Perote, Conde y la teoría de la casualidad

QUE EL general Rodríguez Galindo fuera el inspirador o creador del llamado GAL verde es posible. Pero no por ello Mario Conde dejaría de ser un estafador si así lo sentencian los jueces que pronto habrán de juzgarle. Simétricamente, que se demuestre que Conde no sólo es un estafador, sino el autor de las filtraciones que implican a Galindo y a otros guardias civiles en la guerra sucia, no bastaría para dar por inexistente ese supuesto GAL verde.

Cada vez que una actuación judicial aproxima al ex banquero al banquillo aparecen en la prensa -siempre en el mismo periódico- nuevas revelaciones sobre los GAL y sus derivaciones. Puede que sea casual., pero la reiteración induce a considerar que dos y dos suman cuatro. Ayer, una de las noticias del día era que el juez García-Castellón había finalizado, la instrucción del sumario del caso Banesto, en el que Mario Conde y otros antiguos gestores de la entidad son acusados de graves delitos. El diario El Mundo, aparte de reiterar su tesis de que en la intervención de Banesto podría haber habido "causas no estrictamente económicas" (es decir, políticas), publicaba en primera página una información en la que ofrecía, como fruto de: "varios meses de investigación", las "pruebas que implican directamente a Galindo en la creación de un grupo que desarrolló el terrorismo de Estado".

Durante el año y medio transcurrido desde el inicio del procedimiento judicial, la defensa de Mario Conde apenas se ha ocupado de rebatir las acusaciones que pesan sobre él: estafa, falsedad en documento, mercantil, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. Su estrategia se ha dirigido a impugnar la instrucción mediante recursos diversos -principalmente, contra la competencia del juez García- Castellón en el caso y a forzar, mediante intrigas de alto nivel, una ntervención desde el poder ejecutivo. Que Felipe González recibiera en su despacho al abogado de Mario Conde en lo que tenía todo el aspecto de un intento de chantaje fue uno de los errores más graves del hoy presidente en funciones durante la pasada legislatura.

Quizá algún día se sepa qué ofrecía Conde o con qué amenazaba. Es bastante probable que el manuscrito de marras estuviera en la lista de objetos intercambiables. De momento, lo que se sabe es que periódicamente aparecen en el mismo diario, come, consecuencia de "meses de investigación", papeles que coinciden con los que Juan Alberto Perote, ex número dos de los servicios de información militar, sustrajo de la sede del Cesid, según la acusación que le ha llevado a prisión preventiva. También se sabe que Perote fue citado por Conde como testigo en relación con el caso Crillon y que ambos celebraron una entrevista cuando se publicaban en ese periódico las primeras filtraciones de material robado al Cesid. Y conocido es también que Conde y Perote comparten abogado: el mismo que intentó presionar al Gobierno. No faltan personas que suponen que esos datos avalan la sospecha de que Perote vendió a Conde los papeles por cuya sustracción está procesado el antiguo número dos del Cesid. Hay quien sospecha incluso que Conde administra la filtración de los mismos como elemento de extorsión.

Ahora aparece lo que se presenta como transcripción manuscrita de una supuesta cinta magnetofónica en la que Galindo reconocería su participación en la guerra sucia. Se dice que la cinta fue grabada por un topo del Cesid en la Guardia Civil, pero la cinta no aparece y el supuesto agente, Pedro Gómez Nieto, ya ha negado por dos veces ante el juez Garzón ser confidente del Cesid o de Perote. Ayer mismo desmentía ser el autor del manuscrito. El domingo pasado, a manera de disparo preventivo nada inusual, Abc publicaba una declaración de Perote en la que éste advertía. que el material incautado en su celda por el juez Garzón "contiene errores e incluso hechos falsos". Dada la vocación de ese diario en la defensa de Galindo, se podía augurar como inminente una filtración sobre el ex responsalble del cuartel de Intxaurrondo. Quizá esto explique el empeño del PP en la creación de una comisión parlamentaria sobre los GAL -cuando ya se encontraba en el Supremo la investigación judicial sobre el caso- y su negativa cerrada a la que solicitaron el PNV e IU sobre Intxaurrondo. Si ello fuera así, habría que concluir que el balcón de Carabaña se ha quedado pequeño.