El gobierno local de Getafe convierte en responsable al funcionario suicida

Getafe - 04 jun 1994 - 00:00CEST

El concejal de Urbanismo de Getafe, el socialista Jesús Neira, desvió ayer la responsabilidad de las adjudicaciones sospechosas en ese municipio hacia el funcionario Miguel Ángel Muñoz, que se suicidó el pasado 3 de abril tras recibir la citación del juzgado. El edil socialista negó primero la existencia misma de las irregularidades, y a continuación señaló que el responsable de las adjudicaciones es el funcionario jefe de sección del área del Mantenimiento. Eso descargaría en cierto modo a su superior, el concejal del PSOE José Antonio Serrano, que dimitió hace un mes tras destaparse el escándalo.El caso comenzó a conocerse en marzo, cuando se s

que el empresario Enrique Álvarez Arana había enviado a su hermano José María -residente en L'Hospitalet (Barcelona)- una carta y diversos documentos para explicarle que tenía dificultades económicas por culpa de las comisiones ilegales que debía pagar en Getafé, para que le adjudicaran obras. El hermano figuraba como avalista de Enrique, y por eso le ofrecía esas explicaciones. Pero José María acudió a los tribunales para aclarar así su propia responsabilidad en las empresas del hermano.

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La propuesta de comisión investigadora fue desechada por la mayoría socialista

VIENE DE LA PÁGINA 1La juez que investiga el caso encarceló hace dos semanas al concejal de Mantenimiento, José Antonio Serrano, que luego quedó en libertad tras depositar una fianza de 30 millones. Le acusa de cohecho (soborno de cargo público). Por su parte, el empresario Álvarez Arana se encuentra en prisión incondicional, enredado en la misma trama que denunció.

Ayer, el Ayuntamiento de Getafe (localidad de 142.000 habitantes) dedicó un pleno extraordinarlo a debatir exclusivamente sobre este escándalo. En el punto tal vez más interesante de la discusión, el concejal de Urbanismo, Jesús Neira, negó cualquier irregularidad en las adjudicaciones concedidas a las dos empresas de Alvarez Arana -Praper, SA, y Aucarán, SL- Y luego señaló como responsable de las adjudicaciones al jefe de sección Miguel Ángel Muñoz, implicado en el caso y que se suicidó el pasado 3 de abril. "El jefe de sección es el responsable de tomar las decisiones de los trabajos y de las empresas que hay que invitar para pedir las ofertas en las contrataciones directas. Desde ese punto de vista, la responsabilidad emanada del cargo es clara y nítida", explicó el edil. "Por lo tanto, las decisiones corresponden al jefe de sección", concluyó Neira.

El equipo de gobierno socialista utilizó su mayoría absoluta para aprobar su propuesta: utilizar la Junta de Portavoces y la Comisión de Urbanismo para evaluar todas las situaciones. Los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular votaron en contra, y vieron desestimada su opción: reabrir la comisión de investigación iniciada a finales de marzo, en la que se examinaron todos los expedientes relacionados con Praper y Aucarán. No obstante, el alcalde, Pedro Castro (PSOE), declaró al dar fin al pleno: "Si de los hechos se dedujese alguna situación atípica, se crearía la comisión de investigación".

"La comisión está abierta"

El grupo municipal socialista tardó muy poco en contradecirse. Tras finalizar la sesión plenaria, el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Alonso, aseguró en conferencia de prensa que "la comisión de investigación política está abierta y se volverá a reunir siempre que haya algo novedoso que lo motive". "Me parecería de muy mal gusto que alguien dijera que se ha propuesto una comisión de investigación política y que se niega", explicó Alonso. "La comisión", continuó, "está abierta, pero tiene que evaluar, día a día, según las novedades, la importancia de su reunión o si es suficiente mantener a través de la junta de portavoces la información exhaustiva a cualquier grupo político".

Durante el pleno, el equipo de gobierno insistió en las mismas reacciones que ha mostrado desde que aparecieron las primeras noticias.

