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Gobierno y CiU pactan en secreto todas las leyes

Los socialistas y los nacionalistas catalanes intentan atraer al consenso al PNV

Anabel Díez

Convergència i Unió (CiU) gobierna en la práctica con el PSOE desde que empezó la legislatura, dado que no hay una sola ley o proyecto gubernamental relevante que se apruebe sin la participación o el visto bueno de la coalición nacionalista que dirige Jordi Pujol. Así lo reconocen miembros de ambas formaciones, que incluso informan de que en estos momentos representantes de CiU trabajan conjuntamente con técnicos de diversos ministerios para elaborar varios proyectos de ley, alguno de ellos tan importante como el que regulará los arrendamientos urbanos. Miquel Roca, portavoz de Convergència i Unió en el Congreso, y el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconocieron ayer que no es necesario poner etiquetas a la relación política que mantienen. Roca señaló que en estos momentos "no se contempla la hipótesis de un Gobierno de coalición". Lo importante, dijo, es la eficacia de esta relación.

Delegaciones de CiU y del PSOE se reunieron ayer durante casi cuatro horas en el marco de las conversaciones de los socialistas para desarrollar el conjunto de medidas colocadas bajo el epígrafe de impulso democrático.No obstante, asistentes a la reunión señalan que, además de este bloque de medidas, que ya han sido tratadas con el PP y con Izquierda Unida, trataron otros asuntos, y en concreto la marcha de las conversaciones con los interlocutores sociales para conseguir el pacto social.

Fuentes gubernamentales agradecen a CiU su colaboración en esta materia, que también se puso de manifiesto en la reciente reunión que mantuvo esta formación catalana, al igual que todas las demás del arco parlamentario, con los representantes sindicales.

No obstante, y tras la reunión celebrada ayer, tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Miquel Roca, como el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejaron claro que su colaboración no significa un trueque para sacar ventajas por parte de los nacionalistas, sino que las medidas pactadas son en beneficio de toda la sociedad.

Los socialistas incluso invitan a que se estudie el contenido de las enmiendas de CiU a los Presupuestos Generales del Estado para apreciar que están pensadas para el conjunto de la sociedad y no para la comunidad de Cataluña.

En este sentido, llaman la atención sobre el voto negativo de CiU a una enmienda socialistaa presentada el día anterior en la Comísión de Presupuestos, como "aviso" de los convergentes en el sentido de que mostrarán su discrepancia y dejarán solos a los socialistas cuando estimen oportuno. La citada enmienda del partido socialista no tenía importancia en sí misma porque se trataba del cambio de denominación de un organismo público pero suponía la forma de protesta menos gravosa posible a una negativa del PSOE a aceptar una enmienda de CiU que sí tenía que ver con Cataluña.

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Cruce de presiones

Según manifestaron dirigentes socialistas, CiU había pretendido, en conversaciones privadas, que se incluyera una partida de 800 millones para los consejos comarcales de Cataluña, a lo que el PSOE se negó. CiU atribuyó esta negativa a la presunta presión de los socialistas catalanes, con el argumento de que dichos consejos comarcales catalanes están mayoritariamente en manos de la formación nacionalista mientras los que los socialistas de esa comunidad tienen una exigua representación.

Los nacionalistas no piensan atarse del todo las manos, pero muestran una voluntad decidida de colaborar con el PSOE con el argumento de que, dada la grave situación económica que sufre España, lo único razonable es ayudar a buscar salidas a la crisis.

Roca se alegró ayer de que el PP e IU hayan acudido a las conversaciones auspiciadas por el Gobierno para las medidas de impulso democrático. "Parece que las estrategias de la confrontación están cediendo en favor de las estrategias de la negociación, por lo que nos sentimos ratificados en la que emprendimos inicialmente", relató. Miquel Roca animó a todas las fuerzas políticas a que sigan en esta línea, siempre con el argumento de que España está para pocas alegrías.

En las comparecencias de Roca y Pérez Rubalcaba, por separado, ante la Prensa, se puso de manifiesto la plena identidad de criterios tanto en el orden de las medidas de impulso democrático como en las negociaciones para el pacto social. El diálogo continuará, según indicó el ministro "en todas las áreas gubernamentales" como viene ocurriendo desde que empezó la legislatura.

Así, las reformas laborales tendrán el sello de CiU, como otras tantas leyes que todavía no han salido de los respectivos ministerios, como es el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sobre la que ya trabajan técnicos de ambas formaciones políticas. Las conversaciones sobre este proyecto de ley no se han circunscrito a CiU, sino que se han extendido al PNV y al PP.

Precisamente ayer, dos diputados del PP -Teófila Martínez y Jesús Posada- mantuvieron un encuentro con el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Antoni Llardén, y la Secretaria de Estado de Vivienda y Medio Ambiente, Cristina Narbona, según fuentes parlamentarias, informa Jorge Rivera. En la reunión, se analizaron el proyecto del Gobierno, y las primeras propuestas del PP, y se concluyó con un compromiso por parte de ambas partes de proseguir los contactos.

Horas después de que se celebrara la reunión entre las delegaciones socialistas y de CiU, los primeros iniciaban una reunión con representantes del PNV encabezados por su portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti. Tanto Roca como Pérez Rubalcaba prefirieron no ahondar en el malestar que alberga el PNV desde hace días, no sólo contra el PSOE sino también con CiU.

Los peneuvistas consideran a Convergència "el brazo armado" del PSOE. Roca y Pérez Rubalcaba señalaron como única respuesta que la expresión resulta un tanto "desafortunada". Roca precisó más y dijo: "Dos no se pelean si uno no quiere, y yo no quiero".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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