tampoco se han liberalizado de la noche a la mañana. Como sucede ahora con el sector eléctrico, esos sectores también producían a precios superiores al de libre competencia y fue sensato darles tiempo a que se fueran adaptando.

Pero lo que tampoco cabe es detener este proceso, aceptar las pretensiones de quienes quieren impedir o retrasar la liberalización, ya que ello no sólo perjudicaría a los consumidores y a la competitividad de la industria española sino que también sería dañino para el interés de las propias empresas eléctricas en el largo plazo.

Hay ejemplos lamentables, como el del transporte aéreo doméstico en España, donde en vez de haber bajado paulatinamente los precios regulados fueron subiéndose cada año y donde se perdió la oportunidad de abrir poco a poco algunas líneas a la competencia. Al final, cuando de repente llegó desde Bruselas la liberalización del transporte aéreo, nos dimos cuenta que la empresa española protegida estaba muy lejos de ser capaz de vender sus servicios a los precios de competencia. Se pensó que retrasando la liberalización se ayudaba a la empresa y, al final, se ha comprobado lo contrario.

En los procesos de liberalización siempre es peligroso situarse en alguno de los dos extremos. Los desastres siempre llegan o por querer reformar de la noche a la mañana, o por tratar de resistirse a la inevitable reforma. Los reguladores, aun que entiendan el clamor de los consumidores que quieren ¡ya! precios de energía eléctrica más, bajos, no deben pedir lo imposible a las empresas eléctricas pero tampoco nadie debería tratar de impedir este proceso de desmonopolización aunque, lógicamente, sea incómodo e incluso doloroso, para quienes van a desprotegerse. Las empresas deben saber que si no se ajustan gradualmente, desde ahora, se verán forzadas a ha cerlo brutalmente más adelante. Lo mejor para todos -consumidores y empresas- es que a nadie le quede ninguna duda de que acabar con los monopolios eléctricos es un objetivo irrenunciable pero también que ello se debe hacer con la mayor suavidad posible.