El Tribunal de Estrasburgo deniega toda indemnización del Gobierno a Ruiz-Mateos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hará mañana pública, en Estrasburgo, la sentencia sobre el caso Ruiz-Mateos contra España. El fallo niega expresamente que el Gobierno español deba reparar económicamente a José María Ruiz-Mateos, que pidió dos billones de pesetas de indemnización. Por mayoría, el tribunal declara que el Estado español ha vulnerado el artículo 6 del Convenio Europeo de, Derechos Humanos en lo que se refiere al derecho a que las causas sean vistas "dentro de un plazo razonable" y por no haber sido oído por el Tribunal Constitucional, al desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un órgano judicial sobre la ley expropiadora de Rumasa.

Fuentes del tribunal de Estrasburgo aseguraron a este periódico que la sentencia no obliga a modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sino sólo a cambiar el criterio hasta ahora mantenido por el alto tribunal, que no oye a los interesados antes de resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. Tales fuentes precisaron que el nuevo criterio de oír al interesado sólo será obligado cuando se trate de una cuestión de inconstitucionalidad sobre una ley de caso único, como la ley 7/1983, por la que se expropió Rumasa.En cuanto a la aplicación de este criterio a Ruiz-Mateos, otras fuentes jurídicas consideran que, a la vista de la sentencia, el ex propietario de Rumasa podría plantear un recurso de: amparo ante el Tribunal Constitucional para que anulara la sentencia en la que resolvió sin oirle, a fin de que le oyera y después resolviera. Sin embargo, los propios asesores de Ruiz-Mateos, en concreto el letrado Salvador Sánchez Pardo, señalaron en su día que tal solución no interesaba, por lo que la demanda ante el tribunal de Estrasburgo se centraba en la indemnización.

Sentencia categórica

Sobre este punto, la sentencia que se conocerá mañana es categórica: deniega no sólo la indemnización de dos billones de pesetas solicitada por los abogados de Ruiz-Mateos el 27 de enero último en la vista celebrada en Estrasburgo, sino cualquier reparación económica, por considerar que la vulneración de derechos declarada no guarda relación con los pretendidos daños producidos al demandante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega más lejos en su denegación de indemnización, ya que ni siquiera acepta que el Gobierno español pague a los abogados de Ruiz-Mateos, como también se solicitaba en la demanda.

La decisión del tribunal de Estrasburgo desestima la pretensión de los abogados de Ruiz-Mateos de vincular la vulneración de derechos reconocidos en el convenio europeo con la decisión del Gobierno español de expropiar Rumasa o con la corrección constitucional de la ley expropiadora. El tribunal presidido por el alemán R. Bernhart se ha centrado en la violación de derechos durante el proceso ante el Tribunal Constitucional, con ocasión de la cuestión planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que se planteó un interdicto para recuperar la posesión de las acciones de RuizMateos en Rumasa.

La sentencia razona que el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para resolver una cuestión de inconstitucionalidad ha violado el derecho de Ruiz-Mateos a que su causa sea vista "dentro de un plazo razonable", como establece el artículo 6 del convenio europeo. Asimismo, la falta de audiencia a Ruiz-Mateos ha vulnerado el derecho de defensa y la igualdad de armas, ya que antes de resolver la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley expropiadora de Rumasa, el Constitucional sí oyó al abogado del Estado.

El tribunal de Estrasburgo, razona que en las leyes de caso único el afectado debe ser oído por el Tribunal Constitucional, ya que el interesado no puede impugnarla directamente ni plantear recurso de amparo sobre la misma. La victoria de Ruiz-Mateos afectará a cualquier futura cuestión de inconstitucionalidad que se plantee contra una ley de caso único. El propio Ruiz-Mateos tendrá que ser oído por el Constitucional si, dentro de la maraña de procesos que mantiene contra el Estado español, algún órgano judicial vuelve a plantear ante el Tribunal Constitucional una nueva impugnación de la ley expropiadora de Rumasa.