Un tribunal civil juzgará a los militares peruanos acusados de matar a 10 estudiantes
Los cuatro militares peruanos detenidos por la desaparición, en julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación de Lima serán juzgados por tribunales ordinarios, según ha anunciado el fiscal especial del caso, Víctor Cubas.
El reciente hallazgo de unas fosas clandestinas en las afueras de la capital peruana dio un nuevo sesgo al caso: las sospechas de que los restos óseos localizados en los descampado de Huachipa y Cieneguilla pertenecieran a los desaparecidos quedaron confirmadas el pasado lunes, cuando uno de los esqueletos fue identificado, por las ropas que llevaba puestas, como el de uno de los estudiantes.
Cubas anunció que pedirá la comparecencia de los militares que han sido acusados como presuntos autores de la matanza ante la fiscalía. La transferencia del caso, actualmente bajo jurisdicción militar, a los tribunales civiles, puede general una auténtica convulsión en la jerarquía militar peruana, algunos de cuyos miembros han sido acusados de vinculación con el crimen.
El caso fue revelado el 2 de abril pasado por el congresista de izquierda Heriry Pease ante el pleno del Congreso peruano tras recibir en su despacho una denuncia anónima.
La denuncia involucraba a, al menos, una decena de miembros del Ejército, entre oficiales y subalternos, a los que se acusaba de haber detenido a las 10 personas en la universidad, situada en la zona de La Cantuta, a 40 kilómetros al este de Lima, y de haberlas matado posteriormente.
La justicia militar ordenó la detención de cuatro oficiales del Ejército el mes pasado, entre los que se encuentra el mayor Martín Rivas que, según las denuncias, dirigió la operación.
