Los recursos de los vecinos retrasan un año un ramal de la M-40 en Pozuelo
La construcción del eje Pinar-Las Rozas, un ramal de la M-40 que comunica la carretera de Castilla con la N-VI, acumula ya un año de retraso, puesto que tenía que haberse inaugurado en enero de 1993. La demora se debe a las reclamaciones ante los tribunales efectuadas por los vecinos de la urbanización Monteclaro, en Pozuelo de Alarcón. Pretenden que la autovía atraviese la zona bajo tierra vez deprimida unos metros respecto a la superficie, tal como proyectó la Comunidad de Madrid.Ayer se celebró en el Juzgado número 3 de Majadahonda la vista por el tercer recurso presentado por los propietarios, que cuestiona las dimensiones de un puente de la autovía. El juzgado ha dejado en suspenso la causa a petición de la Comunidad, que ha solicitado la acumulación de este recurso con otro que lleva el Juzgado número 1.
En la actualidad, las reclamaciones judiciales mantienen paralizados dos frentes de obra. Uno afecta a unas tuberías de agua que atraviesan la carretera. "La Comunidad necesita cortar el agua de la urbanización durante cuatro horas para continuar con la obra, pero los vecinos no lo consienten", explica Agustín Herrero, director regional de Carreteras. El otro es un puente sobre la autovía por el que discurre la avenida de Monteclaro y que los vecinos quieren que mida siete metros más.
La semana pasada, el juzgado paralizó también las obras que efectuaba el Canal de Isabel 11 para trasladar la tubería de agua que discurre bajo la carretera a un arcén y que se habían topado con el inicio del puente. "En ese área está prohibido trabajar sea quien sea el responsable, ya que entendemos que es parte del puente", indica Carlos Álvarez, portavoz vecinal.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que reclamará daños a los propietarios por una paralización anterior de las obras, que finalmente se resolvió a su favor. Por su parte, los vecinos aseguran que presentarán un nuevo recurso contra esta sentencia de la Audiencia Provincial que dictaminaba la propiedad pública de los terrenos en litigio.
