Condenados sin oficios

Una opinión y un dato bastan para ilustrar la estrecha relación entre la deficiente formación profesional en España y la brutal tasa de paro que soporta el país.El dato, crudo, revela que de una cifra total de 3,4 millones de parados, más de 800.000 entre 30 y 54 años son analfabetos o tienen una escasa formación, según estimaciones obtenidas de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La opinión es la de Marcos Peña. El secretario general de Empleo esboza el futuro de estos trabajadores con una sola frase. "Los parados con más de 35 años y sin formación están destinados a la chapuza", reconoce amargamente.

El Instituto Nacional de Empleo (Inem) gastará este año dos billones de pesetas en proteger a esos 3,4 millones de parados. Pero de esa cantidad, sólo un 6,16% -127.769 millones de pesetas- se destinará a políticas de formación. Hace un par de semanas, Jacques Delors, el presidente de la Comisión Europea -el Gobierno de los Doce-, advertía que en la CE se estaba destinando el 85% del gasto en desempleo a protección, y sólo el 15% a formación. "Debería ser al revés", dijo.

El aviso de Delors refleja el creciente protagonismo de la formación en la lucha por la competitividad y contra el desempleo.

En un mercado cada vez más abierto y competitivo, la escasa cualificación de la mano de obra española sin duda ha aportado su grano de arena a que la tasa de paro española doble la media europea. En Alemania o Dinamarca, por ejemplo, más del 70% de los trabajadores tienen algún tipo de educación o formación profesional más allá de la obligatoria, según datos de la Comisión Europea. En España, ese porcentaje se queda en el 30%, según el mismo informe.

En los últimos años, España se ha volcado en la formación profesional reglada, la que se imparte a los jóvenes en institutos. Un esfuerzo reconocido por sindicatos y patronal al alimón. Pero un porcentaje muy elevado de los trabajadores del año 2000 está ya ocupado. La actual estructura demográfica hará que el 80% de los actuales trabajadores sigan siéndolo durante los próximos 20 años.

Así que el esfuerzo deberá trasladarse ahora a la formación profesional para los ocupados. Adaptarse a las nuevas tecnologías será la piedra de toque para sobrevivir. ¿Están dispuestas las empresas a aceptar el reto? ¿Lo han hecho en estos últimos años?

"La cultura empresarial reinante en España no ha considerado la formación profesional como un factor clave para la productividad y la competitividad", según José Manzanares, responsable de Formación en UGT. Una opinión discutida por la patronal CEOE, pero que los datos se empeñan en apuntalar.

Varios estudios independientes han desvelado recientemente que las empresas españolas invierten en la formación de sus empleados mucho menos dinero que la media europea. La comparación con Francia, uno de los países líderes en este campo y con una cultura empresarial -tanto pública como privada- envidiable, es sangrante.

La mitad de las empresas españolas -exactamente el 50%- invirtieron el año pasado menos del 1% de los costes salariales totales en formación, según un estudio conjunto de Price Waterhouse, la universidad británica Cranfield School, y Esade, sobre empresas de más de 200 trabajadores en plantilla. En abierto contraste, una ínfima minoría de empresas francesas -el 1%- dedicaron tan poco dinero a formar a sus empleados: gastaron mucho más.

La mayoría de las empresas galas -el 80%- dedicaron más del 2% de sus costes salariales totales a formación. Y un 35% inviertieron incluso más del 4%. Unas cifras que ponen de relieve la pobreza de la situación española y que llevan a los redactores del informe a constatar que en España "la formación no termina de ser entendida como una estratégica inversión de oportunidad, y sí todavía en exceso, como un gasto de siempre difícil justificación".

Algo en lo que no está de acuerdo Fernando Moreno, jefe de Relaciones Laborales de la CEOE. Los estudios que maneja la patronal insisten en que las empresas españolas se comprometen más con la formación de sus empleados de lo que sugiere el estudio de Price Waterhouse.

