El Poder Judicial acuerda por 9 votos a 18 que el juez del 'caso Conde' no asuma nuevos asuntos

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantuvo ayer una sesión tensa sobre la situación de Manuel García-Castellón, juez de apoyo del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular Miguel Moreiras. Todos coincidieron en que García-Castellón siga instruyendo el caso Conde, pero nueve votaron que no asuma nuevos asuntos y los otros ocho defendieron que el juez de apoyo siga compartiendo el juzgado con el titular y, por tanto, se le puedan asignar nuevos asuntos, según acordó la comisión permanente el 25 de abril último.

Al margen del caso Conde, los consejeros del poder judicial se enfrentaron ayer en defensa de la situación de Moreiras como juez titular, desde la mayoría, y a favor de la estabilidad de García-Castellón en su puesto de la Audiencia Nacional, desde la minoría.Los consejeros de la mayoría esgrimieron los informes del servicio de inspección según los cuales están prácticamente actualizados los asuntos a cargo del juez Moreiras. Otro informe del propio Moreiras atribuye la gran mayoría de los retrasos a casos en los que debe informar el Ministerio Fiscal. El vocal Javier Gómez de Liaño -hermano del abogado de Conde- señaló que, ante tal situación, la sustitución de Moreiras por la vía de la comisión de servicio de García-Castellón, "significaría una sanción encubierta que atentaría a la inamovilidad judicial, inadmisible en una democracia, aunque normal durante el franquismo".

En cambio, el vocal de la minoría Andrés de la Oliva, que anunció un voto particular razonado sobre la materia, anticipó ayer a este periódico que el juez García-Castellón tiene derecho a mantener su puesto judicial en la Audiencia Nacional hasta tanto se cree el sexto juzgado central. De la Oliva recordó que este juez, que era decano de los juzgados de Valladolid, vino a Madrid para sustituir a Baltasar Garzón en el juzgado central número 5, y a la vuelta de Garzón de la política, quedó adscrito a los juzgados centrales, según lo previsto en el artículo 118 de la ley orgánica del Poder Judicial.

El vocal De la Oliva defendió que García-Castellón "no es un juez a dedo para un caso concreto", sino que como consecuencia de que la comisión permanente del CGPJ le adscribió en octubre de 1994 por seis meses al juzgado central número 3, "se hizo cargo de los asuntos que le llegaron después, como tendría ahora que asumir los que pudieran llegarle, si se hubiera mantenido el acuerdo de la comisión permanente del 25 de abril último".

Un juez para el 'caso GAL'

De la Oliva no quiso hacer juicios de intenciones, pero expresó a este periódico su sospecha de que alguien en el seno del CGPJ desee que, en caso de que el Tribunal Constitucional quite a Garzón el caso Gal, lo asuma Moreiras, en lugar de García-Castellón. De la Oliva impugnó también el procedimiento por el que el acuerdo de la comisión permanente del CGPJ ha llegado al pleno, "a petición del vocal Gómez de Liaño, que por ser hermano del defensor de Conde, debió abstenerse". Gómez de Liaño defendió su neutralidad en este caso, en un ambiente tenso.

Preguntado por este periódico, se explicó así: "Siempre he mantenido que García-Castellón debe acabar todos los asuntos asumidos durante los seis meses de comisión de servicio, incluido, claro está, el caso Conde". Añadió que su criterio es tan firme en esta materia que, "si pasados los seis meses de prórroga, Manuel García-Castellón no hubiera terminado todavía la instrucción, yo sería el primero", aseguró, "que pediría que se le prorrogara la comisión de servicio a esos efectos".

En cuanto a su condición de hermano del letrado que asesora a Conde, Gómez de Liaño declaró: "La coincidencia de apellidos no significa coincidencia de pareceres. Los raíles argumentales con los que Mariano Gómez de Liaño asesora a Mario Conde no coinciden con las tesis jurídicas de su hermano, el magistrado y vocal del CGPJ. Ahora bien, porque discrepemos no vamos a dejar de querernos".

Los consejeros asistentes ayer al pleno fueron 17. Los nueve votantes de la mayoría fueron éstos: Pascual Sala, presidente, y los vocales Juan Antonio Xiol, Javier Gómez de Liaño, Ignacio Sierra, Soledad Mestre, Gregorio García Ancos, Rafael Sarazá, Ana Pérez Tórtola y José Dávila.

Los ocho votantes en favor de ratificar el acuerdo de la comisión permanente fueron: José Luis Manzanares, vicepresidente, y los vocales José Antonio Zarzalejos, Andrés de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante, Wenceslao Díez Argal, Antonio Marín Rico, Antonio Robles Acera, y Pasqual Estevill.