Sentencias para "yuppies"

Más de 82.000 demandas anuales para 35 juzgados. Son los tribunales de lo social, las antiguas magistraturas de Trabajo, que se enfrentan, con pocos medios, a un aluvión de despidos e impagos de las empresas. La crisis llega hasta estas salas repletas y próximas a Azca. Sin embargo, sus clientes ya no son sólo obreros.El retraimiento de los trabajadores privados a la hora de pleitear contrasta con las crecientes demandas de los ejecutivos, que exigen las indemnizaciones previstas en sus contratos blindados. Los cuellos blancos entran en un territorio hasta ahora prácticamente exclusivo de los azules.

"Cuesta entender que, bajo el rótulo de juzgado de lo social, se condene a una empresa a pagar 300 millones de indemnización a un directivo con contrato blindado", explica el presidente del Juzgado 29, José Luis Gilolmo.

Es una de las novedades de esta crisis: los directivos también cesan y, además, llevan su caso al estrado de la justicia social. "Sigue viniendo más el trabajador de mono que el de cuello blanco, pero cada vez acuden más altos directivos que tienen fijadas altas indemnizaciones en sus contratos si se prescinde de sus servicios", asegura Gilolmo, también delegado del decanato de los jueces madrileños.

Ricardo Bodas, titular del Juzgado 31, le da la razón: "Hay un incremento significativo de los casos de ejecutivos que pleitean".

Él ha sentenciado a una empresa en regulación de empleo a pagar 56 millones de indemnización -netos- a uno de sus ejecutivos blindados. "Con la ley en la mano, es lo que tenía que hacer. Como ciudadano, me parece un escándalo", dice. Esos pagos pueden ahondar la crisis de una empresa, y aun restar fondos para que se indemnice al resto de los empleados, razona el juez.

De todas formas, estos pleitos son los menos. "No llegan al 5% de los asuntos", explica Gilolmo. Ante los 35 tribunales de lo social de Madrid (en Móstoles hay otros dos) se presentaron el año pasado 82.207 demandas. Quedaron abiertos 37.500 procedimientos. "Los asuntos aumentan a un ritmo de 10% anual", calcula el delegado del decanato.

Menos conflictividad

La crisis se refleja con tornasol en el espejo de los juzgados sociales madrileños. "El enfrentamiento entre empresa y trabajadores es más débil que en otras épocas. La conflictividad es menor por la crisis", dice Gilolmo. Detecta "un enorme retraimiento de los trabajadores de las empresas privadas a la hora de reclamar".

Esta timidez, o este temor, de los asalariados sin blindaje del sector privado contrasta con la fuerte presencia de pleitos contra la Administración y la Seguridad Social, casi la mitad de los procedimientos. Hay menos miedo a guerrear contra lo público, interpretan los jueces.

Las clasificaciones laborales son el tema más recurrido por los funcionarios. A menudo denuncian que hacen una tarea que corresponde a un rango superior al suyo. Sin embargo, las demandas de los trabajadores privados se centran en despidos e impagos: la Administración del Estado no quiebra.

En cuanto a los pleitos contra la Seguridad Social, menudean aquellos en demanda de prestaciones denegadas por la entidad, como, por ejemplo, pensiones.

Las causas entabladas por trabajadores inmigrantes son otra novedad, según explica el abogado Ricardo García Medina. "Es una vergüenza lo que pasa, sobre todo con los magrebíes", opina. "Obtienen fallos a su favor, pero desconfían y a veces ni siquieran vienen a juicio", asegura el letrado.

En las salas de los juzgados de lo social se dirimen pleitos de variado calibre, que alcanzan al despido del portero de una Finca urbana. Fue "extinción de contrato", explican los vecinos, que deben comparecer como empresa en el juicio. El conserje, en la otra esquina del patio interior, dice que para nada, que lo suyo fue despido improcedente. El juez tiene la palabra.

Empresas desaparecidas

"Un 80% de los casos de despidos o bien se producen en compañías que desaparecen, o bien son consecuencia de los contratos temporales extinguidos", asegura Gilolmo. "Cada vez hay más despidos que no son sino cerrojazos de las empresas", añade el juez delegado del decanato.

Amén de cerrar por las buenas, muchas firmas desaparecen del mapa. No hay más que echar un vistazo a los edictos puestos en los tablones de la sede principal de los juzgados, en la calle de Hernani, 59. Recuerdan a las órdenes de búsqueda y captura.

Cuando la empresa desaparece sin dejar señas ni pagar a sus empleados los atrasos, el Fondo de Garantía Salarial se hace cargo de las indemnizaciones hasta un límite.

Cuestiones ideológicas al margen, los jueces temen el efecto que tendrá para ellos la reforma laboral, ahora en trámite parlamentario. Sospechan que les traerá aún más tarea, sobre todo por culpa de la movilidad geográfica o funcional y de la agilización de los despidos colectivos en empresas pequeñas.

"Ahora ya estamos sobrepasados. El volumen de trabajo que, tenemos es una salvajada: 1. 100 asuntos por juzgado", se lamenta el delegado del decanato. Para él, como para otros, "la única solución es abrir más juzgados". Pero eso es algo que, en tiempos de recorte presupuestario, parece apearse de los proyectos más inmediatos.

Ni siquiera -dicen- tiene fecha la instalación de más salas de lo social en la periferia, aunque estaban previstas en las localidades de Getafe (142. 000 habitantes) y Alcalá de Henares (164.000).

La ampliación tendrá que esperar, aunque las demandas se amontonen, los jueces intenten acelerar y el público desespere en los pasillos.