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miércoles, 29 de mayo de 1996
EL 'CASO BANESTO'

Una fianza de 6.281 millones

El juez Manuel GarcíaCastellón ordenó ayer la apertura del juicio oral contra el ex presidente de Banesto Mario Conde y los ex directivos Arturo Romaní, Enrique Lasarte, Rafael Pérez Escolar, Juan Belloso, Ramiro Núñez y Fernando Garro y el presunto testaferro Eugenio Martínez Jiménez, por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en un conjunto de ocho operaciones. El juez exige a los acusados fianzas individuales por los daños producidos que suman 16.281 millones de pesetas, que deberán ser presentadas en un plazo de 24 horas a partir de que se les notifique personalmente la citada exigencia, y no desde que se conoce públicamente el auto.

El auto pide una serie de medidas cautelares. La principal de ellas es mantener la libertad provisional y requerir a los acusados para que, en el plazo de 24 horas desde que reciban la notificación personalmente, presenten una fianza global de 16.281 millones de pesetas.Para Mario Conde, acusado de tres delitos de estafa, dos de apropiación indebida y uno de falsedad, el magistrado solicita un total de 390 millones de pesetas en concepto de fianza, que tendrá que avalar en solitario por un delito continuado de apropiación indebida en - la operación de retirada de 300 millones de la caja del banco.

Además, Conde tendrá que hacer frente a 1.591 millones conjunta y solidariamente con el ex vicepresidente Arturo Romaní por un delito continuado de estafa. El juez también ha fijado una fianza de 1.747 millones de fianza subsidiaria para Conde, Romaní y Rafael Pérez Escolar por las operaciones- Oil Dor y Dorna.

García-Castellón dispone asimismo una fianza para Conde y Eugenio Martínez, presunto testaferro de aquél, de 6.397 millones en total por un delito de estafa y otro de falsedad. Para Romaní solicita una fianza de 2.560 millones por tres delitos de estafa. Para Fernando Garro se pide 259 millones por un delito de estafa y 2.245 por otro similar por emisión de cheques bancarios. Por delito continuado de estafa pide una fianza de 1.088 millones para Rafael Pérez Escolar.

El juez subraya que los ocho acusados actuaron con la única finalidad de "ocultar la verdadera situación patrimonial del banco". Para ello, el equipo de Conde utilizó diferentes artificios, como sobrevalorar los activos o no dotar provisiones.

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