Tensiones en el SME
SI EXISTíA alguna duda sobre la situación de precariedad en que quedó el Sistema Monetario Europeo (SME) tras el inicio, el pasado mes de septiembre, de la crisis más importante de sus tres lustros de historia, las tensiones registradas durante las últimas jornadas en los mercados de divisas se han encargado de despejarlas. El franco francés, la corona danesa y, en menor medida, la peseta han sido objeto de intensas presiones depreciadoras, sólo parcialmente neutralizadas por las intervenciones de los bancos centrales en los mercados. Una situación que ha vuelto a reabrir la posibilidad de nuevos reajustes en las paridades centrales del SME e incluso a renovar la virulencia de las actitudes más abandonistas del acuerdo cambiario, al que no dudan en atribuir el origen de todos los males de la economía española.En ningún momento anterior, desde su entrada en funcionamiento, en marzo de 1979, los países vinculados al SME habían experimentado tan intensamente como ahora las dificultades para satisfacer conjuntamente las exigencias de la preservación de los tipos de cambio y las actuaciones relajadoras de la política monetaria que reclama la recesión, una situación crítica que afecta a la práctica totalidad de las economías comunitarias. La reducción excesiva de los tipos de interés nacionales contribuye a la depreciación de la moneda correspondiente siempre que no constituya una actuación concertada de los países que integran el mecanismo de cambios. Dado el papel central que desempeña la moneda alemana, la resistencia del Bundesbank a reducir sus tipos de interés constituye el mayor obstáculo para que los restantes bancos centrales comunitarios hagan lo propio. La elevada tasa de inflación alemana -el 4,21/6 en términos interanuales- y un crecimiento monetario excesivo impiden que el banco alemán adopte la laxitud que el resto de Europa reclama.
Dicha inestabilidad afecta claramente a la peseta. En nuestro caso, a los perfiles recesivos comunes a los restantes países europeos, aunque con consecuencias sociales claramente más negativas se añade la incertidumbre todavía existente sobre las orientaciones básicas de política económica que adoptará el nuevo Gobierno. La credibilidad antiinflacionista de sus primeras actuaciones es tanto más necesaria cuanto más explícita es la coexistencia de esa recesión con una inflación que indica la necesidad de eliminar los obstáculos que existen en las condiciones de oferta: en los mercados y en el funcionamiento ineficiente de algunos sectores. Si no, se dominan las condiciones que generan la inflación, el mantenimiento de un nivel relativamente elevado de los tipos de interés sólo contribuirá, y muy parcialmente, a reducir las amenazas depreciadoras de la peseta. Si además se sigue constatando el temor de nuestras autoridades monetarias a dejar que el tipo de cambio de la peseta se deslice por su amplia banda de fluctuación, esos ataques serán más frecuentes e intensos.
Abandonar hoy unilateralmente la disciplina del SME no sólo no es una garantía de recuperación para una economía como la española, sino que dificultaría notablemente la necesaria aportación de ahorro exterior. Aquellos que piensan que una actitud tal propiciaría la emergencia de señales de recuperación en el crecimiento como las observadas en el Reino Unido tras el abandono de la libra del mecanismo de cambios parecen olvidar que aquella economía llevaba sumida en la recesión tres años y que sus tensiones inflacionistas tenían poco que ver con las que sufre la economía española. ¿Se han preguntado quienes reclaman la salida de la peseta qué ventajas depararía a nuestra economía.? ¿Cuánto sería posible reducir los tipos de interés sobre nuestros activos financieros?
La inconveniencia del abandono unilateral de esa disciplina no ha de impedir, sin embargo, desdeñar las importantes amenazas que hoy se ciernen sobre el SME. y, en general, sobre la dinámica de integración económica y monetaria europea. Asimilar esos riesgos no puede impedir la más elemental comprensión de que la estabilidad de los tipos de cambio de los países comunitarios es una condición indispensable para que el mercado único ofrezca todas sus ventajas en términos de bienestar. Que su satisfacción sea posible con el actual SME o exija la introducción de reformas en su funcionamiento es una cuestión abierta en la que debería centrarse no sólo la atención de las instancias comunitarias, sino igualmente de quienes renuncien a las fáciles espantadas aislacionistas, de tan nefasta experiencia en España.
