"La futura Ley de Comercio es un paso atrás"

El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, asegura que introducir en el entramado económico cualquier elemento contra la regulación en pro de una mayor competencia ofrece resistencia y que la labor del tribunal, aunque avanza de forma lenta, ha sembrado una inquietud sobre los peligros de una economía cerrada.Pregunta. La Ley de Comercio está a punto de ver la luz. ¿Que valoración hace de este texto?.

Respuesta. Nosotros éramos más partidarios de retocar el Código de Comercio que de elaborar una nueva nueva Ley de Comercio. Creo que hemos dado un paso atrás en la liberalización comercial y que hemos perdido una ocasión histórica de introducir competencia en el sector del comercio. Comprendo que existe un problema de votos y que la aritmética electoral es inflexible, pero lo cierto es que el sector se volverá más cerrado y restrictivo.

P. ¿En qué aspectos concretos la ley retrocede terreno y qué cabe hacer ahora para mejorar la competencia?.

R. Se ha dejado, sin resolver de una forma definitiva la libertad de horarios comerciales. Se retrasa hasta el año 2001 la total libertad de horarios pero se da cabida a las posibles sugerencias de las diferentes comunidades autónomas. Al dejar esta puerta abierta, el sector no se va a tomar en serio la modernización todo se retrasará. Nosotros queríamos que los ayuntamientos tomaran cartas en el asunto de los horarios porque los ayuntamientos viven más de cerca los problemas de los electores y de los ciudadanos. Pero ya no hay remedio. Tan sólo cabe esperar que una ley puede ser retocada o cambiada por otra.

P. ¿Cree que el Tribunal será capaz de introducir cambios en el actual modelo farmacéutico tras las últimas resistencias?.

R. Es un sector muy difícil de cambiar, pero creo que se han producido avances importantes. No puede seguir la actual situación y creo que es posible alcanzar acuerdos en la introducción de descuentos comerciales. No se pueden mantener unos márgenes comerciales en cosmética del 200%. Si un negocio tiene mucho riesgo, puede tener mucho margen, pero no es el caso. La Seguridad Social se ahorraría unos 50.000 millones de pesetas si introducimos competencia. Negociando se puede llevar lejos, aunque hay que reconocer que es un sector muy corporativista.

P. ¿Es cierto que se han llegado a traspasar farmacias por cifras cercanas a los 200 millones?.

R. No solamente es cierto, sino que hemos detectado algunos casos que van en contra del estatuto de la profesión. Estamos investigando algún contrato de aparcería. El hecho consiste en ponerse de acuerdo uno o dos inversores y un titulado de farmacia. Abren una farmacia durante el tiempo mínimo y luego la traspasan y se reparten los beneficios. Este hecho no es común pero sí hemos detectado algún casó sobre el que tenemos abierta una investigación. Estarnos ante un negocio de monopolio y parece poco lógico que hoy en día no se pueda abrir un. negocio similar como ocurre en los demás sectores comerciales. Es necesario cambiar el estatuto profesional.

P. Otro de los aspectos en los que tribunal puede incidir es en el sistema de precios máximos de los carburantes.

R. En este terreno intuyo que en el mercado está pasando algo importante. Los supermercados están vendiendo carburante a un precio menor. Hasta ahora es un sector liberalizado pero sin competencia. Sin emargo, la en trada de las grandes superficies puede introducir un elemento muy importante para despertar la competencia. Si alguien en tiende que esto es competencia desleal que lo denuncie. Cree mos que en cuanto haya competencia real, el precio máximo de jará de tener sentido. Además, siempre que se ha introducido competencia en un sector, cómo por ejemplo el aéreo o de telecomunicaciones, los precios han bajado sensiblemente. La ten dencia de los sectores y los cuerpos profesionales es lógicamente a la autoprotección. Sin embargo, la experiencia enseña que la competencia trae muchos más beneficios que perjuicios.

P. Recientemente, se ha planteado una polémica entre los bancos y las cajas al no poder los bancos adquirir cajas por su naturaleza jurídica.

R. El sector de banca al por menor ha dado pasos muy importantes hacia la liberalización y además ha logrado reducir costes de intermediación. Hay que reconocer que las cajas de ahorros han ganado en eficiencia y que su naturaleza les concede algunas ventajas sobre los bancos. Las cajas son fundaciones y eso dificulta que puedan ser compradas por los bancos, mientras que las cajas sí que pueden adquirir bancos. Esto es una realidad. De todas formas, no creo que debamos copiar tal cual el modelo italiano que ha fomentado la compra masiva de cajas por los bancos. Es un tema que debe ser pensado con cierta calma. Además, a nadie se le oculta que el poder político de algunas comunidades autónomas no es ajeno a la gestión de algunas cajas y esto es un riesgo para el futuro.

P. Otros sectores que ha estudiado el tribunal fueron los de cine y puertos. ¿Qué ha detectado en ellos?.

R. En el sector del cine hemos pedido una reducción paulatina de las ayudas públicas, mientras que en el sector de puertos. he mos detectado que existen prácticas que entorpecen la competencia. Por ejemplo, somos partidarios de cambiar el sistema de concesión de licencias por el de autorización. Otro tema importante para rentabilizar la inversión es abrir los puertos los fines de semana como ocurre en Europa. Hay que abrir un cuerpo tan cerrado como el de los prácticos de los puertos.

P. Uno de los huesos más duros de roer sigue siendo la Ley del Suelo.

R. Es un tema muy complicado en el que están muchas partes implicadas. Hasta ahora, ha habido un debate intenso y extenso pero sin demasiados avances. Es urgente que este Gobierno o cualquier Gobierno retome con seriedad un terna que incide de una forma determinante en el grado de competitividad de nuestra economía. El suelo no es un bien escaso y sin embargo incide de forma directa sobre los precios de las viviendas, que son de los más caros de Europa. Eso al final incide sobre los salarios y el gasto público. Estamos ante una carestía administrtiva, no real, que genera varios elementos perversos para la mejora de la competitividad.