Antonio Alonso, portavoz del PSOE, calificó toda la trama de "tremendo montaje" y llamó "sinvergüenza" al empresario Enrique Álvarez Arana. Después reconoció que el Ayuntamiento de Getafe tenía constancia de la existencia de certificaciones de pago falsificadas (supuestamente por el empresario) y entregadas a varias entidades bancarias. "A mediados de 1993", relató, "se personó en Intervención alguien que dijo ser de Cajamadrid, con una fotocopia de una certificación de pago y otra de una cesión de crédito de Praper". "La primera de ellas coincidía con nuestra relación, pero la segunda no constaba", argumentó Alonso, quien puntualizó: "A la fecha actual no consta su pase en el registro". No obstante, al portavoz socialista sí le constaba la existencia de dos tipos de certificaciones falsas: aquellas que corresponden a obras no realizadas y otras duplicadas de trabajos sí terminados por Praper y Aucarán. De todos modos, Alonso se reafirmó en que en la presunta estafa están afectados "Praper y Aucarán y los bancos, y no con el Ayuntamiento". "Cajamadrid conocía la falsedad de las certificaciones y no volvió a tener contacto con este Ayuntamiento", aseguró.

Tanto Izquierda Unida como el Partido Popular exigieron la reapertura de la comisión de investigación, y solicitaron que se aclare el caso. Tarribién denunciaron "la falta de información y de respeto a los grupos políticos por parte del gobierno municipal", según expresó el portavoz de Izquierda Unida, Alfonso Carmona. El propio Carmona recriminó a Alonso haber puesto "la mano en el fuego por el edil José Antonio Serrano". El portavoz socialista dijo que había explicado de Serrano que es "una persona vehemente, querida y servicial"; "pero no digo", añadió, que sea inocente".

El gobierno municipal e Izquierda Unida anunciaron ayer por separado que van a recurrir a la acción popular para personarse en la querella. La titular del Juzgado número 5 de Getafe no admitió la presentación del Consistorio como posible perjudicado, al considerar que la institución no se ha visto dañada por este caso.

Esa película ya vista

La expectación suscitada en Getafe por el caso Arana llenó ayer el pequeño salón de plenos del Ayuntamiento. Sus paredes acogían a un público ávido de nuevas revelaciones. Se esperaba que el debate se convirtiera en una sesión de descuartizamiento político, que reprodujera, en versión local y en directo, grandes festines como el de las comisiones parlamentarias de los casos Rubio o Roldán.La carnaza, sin embargo, quedó para otra ocasión. Durante 120 minutos, los portavoces de los tres grupos municipales -Antonio Alonso, PSOE; Alfonso Carmona, IU, y Juan Tomás Esteo, PP- se empeñaron en repetirse. Con lo que la película no pasó de ser una reedición de las declaraciones que ellos mismos habían lanzado durante dos meses.

Una pérdida literaria para un oscuro guión que hasta dispone de muerto con nombre de arma blanca: el ahorcado jefe de departamento de la delegación de Mantenimiento, Miguel Ángel Muñoz Puñal. Empantanadas las posiblidades del debate, el público vibró ante alguna sacudida dialéctica y sonrió ante lo que se convirtió en la frase estrella.

Su intérprete fue el socialista Antonio Alonso, quien se dirigió al edil de IU Gregorio Gordo para soltarle: "No me diga que usted no conoce el significado de la palabra craso, señor Gordo".

En momentos de grandeza como esos, los murmullos acompañaban las intervenciones de unos y otros. Tanto que su volumen llevaba a reclamar silencio.Lo demás fue rutina. Como la del alcalde, Pedro Castro, al contar rápidamente los votos a mano alzada y dar fin de forma precipitada al debate. En el aire quedó lo que todos ya sabían: que todo gira en tomo a una demanda interpuesta por José María Álvarez Arana y que reveló que su hermano Enrique, el empresario local, pagó presuntamente comisiones ilegales al ex edil de Mantenimiento José Antonio Serrano y a varios funcionarios a cambio de obras. Un guión desaprovechado.

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