Aforados, testigos y responsables políticos

El Grupo Popular del Senado citará para que comparezcan ante la comisión a todos los encausados en el procedimiento judicial y a todos los que, sin estarlo, tengan responsabilidad política o puedan esclarecer quién la tiene. Fuentes del grupo en la Cámara alta precisaron ayer, nada más terminar la votación, que pedirán la comparecencia de José Luis Corcuera para interesarse por los presuntos pagos en Suiza a José Amedo y Michel Domínguez durante su mandato, pero también la del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo si se considera que puede aclarar si recibió órdenes superiores relacionadas los GAL.El Reglamento del Senado es parco en sus previsiones sobre las comisiones de investigación. Establece en su artículo 60 que una vez constituidas "elaborarán un plan de trabajo fijando sus actuaciones y plazos". Podrán citar a cualquier persona y la incomparecencia constituirá delito. El resultado de la investigación "será comunicado, en su caso, al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones que correspondan". No obstante, queda claro que "no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales".

Composición de la comisión

Según los criterios de compo sición de las comisiones del Senado, y al no haberse aprobado ayer nada distinto, la de los GAL quedará integrada previsiblemen 1 te por 14 miembros del PP, 13 del PSOE, dos de CiÚ y un representante por cada uno de los grupos del PNV, Coalición Canaria y Mixto. Los populares adelantaron ayer que presentarán su candidatura a la presidencia. Interpretan que la costumbre del PSOE de cederla a un grupo minoritario en las comisiones formadas en.el Congreso obedece a la lógica de que el control del Gobierno no sea presidido por un parlamenta rio del grupo que sustenta al Ejecutivo, situación que no se da en la Cámara alta al ser la minoría mayor la del principal partido de la oposición.

La objeción de que la comisión sólo trata de desgastar al Gobierno y al PSOE, porque ni siquiera tendrá tiempo de completar sus trabajos antes de la disolución de las cámaras, fue replicada por el portavoz del Grupo Popular, Angel Acebes, desde la tribuna. El Senado, subrayó, tiene limitado constitucionalmente a dos meses el plazo máximo para la tramitación de una ley. "Si en dos meses tenemos que tramitar una cuestión tan trascendental como el Código Penal ¿cómo no vamos a poder completar los trabajos de investigación sobre los GAL?", se preguntó Acebes.