Los constructores temen que la Ley de Contratos y las elecciones congelen la licitación hasta verano
El retraso en el desarrollo de la Ley de Contratos y el futuro calendario electoral han encendido las luces de emergencia en las empresas constructoras. Lo primero ha provocado que la licitación esté parada desde hace tres meses, periodo que inevitablemente se alargará. A ello habrá que unir el desfase que se produce en período electoral, que será mucho más largo si, como apuntan los pronósticos, se produce un triunfo del Partido Popular en las elecciones previstas para marzo. Los cálculos más pesimistas de las constructoras apuntan a una congelación de. las licitaciones hasta el próximo verano. Es decir, casi un año de incertidumbre y obras futuras en el aire por valor cercano al billón de pesetas.
La Ley de Contratos del Estado y el futuro calendario electoral se han convertido, por ese orden, en las preocupaciones centrales de los responsables de las empresas constructoras del país, tanto por sus efectos económicos inmediatos como por los que se puedan producir a largo plazo.El problema central suscitado por la Ley de Contratos radica en el retraso de su desarrollo reglamentario, que está pendiente desde el pasado verano. En estos momentos, y tras un dictamen de Justicia, son la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el Ministerio de Economía los que deben pronunciarse sobre el reglamento. Este texto es de vital importancia, puesto que debe fijar las limitaciones que tendrán las empresas inmersas en procesos judiciales para contratar con el Estado.
De momento, el texto de la Ley, en concreto su artículo 20, prohibe contratar durante cinco años con la Administración a quienes estén "condenados mediante sentencia firme" o "procesados o acusados por de .litos de falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohechó, malversación de caudales públicos, tráfico de in ' fluencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revela ción de secretos o uso de información privilegiada o delitos contra la Hacienda Pública". Huarte y Cubiertas Esta redacción ha motivado una gran polémica, puesto que, según sus detractores, es inconstitucional ya que va en contra de la presunción de inocencia. Además, hay serias dudas sobre si, su apliación se puede efectuar o no con efectos retroactivos y sobre si la responsabilidad acaba en la persona inmersa en el proceso jurídico o se extiende a la empresa en la que trabaja. Ya el verano pasado, dos empresas, Huarte y Cubiertas, aceptaron la dimisión da varios de sus ejecutivos, como consecuencia de este panorama legal. Mientras se dilucida el alcance. legal del reglamento, el retraso en que vea la luz ya ha tenido sus primeras consecuencias económicas. El reglamento debe ser la base de los pliegos de condiciones que han de regir la concesión de las obras del Estado. Éstas se encuentran paralizadas desde hace tres meses, lo cual ha supuesto la congelación de la licitación por valor de 250.000 millones (véase EL PAÍS del 4 de noviembre de 1995).
Este parón se va a ver ampliado, puesto que no hay fecha para que el reglamento sea efectivo. Un parón que, además, se puede ver agravado por el, calendario electoral y su culminación. Según fuentes empresariales, en el supuesto de que, como apuntan los pronósticos, el PP gane los comicios previstos para marzo podría no ponerse en marcha la máquina ria de concesión de obras prácticamente hasta el próximo verano. Es decir., y según el peor escenario manejado por los constructores, podría consumirse prácticamente un año sin licitaciones del Estado, lo que supone cerca de un billón.
Este retraso realmente no pone en peligro inmediato la salud de la mayor parte de las constructoras, puesto que todas tienen una cartera de pedidos de más de un año y medio de reserva y porque, cuando se aclare el panorama jurídico-político, se podría recuperar el nivel de licitación en tres meses de adjudicaciones masivas.
La situación sí puede ser trascendente para empresas en las que confluyan problemas financieros y la posibilidad de quedar excluidos de contratar con el Estado como consecuencia de la Ley de Contratos. Es el caso de Huarte, que está elaborando un plan de ajuste para hacer frente a unas deudas que rondan los 45.000 millones.
