La justicia no localiza a tres de sus altos funcionarios para que testifiquen

La maquinaria de la justicia no ha sido capaz de encontrar los domicilios de tres de sus altos funcionarios, que debían presentarse ayer a declarar como testigos en el juicio contra el teniente coronel José Alfonso Pérez Olagüe, quien el 19 de octubre de 1989 irrumpió armado en la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial y retuvo a sus integrantes bajo la, amenaza de una pistola. Otros dos altos funcionarios tampoco se presentaron a declarar y el juicio en la Audiencia Nacional tuvo finalmente que ser suspendido por la incomparecencia de un perito. Este experto había anunciado hace un mes al tribunal que estaría ausente porque tenía que desplazarse a Londres por motivos profesionales. El juicio seguirá el 7 de marzo.Juan Ignacio Pérez Alférez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no fue encontrado en su domicilio conyugal al encontrarse separado. Pablo García Manzano, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, y Pablo Beltrán de Heredia, ex vocal del Poder Judicial, tampoco pudieron ser localizados en sus repectivos domicilios de Madrid y Salamanca, por haber cambiado de dirección en los últimos tiempos. Tampoco comparecieron Roberto García Calvo, ex vocal del Poder Judicial y fiscal del Tribunal Supremo, y Bemardino de Ros Oliver, ex fiscal jefe de Valencia.

El teniente coronel Pérez Olagüe (comandante cuando ocurrieron los hechos) declaró uniformado y afirmó que acudió al Consejo para que "le hicieran caso" tras considerarse indefenso en un pleito civil que había perdido. Afirmó que acudió a esa institución porque "esperaba justicia del recto proceder" de los consejeros.

Pistolas y granadas

El 19 de octubre de 1989, el militar viajó desde Valencia a Madrid con dos pistolas y, cinco granadas de instrucción y entró sin dificultades a la sede del Consejo al enseñar su documentación militar a los guardias civiles de la puerta. Una vez dentro, preguntó por el lugar de la reunión de la comisión permanente, entró allí pistola en mano y, tras explicar su caso a los consejeros y facultativos, del Poder Judicial presentes, pidió permiso para dejar la pistola y fue detenido.

La vocal del Poder Judicial María Teresa Fernández de la Vega y el fiscal Juan José Martínez Zato contradijeron la versión del teniente coronel de que no les apuntó con el arma. "Apuntó a todos los que estábamos allí sentados y nos dirigió algún tipo de amenaza. Sentí miedo hasta que me autorizó a salir para buscar su expediente", declaró.

Pérez Olagüe aseguró que no quería provocar "un derramamiento de sangre" y sobre el hecho de que no entregara las granadas de mano -que sólo entregó al Regar a los juzgados-, dijo que no las consideraba "armas" y las llevó "para hacer ruido". A la salida de la vista, el militar declaró: "La saqué [el arma] sin razón, porque no debía sacarla, y la envainé sin honor. Me di cuenta de que era una barbaridad.