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UGT cifra en 400 millones de pesetas sus cobros a IGS-PSV por "servicios realizados"

El secretario de administración de UGT, Sebastián Reyna, estimó ayer que la cuenta de enlace que existió hasta 1991 entre el sindicato e IGS, gestora de la cooperativa PSV, movió alrededor de 400 millones de pesetas. Según Reyna, dicha cantidad fue facturada por UGT a IGS en concepto de "compensación parcial de los costes de los servicios realizados por el sindicato para la puesta en marcha y consolidación del proyecto". En una nota hecha pública ayer, el sindicato califica de "fuera de lugar y tergiversadas" las informaciones publicadas por EL PAÍS el pasado fin de semana.

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Gestores, interventores y auditores

La nota recoge, sin embargo, los extremos más destacados de dichas informaciones. Así, por ejemplo, UGT reconoce que las inversiones llevadas a cabo por la gestora IGS "en diversas inversiones inmobiliarias que han resultado fallidas" se realizaron "con créditos de entidades financieras o con cargo a los ingresos de gestión de IGS".IGS ha cobrado a los cooperativistas de PSV, de forma adelantada y en concepto de gestión, alrededor de 11.000 millones de pesetas. En la información publicada el pasado domingo en EL PAÍS se cuantificaban las inversiones realizadas por IGS en proyectos no estrictamente relacionados con PSV -por cuya gestión cobra- en unos 15.000 millones de pesetas.

Sobre el presunto desvío de cantidades a actividades no estrictamente relacionadas con las viviendas (compra de empresas, inversiones inmobiliarias de alto riesgo) Reyna sostuvo que "si éstas u otras inversiones han sido realizadas a través del desvío de cantidades aportadas por los cooperativistas, sólo corresponde indicarlo a la empresa auditora o a la autoridad judicial en su caso".

En la misma conferencia de prensa, el secretario de organización del sindicato, Antón Saracíbar, destacó que UGT ha puesto "veinte veces más dinero que el que ha recibido en compensación por IGS" en alusión a los créditos concedidos en octubre por el ICO, por importe de 9.200 millones, de los que se ha hecho cargo UGT para capitalizar IGS.

Ambos dirigentes cifraron en 45.900 millones las aportaciones de los cooperativistas y en 61.000 millones el valor de las existencias de PSV. Las dos cifras están pendientes de auditoría.

Llamada a la intervención

Saracíbar criticó que el Ejecutivo haya decidido no intervenir la cooperativa. "No pedimos dinero público y por tanto, eso no puede ser excusa para no intervenir" manifestó. El sindicalista explicó que ayer mismo había hablado con el director del gabinete de Presidencia, Antoni Zabalza "quien lleva el tema junto con el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor". Zabalza, explicó, le reiteró la intención del Gobierno de mantener su postura de no intervención.

El secretario de organización de UGT, que no se pronunció directamente sobre las implicaciones y repercusiones políticas del caso PSV, sí advirtió que si el Gobierno intenta de alguna forma "mediar en el próximo congreso de UGT" que se celebrará en las fechas previstas (8,9 y 10 de abril), el sindicato "defenderá la autonomía sindical y la dignidad con todas las armas a su alcance".

El caso PSV y la turbia contabilidad aporta cada día nuevas quejas y protestas. La presidenta de la asociación de afectados de IVM -cooperativa madrileña gestionada también por IGS-, Sara Gutiérrez, dió a conocer ayer una carta remitida a Nicolás Redondo en el mes de septiembre en la que comunica su baja de UGT y explica que los gestores de IVM (IGS), ante las protestas de los socios, han hecho desaparecer una partida de cobro de más de 14 millones de pesetas en concepto de publicidad y propaganda que "era para el sindicato una cuota" afirma "que se grava en todos los pisos que gestiona IGS".

Por otra parte, varios diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid, se unieron ayer por espacio de varias horas a los cooperativistas de PSV que se encuentran encerrados en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid. La totalidad de los cooperativistas encerrados son, según Europa Press, personas que en su día se dieron de baja de la PSV y que en ningún caso han recuperado el dinero entregado, tal y como marcan los estatutos de la cooperativa. Incluso se da la circunstancia que, a pesar de no pertenecer ya a la cooperativa, los bancos siguen ejecutando las letras firmadas por ellos.

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