Moreno calcula que las compañías con más de 500 empleados -las que realizan un mayor esfuerzo- dedican a ello el 2,1 % de su masa salarial.

Sin embargo, los datos de Oriol Homs, experto en formación profesional y director de la fundación Cirem, en Barcelona, son compatibles con los de la encuesta de Price Waterhouse. Homs calcula que la inversión media de las empresas españolas ronda el 0,6% de sus gastos salariales totales, frente al 3,2% que se invierte en Francia.

¿Cómo ha podido entonces sobrevivir la empresa española frente al resto del mundo en las dos últimas décadas, marcadas por la renovación tecnológica? La respuesta es al mismo tiempo sencilla y terrible: a base de despedir a los trabajadores menos formados y contratando, cuando se vuelve a necesitar mano de obra, a personal mejor preparado.

En la crisis anterior -la década que va de 1975 a 1985-, se produce una importantísima destrucción de empleo. Las empresas aprovecharon los despidos para reestructurar sus plantillas y adecuarlas así a las nuevas necesidades de producción. La mano de obra menos formada es la primera en irse a la calle.

A partir de 1985, acabada la crisis, se encuentran con una mano de obra totalmente diferente a la que expulsaron años atrás. Los empresarios contratan preferentemente a jóvenes con formación profesional o enseñanza secundaria, y con otra cultura respecto al trabajo. Entre 1985.y 1990 se crean así casi dos millones de puestos de trabajo.

Un proceso que contribuye a explicar por qué los dientes de sierra del empleo español son más acusados que en el resto de Europa, según los expertos. Aquí, cuando se destruye empleo, se destruye más que en la CE, y cuando se crea, también se hace más rápidamente.

Las empresas han exteriorizado así la puesta al día y la formación de sus trabajadores todos estos años: a base de expulsar mano de obra poco cualificada y sustituirla por trabajadores más formados. La formación dentro de la empresa no ha jugado un gran papel.

"Eso demuestra que la mano de obra recién formada ha sido capaz de responder a esa demanda", aprecia Oriol Homs, para quien la formación profesional reglada en España no es tan catastrófica como determinados sectores empresariales pretenden. "El hecho de tener una FP poco específica ha hecho que se adapte bien a las épocas de rápido cambio", asegura.

La precariedad de la mayoría de esos dos millones de puestos de trabajo fue el precio que se pagó para crearlos. La Administración favoreció esta política de integración de los jóvenes multiplicando las modalidades de contratación. Los contratos de formación fueron la nave capitana del nuevo modelo de relación laboral. Hoy, expertos, sindicatos, y fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo coinciden en señalar que este tipo de contratos fue simplemente una manera de tener mano de obra barata.

"Los contratos de formación han supuesto para el empresario abaratar costes; pagar menos a la Seguridad Social, pero no formar a un trabajador", según Manzanares: una opinión controvertida.

Pero la tozudez de los datos se vuelve a imponer. El decretazo de mayo de 1992 supuso también la eliminación de las deducciones a la Seguridad Social de que gozaban las empresas por este tipo de contratos.

El efecto fue inmediato. En todo el año pasado se realizó un 47,61% menos de contratos de formación que en 1991.

Además de ello, la propia precariedad de este tipo de contratos hace imposible una verdadera formación. "El trabajo es educativo: la precariedad rompe la formación y la ligazón a la empresa", explica el secretario general de Empleo. En su opinión, "la falta de tejido y de cultura empresarial es un lastre enorme".

La economía española se encuentra de nuevo en una fase de destrucción de empleo: más de 800.000 en los dos últimos años. Y por primera vez, Administración, sindicatos y patronal se han comprometido en un gran acuerdo para la formación continua de los trabajadores ocupados que entrará en vigor el próximo 1 de enero. De su éxito depende, en gran parte, el futuro del mercado de trabajo en España.