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Las víctimas del embargo

RÉGIS DEBRAY (*) Los firmantes piden el levantamiento del embargo a Irak porque en vez de debilitar a Sadam Husein es un castigo al pueblo iraquí

"El embargo impuesto a Irak por las Naciones Unidas ha supuesto la muerte de 560.000 niños desde el fin de la guerra del Golfo, en febrero de 199 1, según indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO) en un informe hecho público el 30 de noviembre de l995". Esta información, publicada de manera poco destacada Por Le Monde del 2 de diciembre de 1995 y EL PAÍS del 1 y del 6 de diciembre de 1995, ha pasado aparentemente inadvertida. Al menos, a los ojos de los que habitualmente dan. lecciones en materia de derechos humanos y de los especialistas de la indignación selectiva. Si se hubiera dejado morir a 560.000 perros se habría visto, con toda seguridad, una aparición multitudinaria de los capitanes Araña que habrían acudido con sus coplas de denuncia. Y se puede apostar que tal noticia habría ocupado la portada de todos los medios de comunicación, escritos o audiovisuales. Pero, ¡ay!, ¡se trata de niños iraquíes! Como se recordará, los nazis habían decidido que el pueblo judío pertenecía a la categoría racial de los unter-menschen (infrahombres): el holocausto fue la expresión aberrante de esta visión del mundo. Nadie osaría hoy mantener ese alegato a propósito del pueblo iraquí, pero ¿acaso el resultado no es el mismo? ¿No se está a punto de consentir un auténtico genocidio silencioso del pueblo iraquí so pretexto de que el régimen de Sadam Husein no cumplía con las condiciones de la ONU? Un periodista norteamericano ha llevado el cinismo hasta el extremo de sostener que esa situación inhumana es imputable a Sadam Husein, quien, de este modo, "transigiría" con la desaparición progresiva de su pueblo con el único, fin de mantenerse en el poder (Herald Tribune, 28 de diciembre de, 1995). Por lo mismo, se podría también decir que, manteniendo el embargo, el Consejo de Seguridad se hace cómplice de esa actitud ...

El Consejo de Seguridad, sometido a la voluntad estadounidense, declara que no aplicará el artículo 22 de la resolución 687 sobre el levantamiento del embargo hasta que Irak no satisfaga todas las cláusulas de la misma, y, por lo que se refiere al control de exportaciones, que, conforme a la resolución 986, este país puede vender una cantidad ]limitada de petróleo. En cuanto a lo primero, las interpretaciones norteamericanas respecto a la resolución 687 son tales que en realidad suponen obligar a los iraquíes a abdicar de cualquier manifestación de soberanía nacional. Es la vieja práctica del mandato, aplicada hace un tiempo por la Sociedad de Naciones y utilizada hoy por el Consejo de Seguridad. Por lo que se refiere al segundo punto, la hipocresía linda ya con el puro y simple rechazo de las exigencias humanitarias: si Irak puede vender poco más o menos mil millones de dólares de petróleo cada tres meses, las retenciones practicadas por la ONU sobre esa suma por diversos conceptos son tales que apenas queda poco más de 6,5 dólares mensuales para cada uno de los 20 millones de iraquies.

Hay que plantearse lúcida y francamente las siguientes cuestiones:

¿Es compatible la posición norteamericana con los intereses de Europa en Oriente Próximo? ¿Nos interesa sostener una estrategia que, al alimentar el brasero del integrismo, hace del Mediterráneo una zona de conflictos, y de Irak, un campo de pruebas de la recolonización del mundo? ¿Hay que aceptar el monopolio absoluto de una potencia (Estados Unidos) sobre el principal recurso energético mundial en los próximos decenios? En realidad, la estrategia estadounidense no ha variado desde los años treinta: se orienta a apropiarse del control de las reservas de petróleo para dominar su precio. De eso dependían y dependen el futuro del dólar y, por tanto, las relaciones hegemonicas respecto a Europa y Asia. Todos los Estados de esa región que escapan al control de EE UU son considerados por Washington como un peligro (Irán, Irak, Libia). Por eso, el encarnizamiento con el pueblo iraquí, al que nunca se acaba de hacer pagar los errores de sus dirigentes, lleva consigo inevitablemente el incremento del odio antioccidental en Irak y el mundo árabe.

El Consejo de Seguridad acaba de prorrogar ese embargo por dos meses. Francia, molesta por las consecuencias dramáticas para el pueblo iraquí que de ello se derivan, ha pedido el envío de una delegación a Irak para formular un informe. Es irrisorio. No hay nada que justifique el mantenimiento del embargo. Se sabe perfectamente que toda, la producción de armas de Irak está en realidad bajo control del Consejo de Seguridad. Pues bien, nada indica que el Consejo vaya a cambiar de actitud. Además, en Estados Unidos, la campaña electoral paralizará hasta noviembre de 1996 cualquier veleidad de volver a plantear la cuestión del embargo, sean quienes sean los candidatos.

Quinientos sesenta mil niños muertos. desde 1991 suponen más de 110.000 cada año. Habrá otros tantos en 1996. Debemos rechazar esa matanza. Apelamos, pues, más allá de las posiciones políticas de unos u otros, a intervenir ante los respectivos Gobiernos de la Unión Europea y del mundo entero para que impongan al Consejo de Seguridad el levantamiento del embargo conforme al artículo 22 de la resolución 687. A falta de obtener esta medida por parte del Consejo de Seguridad y de EE UU, les pedimos que favorezcan las condiciones del levantamiento del embargo por razones humanitarias y que desde ahora mismo las apliquen, puesto que la pretendida amenaza militar iraquí ya no es otra cosa que un pretexto escandaloso para mantener a todo un pueblo de rodillas.*

es filósofo y escritor. Firman también este artículo Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado; Juan María Bandrés, abogado; Victoria Camps, catedrática de Etica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Jean-Pierre Chévénement, ex ministro de Defensa de Francia y diputado por Belfort; José Antonio Gimbernat, catedrático de Filosofía; Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho; Sami Naïr, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad París XVIII; Pedro Ruiz, rector de la Universidad de Valencia; Ramón Sáez, magistrado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y Manuel Vázquez Montalbán, escritor.

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