Filesa y compañía
EL JUEZ Marino Barbero lleva tres años enredado en una instrucción, la del caso Filesa, de la que no parece capaz de salir. Por si fuera poco, el fiscal encargado del caso le ha ayudado a introduciese en un laberinto indescifrable. La pasada semana, nuevos altos directivos de bancos y empresas fueron citados a declarar como inculpados bajo la acusación de que donaron dinero al PSOE a cambio de unos inexistentes informes.Las donaciones a los partidos no constituyen delito, pero deben hacerse con arreglo a una serie de re quisitos establecidos por la ley. Filesa se ha convertido en un caso en la medida en que esas pautas legales pudieron no ser respetadas; pero es un sarcasmo que se haga responsables de ello, en pie de- igualdad con los dirigentes socialistas que presuntamente propicia ron la irregularidad, a los responsables de las empresas acusados de realizar la donación. Y si se considera que el requerimiento de ayuda financiera a fondo per dido por parte del poder político se aproxima más a un chantaje que a una petición amistosa, los banqueros y empresarios habrían sido las víctimas, no los beneficiarios, de esa presión.
La inculpación de los donantes sólo tiene sentido si se considera que, por propia iniciativa, intentaron sobornar al poder político para obtener algo a cambio. Nada en el asunto de Filesa indica tal cosa, pese a los intentos de algunos personajes por sembrar dudas al respecto. Y resultaría muy chocante que mediante la carambola de Filesa puedan llegar a ser acusados de apropiación indebida banqueros caracterizados por una gestión ortodoxa y honesta, al tiempo que financieros que arruinaron sus empresas mientras se enriquecían personalmente circulan por el escenario nacional sin que ningún fiscal se interese -que se sepa- por sus casos.
Los directivos de las empresas que supuestamente dieron dinero deben declarar lo que sepan sobre el asunto a fin de dilucidar su alcance. Ya lo hicieron, como era lógico, en calidad de testigos. Declararon que los supuestos informes no se encontraban en su poder, eufemismo equivalente a admitir su inexistencia. Poco les habría costado presentar algún papel preparado ad hoc para evitarse preocupaciones. No lo hicieron. Resulta irónico que por ello ahora sean convocados como inculpados.
Una de las asignaturas pendientes de la transición democrática en España es, casi dos décadas después, la financiación de los partidos. Desde sus primeras andanzas recurrieron a métodos irregulares. Desmesuradas burocracias internas y gastos electorales fuera de control han convertido a los partidos en sacos sin fondo que han apelado a todo tipo de irregularidades: comisiones por obras, donaciones bajo fórmulas que rozan la extorsión, autoconcesiones, créditos fallidos que no se ejecutan, etcétera.
La comisión del Congreso para estudiar la financiación de los partidos tiene ante sí una tarea capital a fin de que la corrupción no se instale definitivamente en nuestra vida política. Seguramente es más importante para el futuro resolver la asignatura pendiente de un marco legal y transparente de financiación que enfangarse indefinidamente en averiguar quién se en lodó más en el pasado. El reconocimiento por Roca y Arzalluz de que todos los partidos se financiaron irregularmente extiende esa consideración al conjunto de fuerzas parlamentarias. Todas están representadas en la comisión del Congreso. Es el marco adecuado para crear un sistema que garantice la transparencia y el control público. Es una responsabilidad que recae es pecialmente sobre PSOE y PP, porque son previsible mente los que gobernarán el país por muchos años. Nada tiene que ver esto con la impunidad de los presuntos delitos cometidos en los años anteriores, puesto que algunos de los casos más notorios de corrupción ya están en los tribunales. Los jueces se encargarán de dilucidar quiénes y cómo establecieron las vías para obtener dineros al margen de la ley. Claro que si la instrucción sumarial sigue el último derrotero amenaza con sentar en idéntico banquillo a chantajistas y chantajeados. Tendremos así otro macroproceso en ciernes, que confundirá a los ciudadanos y reducirá aún más su confianza en la justicia.
